El Senado aprueba sin modificaciones el texto de la LOAPA

Viene de la página primera

Esta afirmación fue considerada por los senadores socialistas Prats y Casas como una provocación.

El primero insistió en que la LOAPA ni modifica ni altera el contenido de la Constitución ni los estatutos en vigor. El segundo le pidió que tuviera el valor de revelar los nombres de los senadores que le hubieran hecho confidencias de desconfianza con respecto a la LOAPA.

Acto seguido, tomó la palabra el ministro de Administración Territorial que, insistiendo en los argumentos de los senadores socialistas, afirmó que "si la LOAPA modifica los estatutos, lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional". Arias-Salgado afirmó entonces, refiriéndose a las alusiones hechas por el senador Casademont a los comentarios de pasillo, que "si yo contara lo que a mí me ha dicho el diputado Roca sobre la LOAPA llegaríamos a conclusiones dramáticas". "Ustedes", dijo refiriéndose a catalanes y vascos, "no creen en la generalización de las autonomías, de que España está regionalizándose y de que el estado de las autonomías se refiere a toda España y no, únicamente a Cataluña y Euskadi".

"La ley se impone a vascos y catalanes"

El momento más tenso del debate se produjo cuando intervino el senador vasco Joseba Elósegui, quien, dijo que la ley "tiene el riesgo de que los catalanes y vascos se sientan engañados y traicionados. Los estatutos, en opinión de Elósegui, fueron un compromiso histórico con la voluntad mayoritaria de Euskadi. "Pero ustedes", dijo refiriéndose a socialistas y centristas, "se retractaron y han arruinado su credibilidad. La LOAPA es una ley que se impone a vascos y catalanes". Propuso Joseba Elósegui un referendum sobre la LOAPA y luego afirmó en tono vehemente que "esta ley es una declaración encubierta de guerra a las autonomías y a los derechos históricos de vascos y catalanes. Tras afirmar que "la ley le anima a no perder la esperanza de volver a la clandestinidad para defender los derechos de los vascos", apeló al Rey Juan Carlos para que haga Ias precisiones oportunas" cuando la ley se le presente a la firma, y justificó esta petición en lo que en su opinión fue una promesa hecha por el Rey en Guernica de que la autonomía vasca no se rebajaría.

Elósegui concluyó su intervención diciendo que "no nos rendiremos jamás. Defenderemos nuestro derecho hasta el fin". Las afirmaciones hechas por el senador vasco obligaron a Michel Unzueta a aclarar que el senador vasco había intervenido a título estrictamente personal.

Joseba Elósegui, de 66 años, fue capitán del Batallón Saeta, acuartelado en Guernika al producirse el bombardeo de la Legión Cóndor en 1937. Estuvo condenado a muerte en octubre de ese mismo año, si bien le fue conmutada la pena. Fue detenido y encarcelado, nuevamente, en 1946, por colocar una ikurriña en la catedral del Buen Pastor de San Sebastián. El 18 de septiembre de 1970, cuando Franco asistía a un encuentro de pelota en el frontón de Anoeta, se arrojó por las gradas ardiendo en llamas para protestar contra la política de la dictadura en el País Vasco. Es autor del libro Quiero morir por algo.

La parte central del debate,se centró en el último título de la LOAPA, referido al funcionariado. Nacionalistas vascos y catalanes, se mostraron recelosos por considerar que este título impide cuandomenos a corto y medio plazo la existencia de un funcionariado propio de la comunidad.

Criticaron también que el conocimiento de la lengua vasca y catalana, no suponga una ventaja a la hora de cubrir vacantes dentro del fancionariado de las respectivas comunidades. En las intervenciones de centristas y socialistas se insinuó que las desconfianzas de los nacionalistas tienen un origen en el inconfesable deseo de contar con funcionariados adictos a los criterios políticos de los gobiernos de las comunidades.

A lo largo de todo el debate, los senadores nacionalistas no votaron favorablemente ningún precepto de la LOAPA, ni siquiera la disposición final primera en la que se afirma que "Ia presente ley entrará en vigor a los cinco meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a causa de la negativa del pleno a aceptar la ampliación de ese plazo de cautela a doce meses.