Reclamados a las empresas los 1.600 millones de pesetas del fraude a la Seguridad Social en Barcelona

La Inspección de Trabajo de Barcelona ha enviado ya las actas de liquidación complementaria a las empresas supuestamente implicadas en el fraude a la Seguridad Social que, por un montante inicial de 1.600 millones de pesetas, fue descubierto a principios de año. Entre las sociedades que han recibido estas actas figuran Fábrica Electrónica Josa, con una plantilla de 1.600 trabajadores; Rocalla, con 700, y Manufacturas Petronius, SA.

De estas implicaciones no se puede deducir la existencia de infracciones administrativas o acciones delictivas, pero fuentes oficiosas han subrayado que las irregularidades descubiertas han levantado las sospechas suficientes como para abrir expedientes a varios funcionarios de la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT), dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.Las investigaciones se centran actualmente sobre otro grupo de empresas que, al parecer, habrían defraudado a la Seguridad Social una cifra próxima a los quinientos millones de pesetas.

Paralelamente a la acción administrativa, estas irregularidades han sido puestas en conocimiento de la fiscalía de la Audiencia de Barcelona, al objeto de que se inicie, si hubiere lugar, el procesamiento de los implicados por los supuestos delitos de estafa, prevaricación y cohecho.

Irregularidades intuidas

Los inspectores de Trabajo Graciniano Gómez Catón, ex subdelegado de Trabajo de Barcelona, y Ramón Ballesteros, jefe de la ODIT, que encabezan la lista de funcionarios supuestamente implicados con mayor responsabilidad, han recibido ya la comunicación oficial del expediente que se les ha abierto. El tono contundente de los considerandos que fundamentan el expediente inducen a sospechar que la Administración está decidida a llegar hasta el fondo del asunto.

También sufrirán expedientes otros funcionarios de la ODIT, entre los que podrían figurar algunos abogados de los extintos sindicatos verticales trasladados a aquella oficina.

La existencia de cierto tipo de irregularidades era ya intuido por algunos inspectores de Trabajo de las últimas generaciones. Este colectivo, caracterizado por sus inquietudes democráticas, había aumentado sensiblemente su influencia en los últimos tiempos, introduciendo un estilo más profesional en esta área de la función pública. En los últimos meses, los rumores del fraude llegaron a ser tan intensos que algunos funcionarios informaron oficiosamente a las instancias superiores de la existencia de irregularidades, aunque sin poder aportar pruebas concretas. La noticia llegó al Ministerio, pero no se inició ninguna investigación.

Las sospechas aumentaron insistentemente cuando Graciniano Gómez Catón, que ocupaba provisionalmente el cargo de delegado de Trabajo, no fue confirmado en el puesto, para el que resulto designado después Eustasio del Val. Antes, Gómez Catón había sido nombrado subdelegado de Trabajo, por ser hombre de confianza del entonces delegado, Jorge Fernández. Cuando Fernández fue nombrado gobernador civil de Asturias, Graciniano le sustituyó provisionalmente en la jefatura de la Delegación.

Jorge Fernández, que posteriormente fue nombrado gobernador civil de Barcelona y actualmente es ideológicamente próximo a AP, tras su paso fugaz por el CDS de Suárez, reconoce que "tenía depositada toda mi confianza con Gómez Catón cuando informé favorablemente para que fuese designado subdelegado. No quiero enjuiciar lo ocurrido, pero lo lamento seriamente". Jorge Fernández insiste que durante el tiempo que ocupó el cargo de delegado de Trabajo desde enero de 1979 hasta julio de 1980 "nunca tuve bajo mi jurisdicción la oficina de la ODIT que en aquel entonces dependía del Ministerio de Seguridad Social y, por tanto, estaba bajo la jurisdicción del Delegado Territorial de Seguridad Social". Y añade que "ni durante este tiempo, ni en el año siguiente en que Gómez Catón me sustituyó en el cargo, la Tesorería de la Seguridad Social estuvo bajo el control de la Delegación.

Contenido del fraude

En esencia, el fraude consistía en conseguir la liquidación de las deudas pendientes de las empresas a la Seguridad Social pagando una cantidad muy inferior a la realmente debida. Así, cuando una empresa adeudaba las cotizaciones de varios años se confeccionaba una acta de liquidación en la que los salarios se habían reducido a una tercera o cuarta parte de su valor real. Como la liquidación se realizaba por una cantidad global, sin incluir el desglose de las cuotas correspondientes a cada trabajador, el fraude era prácticamente imposible de descubrir. Si una empresa adeudaba, por ejemplo, sesenta mensualidades de cotizaciones, se levantaba una acta por los sesenta meses, pero en lugar de calcular la deuda en base a salarios de 70.000 pesetas se hacía una valoración como si la media salarial fuese de 25.000 pesetas.

El nido de corrupción localizado en la ODIT fue posible detectarlo cuando esta oficina pasó a depender directamente de la Delegación de Trabajo, ubicada hasta principios de 1982 en la sede del Instituto Nacional de Previsión de la calle Balmes y actualmente en las dependencias del Ministerio de Trabajo en la calle Aragón.

La ODIT era una oficina que la Inspección de Trabajo tenía instalada en el Instituto Nacional de Previsión para coordinar, revisar y dar fuerza legal a la acción inspectora sobre las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. En una primera instancia esta labor era llevada a cabo por un equipo de funcionarios del INP conocidos como interventores o controladores CYE. Cuando los interventores descubrían que una empresa no estaba al corriente de pago de sus cotizaciones, levantaban una acta que posteriormente era trasladada a la ODIT, departamento de rango superior, dirigida por varios inspectores de Trabajo, únicos capacitados para dar fuerza legal a estas actuaciones. En definitiva, todo el poder de control quedaba en manos de la ODIT, de la que ha sido responsable máximo durante varios años el inspector Ramón Ballesteros, ex policía.

La experiencia ha demostrado que este mecanismo sometido a tanto control ha sido burlado fácilmente. Las empresas que tenían una deuda pendiente importante, acudían directamente a la ODIT antes de que el ordenador detectase la existencia de un descubierto en las cotizaciones, (en el pasado, el ordenador tardaba tres y cuatro años en averiguarlo), y solicitaban que se levantase una acta por la cantidad que ellos declaraban. De esta forma algunos funcionarios, de acuerdo con el inspector del que dependían y firmaba el acta, extendían la certificación a gusto de la empresa a cambio de una suculenta astilla que en algunos casos podía ser millonaria.