La foto fija de la transición/ 1

Durante los últimos cuatro años, las relaciones industriales en nuestro país han estado presididas por la estrategia de la concertación. Desde el 10 de julio de 1979, fecha en la que se firmó el Acuerdo Básico Interconfederal por Carlos Ferrer y Nicolás Redondo, hasta el 12 de febrero de 1981, fecha en la que se revisó con efectos hasta finales de dicho año el Acuerdo Marco Interconfederal, la concertación ha disminuido de modo exclusivo entre las partes sociales, manteniéndose el Gobierno como observador a distancia. Sin embargo, el 9 de junio de 1981, el Gobierno, CC OO, UGT y CEOE suscriben el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) a modo de pacto social incompleto, o ratificación solemne de la bondad de la concertación para resolver las extremas dificultades; que afectan al empleo. Por primera vez se ensaya en España un, modelo de pacto integrador.Durante, los años de la transición ha constituido motivo evidente para muchos de esperanza contemplar de cuando en cuando, alrededor de una mesa, a los líderes nacionales afanados en firmar alegremente un acuerdo, La escena o foto fija de la transición reflejaba con exactitud la excesiva necesidad de consenso que el país padece. La foto fija de la transición ha saltado ya por los aires, aunque algunos parecen no haberse dado cuenta. Pero, a medida que el tiempo transcurre, se abre paso una convicción distinta: no cabe engañarse acerca de la gravedad de los problemas que nos afectan, y frente a los mismos, las soluciones difieren en función de las ideologías y de los modelos de sociedad y comportamiento que unos y otros persiguen. Las gentes desean ser gobernadas y reclaman del que manda que ejerza el poder del que le ha dotado legítimamente el sistema democrático. Si el proceso no funciona, se reclamarán -inevitablemente cambios. En ello estamos abocados irremediablemente a una convocatoria de elecciones generales.

Las partes sociales, UGT y CEOE, estaban desempeñando cQn alguna solvencia su papel cuando el Gobierno entró en liza modificando sustancialmente el contenido de la concertación. El precio del ANE corre a cargo del contribuyente; los empresarios obtienen con el mismo una banda salarial que, en todo caso, aunque hubieraque aplicar la cláusula de revisión semestral, como así ha sucedido, quedaría dos puntos por debajo del IPC previsible para 1982. Actuar sobre las rentas salariales era imprescindible para reducir los costes laborales unitarios, que, de- otra parte, habían crecido entre 1975 y 1981 a una tasa anual del 20,4% frente, por ejemplo, al 10,5% de la CEE. Sin embargó, no es esta la gran novedad del ANE, ya que el AMI había conseguido durante 1980 y 1981 que los costes laborales unitarios mantuvieran una evolución similar a la del Mercado Común.

Por otro lado, la conflictividad laboral y los millones de horas perdidas se habían visto reducidos durante los años 1980 y 1981 en el 60% y el 40%, respectivamente, con relación a 1979.

El ANE, pues, aunque nace para mantener las grandes conquistas socioeconómicas capaces de coadyuvar a superar la crisis, pretende ser algo más para los sindicatos y el Gobierno.

La concertación interparitaria entre sindicatos y empresarios, ajuicio de los primeros, había agotado su posible virtualidad en. el AMI. El promedio de salarios pactados dentro de las bandas salariales concertadas casi agotó las previsiones durante 1980 (15,1% sobre 16), pára descender en 1981 por debajo del IPC previsible para dicho año.

Ello alertó a los sindicatos: los, salarios no podrían ser en sucesivos años moneda de cambio de la concertación social. Irremediablemente, para afrontar la grave crisis que padece la economía española, es preciso reducir costes y ganar competitividad.

La lucha en favor del empleo se constituye en factor absolutamente prioritario en las.políticas sindicales. El ANE ha de ser insertado. dentro de esa especial problemática. Sin emabrgo, los,sindicatos no han resuelto buena parte de las contradicciones que subyacen en su específica visión de la crisis, examinada a la luz de las estrategias y reivindicaciones que han constituido desde hace muchos decenios la razón de ser y la justificación ulterior de la existencia de estos mismos sindicatos.

Demasiado intervencionismo

El empresariado opina, en general, que el intervencionismo del Estado ha ido demasiado lejos, introduciendo en los mecanismos propios del sistema de mercado elementos extraños al propio sistema, lo que ha bastardeado los procedimientos de formación de precios e hinchado los costes de modo innecesario.

La coyuntura presiona sobre- las estructuras de las plantillas, por lo que, si éstas devienen en inamovibles por imperativo de las normas legales, al no poder competir con otros mercados mucho más flexibles y con mayor capacidad de adaptación a la coyuntura, a las empresas que padecen este infortunio sólo les resta prepararse a bien morir u optar por un sistema económico cerrado, seudomonopolista, sin libertad, con precios primados y con subvenciones, de modo que, al fin y al cabo, los contribpyentes: ayuden a soportar las plantillas excesivas.

La resultante de un proceso de cambio reducido evidentemente a un esquema simple, para hacerlo inteligible, es fácil de resumir en cifras: arrastramos un déficit del Tesoro con el Banco de España superior a los dos billones de pesetas, y el previsible para el año en curso se aproximará, con toda seguridad, al billón. Asimismo, la mayor parte del gasto público se consume en transferencias corrientes, con lo que la inversión pública, necesaria en el presente momento agudo de la economía española, no se ve, beneficiada como sería de desear.

El ANE, pues, ha sustituido para la izquierda la necesidad del Gobierno de coalición que no nació el 27 de febrero de 1981, permitiéndole, de otra parte, al Gobierno, ampliar el consenso más allá de las materias y contenidos propios de los acuerdos posibles entre sindicatos y organizaciones empresariales, para extender los acuerdos a servicios públicos, pensiones, funcionarios, desempleo, servicios sociales, etcétera.

Pelea por el empleo

La CEOE trató de lograr en el ANE un inicio de compromiso que permitiera afrontar a medio plazo la necesaria reforma de la Seguridad Social. No hemos de olvidar que los empresarios españoles pagan el 76% de los gastos de la Seguridad Social, mientras sus colegas europeos apenas rebasan el 41%. Es evidente que los costes crecientes de la Seguridad Social encarecen extraordinariamente la creación de empleo y dificultan su mantenimiento. Sin embargo, en este caso, reformar es volver atrás ,y replantear un sistema que aparentemente habría producido más beneficios para los trabajadores en el pasado que en el futuro. La comisión constituida en el ANE para afrontar tan delicada cuestión estaba destinada de inicio a fracasar. UGT y CC OO no se hallaban, evidentemente, dispuestas a abonar por el ANE más precio que el importe de admitir que los salarios, en todo caso, crecieran durante 1982 dos puntos por debajo del IPC previsible para dicho año.

Sin embargo, en el ánimo de los sindicatos subyacía el deseo de transformar la negociación de los convenios colectivos durante 1982 en una dura pelea por el mantenimiento y creación de empleo. A cambio de un ANE salarialmente desmejorado, los sindicatos deseaban ofrecer a los trabajadores la sensación de que el sacrificio económico asumido valía la pena. Los empresarios, aunque quisieran, no podían trocar una negociación fundamentalmente salarial en nuevas expectativas de empleo, dependientes de. los mecanismos propios del sistema de mercado de libre empresa, y no conectadas exclusivamente con los salarios.

Sin embargo, el Gobierno se comprometía, en el. apartado I. 1 del ANE, a mantener al J 1 de diciembre de 1982 la misma población ocupad a que a la firma del ANE (9 de junio de 1981).

Hace escasas fechas, sindicatos y Gobierno han coincidido en que es posible se cumpla tal compromiso. A los efectos de lograrlo, el Gobierno remitió al BOE recientemente un real decreto-ley ampliando la inversión pública en 50.000 millones. Si vamos a los datos, observaremos que, examinando la encuesta de población activa (EPA) correspondiente al primer semestre de 1982, los asalariados del sector público han crecido un 8,3% sobre la cifra del 0,3% correspondiente a 1981, mientras que los respectivos del sector privado decrecían un 0,3%, cifra algo más optimista que la del -3% de 1981. Es decir, el Gobierno, el INI y, en definitiva, el sector público, no han tenido más remedio que mantener el empleo e incluso incrementarlo, lo que ha motivado que las demandas de recursos del sector público al Banco de España entre enero y mayo de 1982 se hayan elevado un 58%. con respecto al mismo período de 1981.