Una encuesta entre los profesionales de la justicia en Zaragoza revela gran desconfianza en el poder judicial

La existencia de una acusada desconfianza en el poder judicial entre los propios profesionales que lo ejercitan es el balance global de un voluminoso estudio sociológico realizado a instancias del Colegio de Abogados de Zaragoza. Su título es El funcionamiento del poder judicial visto por sus protagonistas, y recoge los resultados de la encuesta hecha por los profesores del departamento ole sociología de la Universidad de Zaragoza entre todos los profesionales que tienen relación con el derecho, es decir, abogados, procuradores, jueces, fiscales, secretarios, auxiliares y agentes.

El nivel de fiabilidad de la encuesta es el 95,5%, y hay que hacer notar que con gran frecuencia Zaragoza se utiliza, por su tamaño y circunstancias, como reflejo de lo que sucede en el testo del país.Como mayor problema de la práctica procesal aparece la penuria de medios materiales y humanos con que se trabaja. Esto es tan evidente, dice el estudio, que en algunos casos llega a enmascarar las causas de ciertas deficiencias en el funcionamiento del poder judicial. Pero no todos los problemas derivan exclusivamente de la falta de medios. El estudio demuestra, por ejemplo, que existe entre los profesionales una cierta prevención ante el papel que pueden ejercer los informes periciales oficiales en el ánimo del juez para orientar la sentencia.

El 40% de los abogados considera excesivo el peso del informe policial, y el 31,5%, también el del médico-forense. Al contrario sucede con los jueces, fiscales y secretarios: les parece excesivo el peso del segundo a un 22%, y sólo un 10% considera de igual forma al informe policial.

En lo que sí coinciden casi las tres cuartas partes del colectivo es en la necesidad de que exista un cuerpo especial de policía judicial (únicamente un 12% no es partidario en absoluto). La gran mayoría cree que éste debe de pender del poder judicial, y sólo un 0,5% se manifiesta a favor de la dependencia del gobernador civil.

En cuanto a la ostensible falta de medios con que se enfrenta la Administración de justicia, casi la mitad del colectivo cree que la relación medios y necesidad era mejor hace diez años. Con respecto al futuro, se muestran optimistas, ya que el 59% cree que van a mejorar las condiciones Aquí los más escépticos son los abogados y procuradores.

La solución mayoritaria que se dan para paliar la falta de medios es el aumento de la plantilla de funcionarios. Aspectos cualitativos, como modernizar el trabajo, aparecen sólo en un segundo plano, y "la mejor organización de los recursos" figura en último lugar.

La acumulación del trabajo, de nuevo por falta de medios, es el motivo más citado (el 55%) como causa que influye en la lentitud de la justicia. La menos valorada es la observación del horario de trabajo en los juzgados, a pesar de que el 36% del colectivo y el 53% del grupo concreto de secretarios aseguran que no se cumple el horario establecido. Entre abogados y procuradores abundan, sin embargo, las críticas a problemas de falta de competencia y dedicación de los funcionarios.

Influencias y sobornos

La incidencia de ciertas irregularidades en la forma como se administra la justicia también fue consultada en esta encuesta en el sentido de expresar la posibilidad de que se den o no las condiciones objetivas para que se produzcan.En general, se admite en mayor medida (el 65%) la posibilidad de influencias, y también, aunque algo menos, la de sobornos (57,4%). Unicamente el grupo de trabajo formado por jueces, fiscales y secretarios resalta las posibilidades de soborno por encima de las influencias.

Como explicación, aparece en ambos casos, en primer lugar, la debilidad humana. En las influencias se sitúa en segundo puesto el apartado otras causas, incluyendo aquí explicaciones como "vínculos familiares y de amistad", "simpatías político-ideológicas" y "falta de independencia de los jueces".

En la pregunta sobre el soborno se cita como segunda explicación la baja retribución de los funcionarios. Se plantearon también otras tres irregularidades de funcionamiento: favorecer la inclusión de asuntos en determinados juzgados, cambios en el orden de expediente y acceso a expediente de forma irregular.

Aquí, a diferencia de los casos anteriores, destacados por su alto índice de respuestas, los encuestadores se encontraron con una gran reserva.

El concepto de justicia

El concepto de justicia que prevalece entre los profesionales (64%) es el que la define como "defensa de la sociedad-orden social-equilibrio" (es la respuesta que dan con mayor frecuencia los abogados, en especial). En segundo lugar está "dar a cada uno lo suyo" (idea preferible por los jueces). Y en tercer lugar, "aplicación de la ley-derecho" (ni un solo fiscal o secretario dio esta contestación, y sólo lo hizo el 2% de los jueces).Otro de los resultados llamativos de esta encuesta es que no existe conciencia de servicio público entre los funcionarios de la justicia. Así lo cree la media del conjunto, y en un alto porcentaje, los abogados y procuradores.

En cuanto al ejercicio de la profesión, un alto porcentaje de juristas -especialmente alto entre los fiscales- considera que un rejuvenecimiento de la judicatura mejoraría la Administración de justicia.

El conjunto de los encuestados es partidario de que el principio de inmediatividad se cumpla en todos los casos. El porcentaje más bajo es el del grupo de abogados y procuradores.

También hay descontento con la división territorial existente en la actualidad (los más críticos con esta situación son los jueces, fiscales y secretarios). La mayoría, asimismo, es partidaria de introducir cambios, que favorezcan la descentralización y la autonomía (así se manifestó, por ejemplo, la totalidad de los fiscales). Los más reacios al cambio son los auxiliares y secretarios. En cuanto a los turnos de oficio, uno de cada tres abogados reconoce que existen diferencias de trato entre los clientes de oficio y de despacho. Los secretarios afirman en un 80% que el trato no es igual, y los jueces, aunque se abstienen de opinar en un 31% los que lo hacen opinan, también en su mayoría, que sí existen diferencias.

Uno de cada cuatro abogados estiman, por otra parte, que no están adecuadamente formados para el desempeño, de su cometido. Consideración que comparten, aunque en menor proporción, los jueces, fiscales y secretarios.

El 60% del colectivo opina también que los abogados influyen en la lentitud de la justicia, sobresaliendo entre ellos los secretarios (el 80%) y los jueces(73%). Los procuradores se abstuvieron de opinar en un 60%, pero todos los que lo hicieron respondieron afirmativamente. También los propios abogados se mostraron a favor de esta tesis en un 64,6%.