Una propuesta pacificadora

LA PROPUESTA socialista para someter al control previo de inconstitucionalidad el proyecto de la LOAPA, una vez concluida su tramitación en ambas Cámaras y antes de que sea promulgada por el Rey, ha sido aceptada por el Gobierno y recibida con cierta satisfacción por la Minoría Catalana. El momento elegido por Felipe González para hacer pública la iniciativa y las palabras que la han justificado son merecedoras de elogio. Y el Gobierno merece igualmente un aplauso por la rápida aceptación de la propuesta. El sentido pacificador de ésta debería tener además como corolario una mayor apertura para la negociación de los artículos más fuertemente impugnados por catalanes y vascos. El Pleno del Congreso y los trámites de ponencia, comisión y pleno en el Senado pueden ofrecer oportunidades para el entendimiento.El Tribunal Constitucional, al ser requerido para ejercer el control previo sobre la constitucionalidad del proyecto, tendrá atribuciones decisorias inapelables. De su fallo dependerá que el texto de la LOAPA aparezca en el Boletín Oficial del Estado en los términos aprobados por el Parlamento. El Tribunal ha demostrado sobradamente, en sus (los años de funcionamiento, su neutralidad y su competencia como guardián de nuestra norma fundamental, así como su compromiso con los valores democráticos que la inspiran. Pero la circunstancia de que los magistrados designados por el Congreso, el Senado y el Gobierno hayan tenido el visto bueno de UCD y PSOE, pero no de las minorías nacionalistas, aconsejaría, como medida de prudencia política, que centristas y socialistas agotaran todas las posibilidades, en el Pleno del Congreso o en los trámites del Senado, para reducir a la mínima expresión los componentes políticos de sus discrepancias con vascos y catalanes y descartar las ambigüedades e imprecisiones en el articulado del proyecto. Porque sería conveniente que el Tribunal Constitucional tuviera que resolver exclusivamente cuestiones de índole jurídica y no se viera forzado a interpretar un texto intencionadamente escurridizo o a instalarse en las fronteras que delimitan el mundo del derecho y el universo de las ideologías políticas.

La única razón concluyente para declarar bastarda a la LOAPA sería su desbordamiento del marco constitucional y su embozado propósito de eludir los mecanismos de reforma -que incluyen la convocatoria de referéndum popular- establecidos para la modificación tanto de nuestra norma fundamental como de los Estatutos ya en vigor. Las minorías catalana y vasca afirman que la LOAPA es un soterrado procedimiento para alterar por la puerta falsa el Título VIII de la Constitución, y una manera de vaciar los Estatutos de Sau y de Guernica. Los discrepantes también impugnan el carácter orgánico de la nueva ley, ya que el artículo 81 de la Constitución reserva esas normas para otros supuestos, y niegan que se puedan armonizar, de acuerdo con el artículo 150, disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas que no hayan sido efectivamente promulgadas. Convergencia y PNV atribuyen a la resaca del 23 de febrero el fervor armonizador de centristas y socialistas y recuerdan a éstos, no sin razón, que fueron las pugnas electoralistas entre UCD y PSOE y la manipulación de los agravios comparativos por el Gobierno -incluida la manipulación del PSA en las elecciones de 1979- las grandes responsables del desbordamiento del proceso autonómico cuya reconducción, paradójicamente, tendría que ser pagada por las instituciones de autogobierno de Cataluña y el País Vasco. Si estas líneas de razonamiento fueran correctas, y si centristas y socialistas no rectificaran a tiempo sus planteamientos, al convencerse de que la prepotencia aritmética en las Cortes Generales de nada sirve cuando es puesta al servicio de proyectos inconstitucionales, resulta difícil pensar que el Tribunal Constitucional pudiera dar luz verde a tan desgraciada LOAPA.