La Administración sólo ha detectado nueve fincas abandonadas en Andalucía en los últimos dos años

"Las fincas abandonadas tendrán que buscarlas con un candil", manifestó en octubre de 1979 José Bohorquez, presidente de la Federación de Agricultores de Andalucía, enjuiciando la ley sobre Fincas Manifiestamente Mejorables, que en aquellos días se discutía por trámite de urgencia en el Parlamento. Ventisiete meses después, los hechos, en apariencia, parecen dar la razón al citado terrateniente: Agricultura sólo ha encontrado 9 fincas abandonadas en los cerca de 9 millones de hectáreas que componen el campo andaluz. Y no desentonan con las recientes declaraciones de la Confederación de Empresarios Andaluces que, en plena campaña electoral, han calificado de "irresponsable y tercermundista" el cuestionar la propiedad de la tierra.

A finales del 79 nadie repitió "esto es el principio de la socialización de la economía", como se llegó a decir cuando se discutía la reforma agraria de la República. La izquierda, aunque aceptaba el proyecto de ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, tramitado por el Gobierno, esbozaba en aquellos días una amplia e irónica sonrisa cuando se les hacía mención a la advertencia de Jaime Lamo de Espinosa, entonces titular de Agricultura, a los terratenientes: "La reforma agraria ha fracasado siempre en España por falta de dinero, pero en esta ocasión el Gobierno tiene la voluntad de llegar a las expropiaciones de utilización hasta donde sea necesarioLa ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 23 de noviembre de 1979, contempla la posible expropiación de fincas de secano y regadío, de acuerdo con unos determinados baremos de dimensión, cuando se encuentren sin cultivar, desaprovechen de modo manifiesto medios o recursos disponibles facilitados por el Estado u otros entes públicos, o cuando la explotación de las mismas no responda "a los aprovechamientos que, atendiendo al interés nacional, sean necesarios para incrementar adecuadamente el empleo".

Reparos a izquierda y a derecha

Esta ley puede mejorar la legislación que ya existía con el franquismo de cara a la expropiación de algunas fincas, pero nada más, sostenía hace dos años la izquierda.A la derecha más tradicional le satisfacía todavía menos una ley que, de aplicarse a alguien, se aplicaría a este sector fundamentalmente. De todos modos, guardaron cierta moderación en sus críticas públicas y, a lo sumo, Pastor Ridruejo, presidente entonces de Alianza Popular, declaró a Abc de Sevilla sobre el tema de las expropiaciones: "Ha sido una medida injusta. La Administración tiene sus responsabilidades, porque se ha obligado a los empresarios agricultores a mantener unos cultivos que no podían sostener económicamente, a la vez que desde la Administración no se les ha estimulado mediante subvenciones. Han hecho recaer las culpas de la situación del campo sobre los empresarios, mientras la Administración es la causante de que no se hayan potenciado los cultivos sociales".

"Andalucía es una de las regiones donde la tierra está mejor cultivada. No niego que hay fincas manifiestamente mejorables, pero creo que tendrán que buscarlas con un candil", declaraba a finales de noviembre de 1979 José Bohórquez, presidente de la Federación de Agricultores de Andalucía, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Sevilla, para puntualizar "la sorprendente información facilitada por el Ministerio sobre la entrevista que mantuvimos el lunes".

La batalla de Lamo de Espinosa

El presidente de la patronal agraria andaluza se refería a las informaciones aparecidas sobre la mencionada entrevista, cuya filtración atribuía a la Administración, en las que se decía que los grandes empresarios habían testimoniado al ministro una gran inquietud por la posible aplicación, por parte del Gobierno, de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. El ministro de Agricultura, Jaime Lamo, respondió a esta inquietud advirtiendo a los terratenientes el riesgo de expropiación que corrían, en el uso de sus tierras, si no cambiaban los planteamientos de cultivo o aprovechamiento agrícola de las mismas.Lamo de Espinosa les hizo ver, en este sentido, que durante los últimos años se habían incrementado considerablemente los cultivos de cereales (especialmente trigo y cebada), que requieren muy poca mano de obra, en detrimento de otros cultivos (remolacha, algodón, maíz, e incluso olivar), que son cultivos sociales y altamente empleadores de mano de obra. El ministro les advirtió de la posible expropiación de usos de sus fincas si no cambiaban sus planteamientos de explotación. Este tipo de expropiaciones es mucho menos costosa, no requiere grandes recursos financieros y cumple perfectamente los objetivos de erradicación del paro agrícola.

Tanto el presidente de la Federación de Agricultores de Andalucía, en la conferencia de prensa mencionada, como posteriormente Javier López de la Puerta, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (ASAGA) de Sevilla, desmintieron los extremos de la citada información. Según López de la Puerta, ellos no se oponían a la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables; lo que les preocupaba en este asunto eran los criterios con que se aplicase la ley y lo que ellos entendían como una campaña con alguna finalidad política que se estaba llevando a cabo aquellos días desde el Ministerio. "Nos preocupa que se estén filtrando noticias tergiversadas, como la de nuestra entrevista con el ministro, y que se esté hablando ya, en vísperas de la aprobación de la ley de listas de fincas susceptibles de expropiación". La Administración, después de dos años y medio de vigencia de la polémica ley, no ha facilitado ningún dato sobre su aplicación al Parlamento, según fuentes parlamentarias socialistas. Juan Colino, portavoz del citado partido en la Comisión de Agricultura del Congreso, recuerda que en julio del pasado año el PSOE presentó una proposición no de ley pidiendo al Gobierno que informe semestralmente sobre los resultados de la aplicación de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables y que todavía están esperando que tales datos les sean facilitados.

Los socialistas, que cuando se discutía esta ley afirmaron que podría ser un instrumento eficaz "en manos de un Gobierno que tenga ganas e interés en aplicarla", dudan ahora -a la vista del silencio de la Administración- de que tal ley corriera la urgencia y tuviera la importancia que en su día le atribuyó Lamo de Espinosa. "Primero se negaron a facilitarnos los nombres de las fincas y propietarios afectados. Luego, cuando hemos solicitado exclusivamente datos de aplicación, tampoco se han dignado a remitírnoslos".

El estado de aplicación de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, al que ha tenido acceso este periódico y que recoge las actuaciones hasta marzo de 1982, es desconocido en medios parlamentarios. Según esta relación de la Administración, los servicios de Agricultura han visitado en Andalucía un total de 1.017 fincas (199 de las mismas en cumplimentación de denuncias presentadas). De los expedientes abiertos, 890 han sido sobreseídos y otros 79, que no alcanzan en conjunto las 12.000 hectáreas (el campo andaluz tiene 8.726.800 hectáreas), han sido sometidos a un Plan de Explotación y Mejora. El resto de los expedientes, a excepción de 17 fincas que han sido transferidas al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) "por vocación forestal", se encuentran período de ampliación de datos o tramitación.

Uno de los supuestos de expropiación, fincas que lleven sin explotarse dos años seguidos como mínimo, prácticamente -a juzgar por las actuaciones- no se da en Andalucía. En ventisiete meses sólo habían sido visitadas 48 fincas presuntamente abandonadas por los servicios de Agricultura, y de estas visitas 43 lo fueron por denuncia presentada y tan sólo 5 en inspección de oficio. En provincias como Córdoba, Granada y Almería, incluso, no ha habido ninguna inspección sobre fincas presuntamente abandonadas desde la entrada en vigor de la ley hasta marzo pasado.

La provincia en que mayores actuaciones inspectoras se han seguido sobre este tipo de fincas ha sido la de Cádiz, con 28 visitas realizadas por haber sido presentada denuncia contra las mismas. Todos los expedientes fueron sobreseídos y no se realizó ninguna visita de oficio. En la provincia de Sevilla, también siguiendo denuncias, se inspeccionaron 7 fincas (los expedientes de cinco de ellas fueron sobleseídos).

La inspección en Jaén realizó visitas a 5 fincas presuntamente abandonadas (cuatro siguiendo denuncias presentadas), prosperando cuatro de los cinco expedientes incoados. En Huelva y Málaga se realizaron cuatro visitas de inspección en cada provincia, en el primer caso siguiendo denuncias y en el segundo en inspecciones de oficio. De estos ocho casos tan sólo a tres fincas onubenses les ha sido requerido el plan de explotación y mejora.

Infrautilización de obras públicas

El segundo de los supuestos susceptible de expropiación, "fincas en las que de modo manifiesto no se aprovechen correctamente los medios o recursos disponibles como consecuencia de obras construidas o auxiliadas por el Estado u otros entes públicos", ha provocado 683 visitas inspectoras en Andalucía durante el período mencionado. Como consecuencia de las mismas se han aprobado planes de explotación y mejora para 69 fincas. Los expedientes sobreseídos, 603 casos, suponen sin embargo cerca del 90% de las visitas realizadas.El mayor número de visitas inspectoras sobre este tipo de fincas se ha realizado en Jaén. Se han visitado 226 fincas, más de 12.000 hectáreas en conjunto, pero tan sólo ha sido aplicado plan de explotación y mejora a 16 fincas (2.481 hectáreas). Un total de 208 expedientes fueron sobreseídos.

En Almería se han realizado de oficio 109 inspecciones, en fincas de regadío que no llegan en conjunto a suponer las 235 hectáreas (no puede hablarse de latifundios), sobreseyéndose todos los expedientes incoados.

Cádiz, con 81 visitas de inspección, es sin embargo la provincia en que se ha aplicado a mayor número de fincas (un total de 31 con 1.416 hectáreas) un plan de explotación y mejora.

En Almería y Granada, según la citada relación oficial, no han sido descubiertas fincas en las que se infrautilicen obras públicas realizadas por el Estado. En Málaga, aunque tampoco se ha aplicado todavía ningún plan de explotación y mejora a este tipo de fincas, hay dos expedientes en tramitación.

El tercero de los supuestos contemplados por la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables (aquellas con cincuenta o más hectáreas de regadío o 500 o más hectáreas de secano o aprovechamiento forestal que no atiendan en su explotación los intereses sociales o nacionales) ha provocado un total de 286 inspecciones en Andalucía (más de 230.000 hectáreas).

Cultivos sin interés social

Pese a la importancia de esta cifra, 246 casos fueron de entrada sobreseídos y en marzo pasado tan sólo a dos fincas andaluzas se les había aplicado por este concepto un plan de explotación.Cádiz, Córdoba y Sevilla, han sido las provincias en que se han realizado mayor número de inspecciones en este tipo de fincas. En Cádiz se realizaron 76 (unas 78.000 hectáreas), en Córdoba 71 (cerca de 42.000 hectáreas) y en Sevilla 63 (unas 40.000 hectáreas). Sólo una finca en Cádiz y otra en Sevilla han sido sometidas a plan de explotación y mejora.

Granada, AImería y Málaga, también en este supuesto, han sido las provincias en que menor número de inspecciones se habían llevado a cabo desde la entrada en vigor de la ley a marzo pasado. En Almería sólo se habían realizado cuatro inspecciones, en Granada seis y en Málaga nueve.

En los tres supuestos susceptibles de expropiación, y en cifras globales, en Andalucía Occidental se inspeccionaron 189 fincas denunciadas y 401 por oficio. Y en Andalucía Oriental 10 inspecciones por denuncia y 417 por oficio.