Sindicatos y patronal no se ponen de acuerdo sobre la reforma de la Seguridad Social

A veinte días de que expire el plazo para entregar su informe sobre la propuesta gubernamental de reforma de la Seguridad Soclial, la comisión tripartita formada hace un mes no ha conseguido todavía acuerdos entre Administración, sindicatos y patronal. Las tres partes han completado por separado sus estrategias negociadoras durante los últimos días, de cara al pleno que celebrarán mañana, lunes. Aunque han sido escasas las filtraciones, parecen indicar que, como mucho, habrá sólo consensos parciales.

Para los sindicatos mayoritarios, las propuestas del Gobierno, publicadas el 10 de diciembre, así como el modo de llevar los debates en la comisión, son un ejemplo de ilusionismo político. En su opinión, el Gobierno quiere sacar adelante aspiraciones empresariales, dando la imagen de que sus iniciativas son respaldadas por todos, pero no abandona en las reuniones planteamientos economicistas, como lo prueba el que la voz cantante la lleva el Ministerio de Economía, el cual no deja de repetir que el sistema es deficitario.Los empresarios se muestran también pesimistas sobre las posibilidades de acuerdo global. Su estrategia se orienta a indicar que las propuestas del Gobierno son voluntariosas, pero no abordan a fondo los verdaderos problemas, como la desmonopolización y el eliminar el carácter de impuesto para el empleo y las exportaciones que tiene la financiación de la Seguridad Social en España.

Posibles consensos

Fuentes de la Administración, por su parte, resaltan que el Acuerdo Nacional de Empleo, en virtud del cual son sometidas a la comisión las propuestas gubernamentales, prevé la redacción de un informe, al cual pueden adjuntarse los desacuerdos o votos particulares. No descartan, sin embargo, que haya consenso en temas como la mejora del sistema, control de los gastos, lucha contra el fraude y aproximación a la Comunidad Económica, Europea en temas financieros.De otro lado, los expertos independientes (como se sabe, en la comisión figuran el profesor Fuentes Quintana y José Barea) se han mostrado escrupulosos a la hora de cumplir el plazo del 30 de enero para terminar sus trabajos. En este sentido, rechazaron la petición de UGT de disponer de más tiempo, porque el Gobierno agotó su plazo de seis meses para presentar las propuestas y no ha ofrecido material suficiente.

Según fuentes próximas a estos expertos, hasta ahora sólo han sido leídos e informados por la comisión dos de los siete capítulos de la propuesta gubernamental (los problemas de la S. S. y los objetivos de la reforma), donde los sindicatos han aportado objeciones de carácter general. Pero los temas de fondo y las medidas concretas están en los siguientes.

Sin embargo, los planteamientos de los empresarios y de los sindicatos han chocado en lo relativo a la calidad y al nivel de prestaciones de la futura S. S. A ello se añade que la patronal pide mayor concreción del aumento de aportaciones financieras del Estado, remitidas por el documento del Gobierno a cuando lo posibilite el aumento de recaudación por el impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos.

De otro lado, los sindicatos señalan que la Administración quiere cumplir con el expediente de la consulta, mientras, de rondón, recorta las prestaciones y aumenta la privatización de la Seguridad Social con disposiciones como el proyecto de Ley del Seguro Privado y el fomento de los fondos de pensiones mediante el proyecto de ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Comparten la opinión del socialista Ciriaco de Vicente, quien mantiene que el Gobierno sigue con la S. S. una metodología de degradación- sustitución.

Al margen de la comisión, el presidente de la patronal del seguro privado, UNESPA, Félix Mansilla, ha acusado de falta de seriedad a los sindicatos. A su juicio, la actitud de éstos es la de quien va al médico y se niega a tomar medicinas u operarse, conformándose con una aspirina.

Para Mansilla, la solución está en abrir el sistema a la competencia privada, que ha demostrado ofrecer mejores prestaciones y costes, a la vez que se equiparan las aportaciones empresariales a las de la OCDE, en cuyo área los empresarios aportan como media un 40%, mientras que en España cubren el 75%.