Siete funcionarios de prisiones declaran sobre la muerte de un preso en Valencia

Siete funcionarios de prisiones han prestado declaración ante el juez titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, en torno a las circunstancias que rodearon la muerte por ahorcamiento, el pasado 31 de octubre, del preso Juan Antonio García Acién, en la Cárcel Modelo de Valencia.

La investigación judicial, que ya ha sido elevada de diligencias previas a sumario por el juez, fue solicitada por dos abogados, Cristóbal Fernández García y Virgilio Latorre Latorre, que ejercitaron la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución para constituírse en parte (véase EL PAIS del 13 de noviembre pasado).

Estas declaraciones evidencian la existencia de nuevas irregularidades en el traslado del preso desde el Instituto Penitenciario de Liría, donde cumplía condena, a la Cárcel Modelo de Valencia, donde presuntamente se suicidó. Hasta el momento no se ha decretado ningún procesamiento.

El juez había llamado a declar a un total de diez funcionarios, pero acudieron únicamente siete el pasado miércoles, día en que se practicó la prueba testifical. Se espera que en los próximos días haya más declaraciones de funcionarios. Junto a los abogados, que constituyen la acusación popular, intervino en el interrogatorio el ministerio fiscal.

Los funcionarios que declararon fueron Manuel Alvarez Benavente, educador del Instituto Penitenciario de Liria; Juan Parejo, jefe del departamento de vigilancia de la puerta de acceso a la cárcel; José María Santos Fernández, encargado del departamento de régimen especial, y Jesús Sánchez Gadeo, funcionario de la cárcel y hermano de Carmelo José Sánchez Gadeo, funcionario del Instituto de Liria, con quien presuntamente el recluso fallecido tuvo el altercado que originó el traslado a la Carcel Modelo de Valencia.