La junta general de accionistas del Levante aprueba la 'operación acordeón' para sanear el banco

La reducción del valor nominal de las acciones del Banco de Levante a una peseta, desde las mil anteriores, y una ampliación de capital de 5.500 millones de pesetas, que será suscrita por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en la parte que no lo sea por los actuales accionistas, han sido los dos acuerdos más destacados que se tomaron en la junta general extraordinaria de accionistas que la entidad celebró ayer en Madrid.

En el acto, que se prolongó a lo largo de toda la tarde, Rafael Bermejo, presidente de la entidad por designación del FGD, puso de manifiesto que las pérdidas expresas de la entidad hasta el momento se elevan a 5.045 millones de pesetas, a los que hay que hacer frente con los 4.331 millones de pesetas a que ascienden los recursos propios de la entidad. Estos recursos propios se distribuyen en 1.993 millones de pesetas de capital, 1.225 millones de reservas y 1.113 millones que corresponden a la actualización del balance y cuya aplicación aún está pendiente de aprobación. Por esto, se plantea la reducción de capital social de la entidad y su posterior ampliación en 5.500 millones de pesetas como única fórmula válida para garantizar la supervivencia del Banco de Levante.Los 5.045 millones de pesetas de pérdidas expresas y documentadas corresponden en su mayor parte a costes sin contabilizar. Los anteriores administradores reconocieron a los responsables del FGD la necesidad de proceder a la regularización de las cuentas de periodificación por un importe de unos 1.900 millones de pesetas, a esta cifra habría que añadirle los 680 millones de pesetas que ya aparecen aflorados como pérdidas en setiembre, mes en el que el Banco de España destiné dos inspectores al Levante.

Otras partidas que revisten la condición de pérdidas claras son un préstamo de 200 millones de pesetas concedido al Banco de Navarra, actualmente quebrado, cuyo vencimiento se situaba en el mes de marzo de 1978, y que aún figuraba como vivo en la contabilidad del Levante, o la necesidad de proceder a una regularización de los precios que figuraban en balance de diversas partidas de renta fija, operación que representa unos 247 millones de pesetas.

Uno de los principales problemas con los que se van a encontrar los actuales administradores de la entidad será evaluar con exactitud los costes financieros que representaban los extratipos a los depósitos cuando eran pagados por otras sociedades del grupo a las que concedía a este efecto créditos el propio banco.

El anterior Consejo de Administración, en el acto de presentar su dimisión, el pasado 8 de octubre, cedió sus acciones, que representan un 60%, aproximadamente, del capital de la entidad al Fondo de Garantías de Depósitos, que procedió a su pignoración. Paralelamente, se exigieron garantías reales para cubrir una parte de los 27.000 millones de pesetas en créditos -aproximadamente un 60% de la inversión crediticia total- concedidos a sociedades del propio grupo, muchas de las cuales en este momento son prácticamente insolventes.

Las empresas del grupo

Según el informe que se leyó en el acto, siete empresas del grupo aportaron al FGD el 60% escaso de acciones con que los nuevos administradores concurrieron a la junta. Estas siete empresas son: Desarrollo Industrial de Levante, Liga Financiera, Grupo Alcalá, Financiera de Inversión Mobiliaria, Extremeña de Promociones, Panorama de Desarrollo Industrial y Empresas Reunidas Aragonesas.Los accionistas, que intervinieron profusamente durante la junta, prolongándola hasta las diez menos cuarto de la noche mostraron reiteradamente su disconformidad por las medidas que proponían los actuales administradores designados por el FGD.

Asimismo hicieron un especial hincapié en que se ejerzan todas las acciones legales a las que pueda dar lugar la gestión de los antiguos administradores, poniéndolo incluso en manos de la Fiscalía General del Estado. La crisis del Banco de Levante saltó a la luz pública cuando comenzaron a filtrarse, a finales del verano pasado, rumores sobre la posibilidad de que el Banco Zaragozano estuviese interesado en su adquisición. Sin embargo, los responsables de esta última entidad, tras unas semanas de dudas, no se decidieron a concluir la operación, en parte incomodados por la trascendencia de estos rumores y en parte porque la proximidad de las elecciones generales y las incertidumbres que podían plantear sus resultados les impidieron realizar una propuesta concreta.

Entró entonces en juego Rumasa, que tampoco consiguió llegar a ningún acuerdo firme, aunque en este caso las dificultades de entendimiento parece que fueron principalmente con el Banco de España.

Desde entonces se vino produciendo un paulatino deterioro en la situación de la entidad que dio lugar a que, a finales del pasado mes de septiembre, el Banco de España cursase una comunicación al anterior Consejo de Administración, que terminó desembocando en la entrada del Banco de Levante en la órbita del FGD.

El 4 de diciembre de 1981 el Banco de España inició una inspección sobre el Banco de Levante que aún está por concluir, pero por los datos que se fueron desprendiendo el banco emisor decidió nombrar el pasado mes de setiembre dos interventores, que fueron quienes dieron algunos de los principios que han permitido establecer parte de los desequilibrios patrimoniales más evidentes de la entidad.