Aumento espectacular del endeudamiento del sector agrario a consecuencia de la prolongada sequia

Durante la pasada legislatura, el primitivo Ministerio de Agricultura se convirtió en el superministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En octubre de 1980 se transfirieron a Agricultura las competencias en materia de pesca marítima, que hasta entonces desempañaba Transportes y Comunicaciones. Posteriormente, a finales de 1981, pasaron también al ya Ministerio de Agricultura y Pesca las competencias sobre la alimentación, aunque no las relativas al comercio exterior de los productos agrarios, lo que contribuyó, a que Jaime Lamo abandonase el departamento.Dos titulares ha tenido este ministerio a lo largo de la pasada legislatura, a los que posteriormente se ha sumado José Luis García Ferrero, quien fue nombrado para el cargo, una vez disueltas las Cortes, cuando José Luis Alvarez dimitió para presentarse como candidato a las elecciones en las listas de la coalición AP-PDP. Jaime Lamo llegó a Agricultura en 1978 de la mano de Fernando Abril, y se mantuvo en el cargo tras las elecciones de 1979. En febrero de 1980 estuvo a punto de dimitir, debido a los enfrentamientos que mantuvo con Abril. Desde su llegada al ministerio, una de sus constantes fue la lucha por conseguir la creación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ya existía en todos los países del Mercado Común. Su objetivo se consiguió en parte en diciembre de 1981, tras el escándalo del aceite adulterado; sin embargo, no logró el control de las competencias del comercio exterior de los productos agrarios y abandonó esta cartera.

José Luis Alvarez sustituyó a Lamo de Espinosa a principios de diciembre de 1981, procedente del departamento de Transportes. Durante su mandato surgieron algunos problemas entre los miembros del equipo ministerial de Jaime Lamo, que permanecían en el departamento, y parte del nuevo equipo que trajo consigo. Al frente de la nueva Secretaría de Estado para la Alimentación colocó a Juan Antonio Guerra Zunzunegui. La gestión de este último ha sido fuertemente contestada por los representantes de la industria alimentaria, e incluso de la propia Administración.

Un programa de cambio

En junio de 1979 Jaime Lamo presentó ante el Pleno del Congreso de los Diputados un amplio programa legislativo que posibilitara una reforma del sector agrario. Este programa ha sido considerado en algunos medios del sector agrario como un intento serio de llevar a cabo una reforma de las estructuras del agro español y su acercamiento a las de la Comunidad Económica Europea. El programa se componía de un total de catorce proyectos, que el Gobierno se comprometía a enviar al Parlamento para su debate, aunque posteriormente quedó en trece solamente, al refundirse en un solo proyecto el de Acceso a la Propiedad de Jóvenes Agricultores y el Estatuto de la Explotacion Familiar Agraria.

El estado actual del cumplimiento del programa agrario es el siguiente:

- Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. Está aprobada y en vigor. Su objetivo es incrementar los aprovechamientos e intensificar la producción en fincas insuficientemente cultivadas. Después de su aplicación se han realizado varios expedientes, en fincas de Andalucía principalmente..

- Ley de Arrendamientos Rústicos. También está aprobada y en vigor. Se elaboró con la finalidad de reforzar el contrato de arrendamiento como instrumento de mejora estructural.

- Ley de Fomento de Entidades Asociativas para la Industrialización y la Comercialización. Se envió antes de realizar la reforma fiscal, y al conocerse los detalles de ésta se retiró porque algunos de los beneficios fiscales que se iban a conceder a estas entidades no se contemplaban en la nueva legislación. Su objetivo era potenciar la actuación de los agricultores en la industria y en el comercio agroalimentario.

- Ley especial de Tierras Ociosas. No ha sido enviada a las Cortes, al no aprobar el Consejo de Ministros el anteproyecto presentado por Jaime Lamo. Su objetivo era propiciar la necesaria puesta en valor de tierras no cultivadas, sin necesidad de la intervención del Estado. Venía a complementar a la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables.

- Ley de Protección a. las Tierras de Emigrantes. Está enviada al Parlamento y pendiente de discusión por el mismo. Su finalidad es permitir la plena utilización y obtención de rentas de tierras propias.

- Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y de los Jóvenes Agricultores. En un principio existían dos proyectos separados que se refundieron posteriormente. Actualmente está aprobada y en vigor, con el fin de facilitar la incorporación y participación de la juventud en el medio rural y propiciar la viabilidad de la explotación. familiar agraria, mayoritaria en nuestro país, y actuar sobre los mecanismos sucesorios.

- Modificación de la ley de Reforma y Desarrollo Agrario. No está presentada, ya que supone la refundición de esta ley con las modificaciones introducidas por este nuevo conjunto de normas, por lo que se iba a elaborar cuando todas estuvieran aprobadas.

- Ley de Sanidad Vegetal y Pecuaria. Fue enviada por el Gobierno, aunque no fue aprobada en la Comisión por la oposición del PSOE y se devolvió al Ejecutivo. Su objetivo era abordar los problemas sanitarios, que disminuyen en cantidad y calidad la producción final agraria.

- Ley de Contratos Agrarios. Está aprobada y en vigor para encauzar las relaciones entre agricultores e industrias, fijando un procedimiento de arbitraje en caso de diferencias.

- Ley de Financiación Agraria. Se trata de una de las mayores reivindicaciones del sector, que no ha sido satisfecha por el Gobierno. A pesar de que Jaime Lamo presentó varios anteproyectos en el Consejo de Ministros, fueron sistemáticamente rechazados por Juan Antonio García Díez, quien sostenía que, si se hacía una ley específica de financiación para el sector agrario, habría que hacer otra para cada sector.

- Ley de Agricultura de Montaña. Está aprobada y se halla en vigor. Permitirá el total aprovechamiento ganadero y forestal de las zonas de montaña y alta montaña.

- Ley de Concentraciones Parcelarlas Aceleradas, Reiterativas y Contratadas. Está actualmente en las Cortes, pendiente de ser discutida por el Pleno. Su aprobación permitirá posibilitar la intensificación de las actuaciones y obtener más altos índices de concentración y rentabilidad.

- Ley de Urgencia de Montes Vecinales en Mano Común. Está aprobada y en vigor, permitiendo a los vecinos la percepción de rentas y aprovechamiento vecinales de estos montes de forma inmediata.

El balance final de este paquete legislativo, formado por trece normas, es de seis leyes aprobadas y en vigor, dos retiradas, tres no enviadas al Parlamento y dos pendientes de discusión. También destaca, aunque no estaba incluida dentro de este paquete legislativo, la aprobación de la ley de Seguros Agrarios y creación y dotación presupuestaria de ENESA, la empresa nacional de seguros agrarios.

Sin embargo, en el panorama legislativo se ha producido una importante laguna, al no aprobarse la nueva ley de Cámaras Agrarias, entidades de vital importancia para el sector agrario. En el año 1978 se realizaron las primeras elecciones a cámaras agrarias de forma democrática con una normativa provisional. A lo largo de la legislatura no se ha presentado ningún proyecto hasta el verano pasado, en que José Luis Alvarez envió uno que está a la espera de su discusión por las nuevas Cortes o de su retirada por el Gobierno que surja de las elecciones. En todo caso, no ha sido posible realizar el nuevo proceso electoral agrario en la fecha que correspondía.

La plaga de la sequía

La sequía ha sido el principal problema de carácter coyuntural con el que han tenido que enfrentarse las autoridades del ministerio durante el período que comprende la pasada legislatura, y que ha marcado la producción final agraria de los años 1981 y 1982, tras la gran cosecha, sobre todo en cereales, recogida en 1980. Los primeros efectos de las adversas condiciones climatológicas comenzaron anotarse ya a finales de 1980 y persisten todavía.

Para paliar sus efectos, se acordó la distribución de préstamos a bajo interés, entre otras medidas, por un valor total aproximado de 150.000 millones de pesetas, aunque los últimos aprobados durante el mandato de José Luis Alvarez lo han sido sin interés. A esto hayque añadir la concesión de pienso con pago aplazado para la ganadería extensiva y la concesión de exenciones y moratorias en los pagos de las cuotas de la Seguridad Social Agraria y de la contribución rústica y pecuaria.

Para poner en marcha estas medidas, Jaime Lamo juzgó oportuno contar con la colaboración de las organizaciones agrarias más importantes, por lo que creó la Mesa Nacional de la Sequía, que ha tenido su prolongación en las mesas provinciales, aunque en diversas ocasiones los representantes del sector agrario han criticado su falta de participación efectiva, ya que las mesas tenían solamente carácter informativo.

Las regiones más afectadas por la sequía durante 1981 fueron Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón, mientras -que este año Andalucía se ha salvado de sus efectos, aunque no totalmente, y ha persistido en las restantes regiones. Los cultivos más afectados han sido los cereales y los pastos, lo que ha provocado un encarecimiento de la alimentación de la ganadería extensiva, de rechazo, por aumento de la demanda a la intensiva.

Aumento del endeudamiento

La sequía ha sido una de las causas más importantes del aumento espectacular del endeudamiento del sector agrario registrado desde 1979 hasta la fecha de disolución de las Cámaras. Según algunas organizaciones profesionales agrarias, el endeudamiento supera ampliamente el billón de pesetas, lo que representa un 70% de la producción final agraria. En su opinión, el sector agrario debe ya tanto como produce, lo que equivale a una situación de quiebra, por lo que se hace necesario un urgente replanteamiento estructural de todo el tema.

Sin embargo, para la Administración, la deuda del sector alcanza la cifra de 815.000 millones de pesetas. De acuerdo con los datos oficiales, en los años 1980-1981 se registra una gran aceleración del endeudamiento del campo, que se incrementa en un 46% con respecto al año 1979, lo que representa 255.000 millones de pesetas. Todo ello hace necesaria la capitalización de las explotaciones agrarias, lo que a su vez redundará directamente en un incremento de la producción final agraria y una elevación de las rentas agrarias, que se deterioran precisamente por la falta de capitalización.

Al no aprobarse la ley de Financiación Agraria, las aspiraciones de los agricultores y ganaderos han sufrido un duro revés, ya que es una de las que reclaman con mayor insistencia. Un intento de paliar en parte esta situación es la puesta en marcha del llamado Plan de Capitalización del Campo Español, que entró en vigor a partir de febrero de este año y por el que los agricultores y ganaderos disponen de 59.000 millones de pesetas a bajo interés. Estos fondos

han sido allegados por la banca privada -los siete grandes, principalmente-, las cajas de ahorro y las cajas rurales, mientras que el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) ha subvencionado los intereses. El destino fundamental de estos créditos es la mejora de las explotaciones y la transformación del secano en regadío.

Acuerdos pesqueros

Otro hecho importante de la política agraria de estos últimos años, que debe destacarse, es la institucionalización de la colaboración de las organizaciones profesionales agrarias con la Administración, sobre todo en el seno del FORPPA (Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios), organismo que ha adquirido una amplitud de competencias, ya que es donde se celebran las riegociaciones de precios de los productos sometidos a regulación de campaña, aunque todavía no se haya constituido su Consejo General.

El 3 de octubre de 1980 se aprueba un real decreto por el que se reordenan los órganos administrativos correspondientes en materia de pesca y marina mercante y se transfieren al Ministerio de Agricultura las competencias en materia de pesca marítima, ejercidas hasta ese momento por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, hasta el 8 de mayo del año siguiente se retrasó la denominación oficial de Agricultura y Pesca.

Según manifestó Jaime Lamo, cuando se hizo cargo de las competencias pesqueras reinaba en este sector un ambiente de "relajación", por lo que envió al Congreso la ley de Sanciones de Pesca, actualmente en vigor, mediante la que se establecían fuertes multas para aquellos pesqueros españoles que incumplieran los tratados firmados por España o la normativa internacional.

En el apartado de los acuerdos pesqueros con Marruecos se llevaron a cabo negociaciones durante los meses de febrero y marzo de 1981, lográndose un acuerdo pesquero por un año, que ha sido prorrogado posteriormente y continúa vigente. El aspecto más importante de este nuevo acuerdo es que Marruecos aceptó firmarlo, renunciando al paso de los cítricos marroquíes por España, que en un principio era condición no nego ciable.

Entre los nuevos acuerdos de carácter pesquero que se han firmado en este período destaca el de Portugal, que con posterioridad costó el puesto al negociador portugués, y el suscrito con la Comunidad Económica Europea, que, a pesar de algunos problemas, ha permitido seguir faenando en estas aguas a los pesqueros españoles. También se ha creado el FROM, encargado de lograr una mejora en la comercialización de los productos pesqueros.

Los apresamientos han sido otro de los quebraderos de cabeza de la Administración española y de los armadores en este período, a pesar de que han ido disminuyendo progresivamente. Finalmente, hay que destacar el comienzo de la reestructuración de la flota pesquera española, que en muchos casos estaba obsoleta, para lo que se han concedido créditos a bajo interés.

La lucha por el comercio exterior agrario

El 14 de diciembre de 1981 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la nueva estructura del recién creado Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sin embargo, poco más se ha hecho en el apartado alimentario desde entonces aquí. Los conflictos más importantes a la hora de la creación de este macrodepartamento se produjeron Precisamente con anterioridad a este cambio en la estructura oficial del subsudicho departamento.

El entonces ministro, Jaime Lamo, reclamaba con insistencia las competencias sobre el comercio exterior de los productos agrarios como único medio de poder elaborar un plan de política agraria y alimentaria. En este punto entró en conflicto con los intereses del todopoderoso cuerpo de los técnicos comerciales del Estado, que por fin consiguieron retener estas competencias.

En la estructuración definitiva, la alimentación tiene categoría de Secretaría de Estado y cuenta con dos direcciones generales nuevas: la de Política Alimentaria y la de Industrias Agrarias. Además, pasaron bajo su control el FORPPA y el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), que había asumido una gran parte de las competencias de la desaparecida Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT).

Entre las actividades más importantes desarrolladas desde entonces destaca la labor de inspección y la publicación de las listas con los productos y marcas sancionados.