El fraude nuclear

Las centrales nucleares españolas en funcionamiento comercial iniciaron su decadencia funcional en 1978. Globalmente consideradas, estas tres centrales de potencia discreta (Zorita, Garoña y Vandellós 1) cubrieron su período de operación mejorada entre 1973 y 1978 y, desde entonces, no han dejado de reducir su rendimiento conjunto. El cuadro señala la evolución de los rendientos globales y acumulados desde 1973: (ver inforgrafía)Dado que el año 1981 ha resultado bastante negativo, puede anticiparse, en los últimos días del año, que el rendimiento estará en torno al 61 %.

La conexión a la red, en mayo de 1981, de la central nuclear de Almaraz I no ha introducido ningún factor de mejora. La central presenta problemas técnicos de envergadura (que afectan a las otras cinco gemelas en Ascó, Lemóniz y Almaraz II) y no se sabe cuándo podrá considerarse en funcionamiento comercial. Su entrada en la red ha reducido ostensiblemente el rendimiento global anual esperado. Y así seguirá sucediendo en 1982, sobre todo si (cosa no probable) se conecta a la red la central de Ascó I.

Centrales de un billón

A partir de 1981, el rendimiento combinado de las centrales nucleares españolas no superará el 60-65%, debido a la entrada en funcionamiento de nuevas centrales y a la retirada o desmantelamiento de las pioneras.

Juntó al dramático hecho de la ineficiencia técnica y energética, las centrales nucleares se enfrentan a un proceso imparable de prolongación espectacular de sus períodos de construcción, con la elevación consiguiente de costes por este capítulo. Tomando como referencia la central de Almaraz I, que ha exigido unos diez años para su terminación, observamos que el resto de sus seis centrales compañeras necesitarán algunos años más para su conclusión, hasta llegar a las de la tercera generación (Trillo I y II, Valdecaballeros I y II y Vandellós II), que llegarán a invertir catorce y quince años entre su primera autorización y su funcionamiento comercial.

Como consecuencia, los costes de instalación se vienen cuadruplicando cada cinco años en Estados, Unidos y otros países. En España, y teniendo incluso en cuenta que las empresas afectadas no facilitan datos económicos reales, esta galopada de costes fijos es, seguramente, mayor. Para una central que en 1972 (antes del inicio de la crisis energética) estuviera valorada en unos 15.000 millones de pesetas, los costes de instalación en pesetas de 1981-1982 pueden suponer de unos 250.000 a 300.000 millones de pesetas. En el umbral de 1987-1988, estos costes serán de un billón de pesetas. Y esto para centrales de 1.000 megavatios (Mw) de potencia, que, como se comprueba en todo el mundo, no producen más allá de los 5.000 a 5.500 millones de kilovatios-hora al año (Kwh) y no prolongan su funcionamiento más allá de los veinticinco años.

La descripción de este fenómeno de "desencanto nuclear" es aplicable a todo Occidente. Estados Unidos y la República Federal de Alemania han bloqueado prácticamente toda nueva autorización de centrales nucleares en su territorio desde 1975.

Previsiones oficiales: perder el tiempo

En esencia, el equipo planificador de la energía en la Administración española sigue siendo el mismo que definió aquel Plan Energético Nacional (PEN) de 1975, esotérico e inepto. En él se vaticinaba que la producción de energía eléctrica para 1985 sería de 200.000-220.000 millones de Kwh., Las sucesivas y abundantes correcciones (o revisiones) demuestran que el ejercicio político y energético de las previsiones se ha tomado a broma hasta la fecha. La discusión del PEN de 1979 en el Congreso de los Diputados tampoco resultó de utilidad.

La última revisión prevé una demanda de energía eléctrica para 1985 de 160.000 millones de Kwh., lo que, aun siendo algo alta, corrige de forma notable lo dicho en 1979. Es de esperar que las previsiones de 1985 sobre el mismo año de 1985 resulten ciertas...

En cuanto a la energía-eléctripa de origen nuclear, las previsiones oficiales siguen siendo erróneas y están viciadas de la misma manía,nuclear. El PEN de 1975 anunciaba una producción n uclear para 1985 de 53.00056.000 millones de Kwh. El PEN de 1979 señalaba unos 50.000 millones. La reciente revisión predice unos 35.000 millones...

En cuanto a las previsiones para 1990, únicas que merecen la pena contemplar en el umbral de 1982, cabe decir que siguen siendo infundadamente optimistas. De hecho, y como fuerza a pensar la observación de los acontecimientos nucleares de los últimos diez años, no será posible disponer en nuestro país de más de 10.000 Mw. nucleares, lo que podrá producir unos 55.00056.000 millones de Kwh., que no supondrá más del 30%-31% del total de la producción de energía eléctrica. La actual revisión del PEN debe admitir que no podrá disponerse de los doce nuevos grupos nucleares en construcción (e incluyo Almaraz I), y que no podrá superarse el 63-64% del rendimiento global.

Ya sobra potencia eléctrica instalada

El cuadro recoge la evolución real de los incrementos quinquenales de producción eléctrica desde 1960: (ver información)

Desde 1969, año de incremento récord, la ralentización en la producción es evidente. Lo realista sería admitir, para el período 1985-1980, y también para 1990-1985, incrementos no superiores a los habidos en el último quinquenio. Teniendo en cuenta las autorizaciones concedidas o. previstas para centrales térmicas de carbón, que se han de añadir a una potencia instalada actual de unos 30.000 Mw., se deduce que no se hace necesaria ninguna nueva autorización de instalación generadora de ningún tipo, pese a las presiones del Fórum Atómico Español y, del sector eléctrico privado.

Hay que tener en cuenta además que la nueva potencia instalada, de tipo térmico (nuclear o no), permite una mayor producción de energía cuando la potencia instalada hidráulica ha dejado de ser la predominante.

El sector privado empuja al INI

Otro de los aspectos actuales que configuran el formidable fraude económico, político y social que supone el programa nuclear es la presión del sector eléctrico privado para que sea el INI, a través de sus empresas eléctricas -esencialmente la Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima (ENDESA) y la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, Sociedad Anónima (ENHER)-, quien cargue con unas inversiones que se han revelado ya suficientemente ruinosas e ineficientes.

Evidentemente, el sector eléctrico conoce muy bien las dimensiones económicas y técnicas del laberinto nuclear, aunque se resista a admitirlo. Su estrategia está muy clara: el Estado debe cargar con la mayor cantidad posible de costes y debe afrontar directamente las inversiones en curso o las más inminentes. Este es el sentido de la participación de ENDESA y ENHER en el proyecto de Trillo, forzadas por Unión Eléctrica; y esto es lo que se hará si se autorizan las centrales nucleares de Sayago o Vandellós III. La hábil operación de Lemóniz no pretende más que eso: arrojar sobre el sector público una inversión indefendible en lo económico y en lo político. Y este es el esquema básico de la política del sector eléctrico para los años inmediatos, en tanto prepara su nacionalización (consentida y productiva).