La economía

A DIFERENCIA de sus competidores electorales, que pueden modelar las perspectivas de futuro sin el lastre de los logros y de los fracasos del pasado, el programa económico de UCD se recorta necesariamente sobre el telón de fondo de la labor realizada por el Gobierno en el último período. Tras la crisis de septiembre de 1980, que desplazó a Fernando Abril de los centros de decisión, la política económica centrista fue diseñada por Leopoldo Calvo Sótelo, primero como vicepresidente económico y más tarde como presidente del Gobierno, en estrecha relación con Juan Antonio García Diez. La oferta electoral presentada por Landelino Lavilla apenas presenta novedades en este terreno y está marcada por la continuidad con las fórmulas aplicadas durante los dos años anteriores para transitar por la crisis y sobrellevar sus efectos. De esta forma, la parte económica del programa centrista es, obviamente, la herencia del equipo que llevó hasta ahora las riendas de la gestión de nuestros recursos, y la renovación de UCD asociada a la figura de Landelino Lavilla se detiene en las puertas de estas cuestiones. La aceptación por anticipado de unos mermados resultados electorales y las lejanas posibilidades de seguir administrando la economía del país quitan hierro a una pregunta que de otra forma sería crucial. El abandono de la presidencia de UCD por Leopoldo Calvo Sotelo y la renuncia de Juan Antonio García Díez a luchar por un escaño dejan un vacío sin que haya manera de adivinar las personas que pudieran sustituirles en sus tareas de administradores de la política económica centrista.Esa política económica ha producido unos resultados grises, pero sus gestores aducen que cualquier estrategia alternativa hubiera podido conducir a la catástrofe. Los instrumentos de la política monetaria han detenido el crecimiento, pero no han desarbolado el aparato productivo. La inflación no ha disminuido, pero tampoco ha crecido. El sector exterior no acaba de mejorar su cuenta corriente (a pesar del incremento sustancial de los ingresos por turismo, el alza sostenida de las exportaciones de mercancías. y la reducción de las importaciones de petróleo), pero la peseta soporta la marejada del dólar en pie de igualdad con otras monedas europeas. Por justificación tienen el aumento de nuestro endeudamiento exterior (en 1982 llegaremos a los 30.000 millones de dólares, es decir, un 15% del PIB), el descenso de las reservas de divisas, la elevación del desempleo hasta dos millones de parados y el galope del déficit de, las administraciones públicas, que ha pasado de 237.000 millones de pesetas en 1979 a cifras que se acercan al billón de pesetas en 1982. Si estas tendencias se mantuvieran, las políticas hasta ahora aplicadas por UCD sin entusiasmo y con resignación difícilmente permitirían lograr el doble objetivo de sujetar la inflación y de mantener el crédito al sector privado.

El programa económico de UCD sigue el mismo diseño de años pasados. Acepta la inevitabilidad del déficit del sector público, que se mantendría en su actual nivel casi billonario, y considera que sólo a partir de 1987 sería posible plantearse su reducción. El manejo de la política monetaria trataría de proporcionar una financiación razonable al sector privado sin alentar la inflación. El programa pone en guardia contra las promesas electoralistas de creación de puestos de trabajo y critica los remedios voluntaristas para resolver el problema del paro, ilustrados por la experiencia socialista francesa. El único procedimiento para expandir el empleo es "asegurar el máximo ritmo posible de crecimiento, compatible con los equilibrios básicos, apoyándose en el estímulo de la inversión privada" aunque concediendo también al sector público "un papel desencadenante" cuyo contenido no es precisado.

La moderación de los costes financieros, la política de rentas destinada a contener las alzas salariales y la reducción de los tipos de cotización a la Seguridad Social serían los factores que permitirían a las empresas privadas reconstruir sus beneficios, paso previo para las nuevas inversiones. Sin embargo, el programa de UCD reconoce realistamente que el nivel de ganancias del sector privado, aunque sea una condición necesaria para la reactivación económica, no es una condición suficiente para lograr ese objetivo, ya que nadie puede garantizar que las empresas reinviertan sus beneficios. Tal es, en efecto, uno de los puntos cruciales de nuestro inmediato futuro, ya que de nada sirve pedir a los trabajadores moderación salarial a fin de que las empresas obtengan beneficios si los frutos de ese esfuerzo solidario no se concretan en nuevos puestos de trabajo. Para UCD, la creación de las expectativas que podrían llevar al sector privado a reinvertir sus ganancias sería fundamentalmente consecuencia de dos factores: la delimitación del campo de influencia del sector público, por un lado, y la aceptación de los principios de la Ubre empresa y el libre mercado, por otro. Ahora bien, cabe señalar que las expectativas de los agentes económicos también descansan sobre la confianza o desconfianza que les merece la gestión gubernamental, la estabilidad política del sistema y la eficacia y honestidad de la Administración pública en su trabajo. La falta de capacidad de los sucesivos Gobiernos de UCD para reformar la Administración pública ha sido una de las causas de la disminución de su credibilidad como gestor d e los sacrificios y esfuerzos colectivos.

El resto del programa contiene medidas razonablemente reformistas y alterna las paletadas de cal con los puñados de arena. Por un lado, UCD, embanderada con la causa del libre mercado, se pronuncia en favor de la flexibilidad de plantillas y de la disminución de las cotizaciones a la Seguridad Social, que serían parcialmente sustituidas por los impuestos indirectos, en especial el IVA. Por otro, propone una amplia serie de beneficios sociales, con la consiguiente carga para los presupuestos, que se extienden desde la mejora de las pensiones mínimas y la disminución del techo de edad para acogerse a la jubilación voluntaria hasta un ambicioso programa de prestaciones en nombre de la solidaridad ante la crisis y del combate contra las desigualdades y las discriminaciones. La decisión de no elevar la presión fiscal y de mantener el déficit en su actual nivel le deja en una dificil posición a la hora de explicar a los electores cómo se propone sufragar esos nuevos gastos. El sistema que permite esquivar el problema consiste en suponer un incremento del 3% o 4% del producto interior bruto en términos reales, lo que le ampliaría las bases fiscales para una mayor recaudación. A la vista de ese optimismo, hay que concluir que el voluntarismo y los silencios sobre la forma de ajustar gastos e ingresos son una característica común de los programas económicos de todos los partidos del arco parlamentario, desde Alianza Popular hasta el PCE, pasando por UCD y PSOE.