El fraude fiscal alcanza en España el medio billón de pesetas, según los cálculos del partido socialista

El fraude fiscal en España, según estimaciones del PSOE, que el diputado Enrique Barón califica de "conservadoras", alcanza el medio billón de pesetas, cifra ligeramente inferior al déficit presupuestario previsto para 1982 (698.000 millones) por el Gobierno. Estas estimaciones fueron hechas públicas ayer, en el transcurso de una conferencia de Prensa convocada por los socialistas para dar cuenta de las enmiendas presentadas por dicho partido al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1982.

Los socialistas, según explicaron Joaquín Almunia, Ciriaco de Vicente y Enrique Barón, han presentado 303 enmiendas: una a la totalidad de los Presupuestos; 108, al texto articulado del proyecto de ley; una a las normas de aprobación de los presupuestos de los organismos autónomos administrativos y comerciales; nueve enmiendas a la totalidad de otras tantas secciones y 184 enmiendas a diversas secciones.

Enmiendas del partido socialista

La enmienda a la totalidad ha sido presentada -según dijo Barón- porque el PSOE es partidario de que el debate de los Presupuestos sea también el de la política económica del Gobierno y porque el texto enviado a las Cortes no explica cómo se va a instrumentar la política para crear los puestos de trabajo comprometidos en el ANE, o los objetivos de los pactos autonómicos y municipales o la reconversión industrial. El Gobierno tampoco explica, añadió, cómo procede al control del gasto público.Buena parte de las enmiendas socialistas se refieren al presupuesto de ingresos y a las normas tributarias. El PSOE piensa que los ingresos pueden incrementarse en 200.000 millones, y así consta en una de sus enmiendas, mediante una acción más eficaz sobre el fraude fiscal. "Creemos que en España faltan dos millones de ciudadanos por declarar renta, y de ellos, millón y medio con ingresos superiores a las 300.000 pesetas", manifestó Barón. "Pensamos que existe un cierto fraude del 15% al 20% en las rentas de trabajo; pero en las de capital el fraude es dos o tres veces superior a la cantidad que se ingresa. En concreto, estimamos que el fraude puede alcanzar de 125.000 a 150.000 millones en ITE; alrededor de los 200.000 millones en IRPF; otros 50.000 millones en el impuesto de sociedades y unos 60.000 millones en sucesiones y transmisiones. A ello habría que añadir el fuerte fraude en las aduanas, con lo que la bolsa total de fraude", en una estimación conservadora, "puede alcanzar los 500.000 billones".

No se trata, pues, de defender el déficit del Gobierno o de querer crear más déficit, dijeron. Para los socialistas, el déficit es un tema instrumental, un problema de finalidades y objetivos. Y la simple eliminación del fraude, casi sin aumentar la presión fiscal, serviría para cubrir el déficit. Para los socialistas, las modificaciones tributarias introducidas por el Gobierno en el proyecto de presupuestos confirman la tendencia de años anteriores de retroceso en la progresividad y de paso atrás en la filosofía de la reforma fiscal. De ahí que las enmiendas socialistas tiendan a una mayor progresividad. En renta, elevación al 45% del tipo máximo, y al 80% el tope de concurrencia renta-patrimonio; recargo del 25% en la cuota íntegra de patrimonio; fijar en un 20% para las desgravaciones por adquisición de deuda pública; aplicación de un coeficiente de 1,5 para actualizar la contribución territorial urbana; elevación del mínimo exento a 400.000 pesetas (en el caso de jubilados que no perciben más ingresos), y recargo de un 10% en el impuesto sobre la renta a partir de las 654.000 pesetas de cuota íntegra (tres millones de base imponible), entre otras.

Revisisón de los presupuestos de la Seguridad Social

Además, los socialistas han presentado enmiendas a la totalidad a los presupuestos de la Seguridad Social y a las siguientes secciones:Tribunal de Cuentas, Justicia, Hacienda, INEM, Industria, Agricultura, Renfe, IRYDA, FORPPA, lcona y Reconversión Industrial. Ciriaco de Vicente expuso ampliamente el desacuerdo con los presupuestos de la Seguridad Social y que, en síntesis, son los siguientes falta absoluta de claridad en la documentación remitida por el Gobierno ("es peor que la de años anteriores"); infravaloración deliberada de ingresos (unos 50.000 millones); errores aritméticos múltiples, que suponen, por ejemplo, incrementar en 12.000 millones de pesetas los gastos de farmacia ("probablemente para financiar el exceso de gastos de este año"), y continuidad en la política encubierta de progresiva reprivatización de la Seguridad Social.

En lo relativo a funcionarios, el PSOE hace hincapié en las incompatibilidades; fija en un 9% el tope de aumento de personal contratado, y propone homogeneizar las percepciones salariales. En haberes pasivos, proponen una pensión mínima de 20.500 pesetas cuando no se perciban más remuneraciones, y la clarificación de la situación de ex ministros y asimilados.

Con respecto al gasto público, proponen mantener el nivel de los programas de revisión de gasto al nivel de 1.981, creación de un patronato único de casas de funcionarios, remisión de un proyecto de ley sobre régimen jurídico de las agencias informativas con participación estatal, informe de fiscalización de cuentas de la agencia Efe, y adaptación de la ley general Presupuestaria a la Constitución.