El PSOE quiere el máximo nivel de competencias para el Estatuto canario

El PSOE no está dispuesto a reducir la capacidad autonómica del archipiélago y reafirma su objetivo de que el estatuto canario alcance el máximo techo que permite el artículo 151, según ha declarado a EL PAIS Juan Alberto Martín, que ha sido nombrado vicesecretario general del PSC-PSOE y responsable de su política autonómica en el tercer congreso regional de este partido, celebrado el pasado fin de semana.De este modo, el PSOE sale al paso de un posible intento de UCD de alargar hasta cinco años el plazo para asumir las competencias correspondientes. «Nosotros queremos ser prudentes en este tema, pero debe quedar claro que no aceptaremos aplazamientos a la hora de las transferencias». señaló el portavoz socialista.

El Estatuto de Autonomía de Canarias ha cumplido ya dos años desde que comenzó a ser debatido por las fuerzas políticas de las islas. En la actualidad se encuentra en proceso de discusión en ponencia en el Congreso de los Diputados.

Su tramitación fue aprobada por la vía del artículo 143, pero ante la fuerte polémica que ello despertó en el archipiélago, al ser considerada una autonomía de segunda, se anuncio, a instancias de Rodolfo Martín Villa, ministro de Administración Territorial, la creación de una ley orgánica para las transferencias de Canarias (LOTRACA), que sería aprobada simultáneamente al estatuto y mediante la cual Canarias obtendría el mismo nivel que los estatutos aprobados por la vía del artículo 151.

Una comisión de representantes de UCD y PSOE, en la que figuró como experto el catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Nieto, elaboró un borrador de dicha ley orgánica. Según el mismo, ambos partidos estarían de acuerdo en ampliar el marco de transferencias a aspectos específicos, como el agua, los transportes, etcétera.

Sin embargo, no es ningún secreto que en su día el texto del estatuto remitido al Congreso por la asamblea mixta de parlamentarios canarios y representantes de mancomunidades interinsulares fue estudiado atentamente en la Secretaría de Estado para las Relaciones con las Comunidades Autónomas, donde se detectaron algunas competencias que podrían rozar la inconstitucionalidad. Entre las mismas se citó entonces preferentemente el derecho del Gobierno canario a estar presente en las negociaciones internacionales que afecten a las islas.

Precisamente, a mediados del mes de noviembre el presidente de la Junta de Canarias, el centrista Fernando Bergasa, se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, para exponerle el deseo de las autoridades del archipiélago de ser escuchadas en el proceso negociador con la CEE. Bergasa llegó a afirmar que «Canarias no está dispuesta a hacer dejación de sus derechos».