Cuatro concejales "abertzales", procesados por injurias al Rey

A una pena que oscila entre los seis años y un día y doce años pueden ser condenados el alcalde y cuatro concejales del Ayuntamiento de Larrabezua (Vizcaya), integrantes de la coalición Herrigintza (Acción Popular), que lograron que se, aprobara en un pleno celebrado en vísperas del viaje de los Reyes al País Vasco un acuerdo aclarando a la Monarquía española «indigna de pisar suelo vasco». Se trata del sumario referido a un presunto delito de injurias al Jefe del Estado más avanzado en su tramitación y el primero que afecta a los miembros de un ayuntamiento.El acuerdo municipal fue aprobado el 29 de enero de 1981 con los cinco votos favorables del alcalde José Antonio Lekue y los cuatro concejales Francisco Sánchez, José Luis Barrenetxea, Juan Pedro Uriarte y Karmen Etxebarría, todos ellos de la coalición abertzale -muy próxima a Herri Batasuna-, y las abstenciones de los cuatro restantes corporativos militantes del PNV.

Las actas del pleno en que se aprobó el acuerdo pasaron, como es preceptivo, al gobernador, civil de Vizcaya, quien las remitió al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, «por si pudiera estar inmerso en un delito de injurias al Jefe del Estado», tipificado en el artículo 147 del Código Penal. En esta línea de criterio, el fiscal trasladó el caso a la sala de la sección primera de la Audiencia Nacional, que decidió el procesamiento «por existir indicios racionales de un delito de injurias al Rey ».

La misma sala que procesaa los cinco corporativos de Larrabezua los va a juzgar en la vista oral, que se cree puede celebrarse en diciembre de este año. El sumario 48/1981 está ya concluido, y se espera que en próximas fechas el fiscal hará la petición de penas para los concejales, que en la actualidad, y tras pagar tres de ellos -los dos restantes se declaran insolventes- una fianza de 60.000 pesetas cada uno (50.000 para las costas), se encuentran en libertad provisional.

Los abogados de los corporativos de Larrabezua, que serán uno por cada una de las cuatro provincias - vascas, pedirán la libre absolución de sus clientes, por creer que su acuerdo es más una «crítica política» de unos disidentes del actual sistema político español que un delito de «injurias al Rey».