El Gobierno rebaja el techo del planteamiento sobre el aborto mantenido por el PSOE frente a UCD en la anterior legislatura

La despenalización de algunas formas de aborto voluntario que prepara el Gobierno no se ajusta a los planteamientos máximos realizados por los socialistas respecto al proyecto de Código Penal presentado en 1979 por el Gobierno de UCD. El PSOE pidió entonces la despenalización del aborto voluntario durante las doce primeras semanas de embarazo, mientras que ahora se ha replegado a la posición de otras de sus enmiendas, en favor de la despenalización del aborto terapéutico y en los casos de embarazo por violación o peligro de taras en el feto.Frente al proyecto gubernamental, que rebajaba las penas manteniendo todos los tipos de aborto preexistentes, los socialistas propusieron la siguiente enmienda: "Estarán exentos de pena el médico que provocare un aborto durante las doce primeras semanas del embarazo y la mujer que consistiere en la intervención". En la motivación de la enmienda se invocaba la congruencia con el derecho penal propio de los países democráticos de la Europa occidental y el derecho a la libre disposición del propio cuerpo, "inalienable de todo hombre y mujer". Los socialistas añadían que, dentro de los tres primeros meses de embarazo, "no se puede hablar en sentido propio de vida humana del feto".

Otros grupos de oposición mantuvieron en la anterior legislatura posiciones más exigentes, que naturalmente no han sido recogidas por el proyecto gubernamental. Los andalucistas pidieron la despenalización total del aborto voluntario, hasta tanto se alcanzaran soluciones más razonables que las meramente represivas. Los comunistas aceptaron la tipificación de este delito, pero sólo para quienes practicaran el aborto fuera del plazo y de las condiciones establecidas en una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Más tarde, ante la falta de iniciativa gubernamental, los comunistas presentaron una proposición de ley reguladora de este supuesto. La disolución de las Cámaras impidió su tramitación.

El grupo de Fraga propuso elevar las penas

El proyecto centrista rebajaba, en general, las penas correspondientes a los distintos tipos de aborto y, concretamente, sustituía la pena de seis meses y un día a seis años vigente para el aborto voluntario por otra de seis meses a tres años, tanto para quien lo practicara como para la mujer que lo consintiera o se lo produjera a sí mismo. Los grupos de la izquierda plantearon la supresión del delito de aborto cuando se practique en las doce primeras semanas y propusieron reducir el límite máximo de las penas a dos años.

En contraste con esta posición, Coalición Democrática (CD), el grupo de Manuel Fraga -que contaba entonces con nueve diputados- sólo enmendó el propósito centrista de suavizar las penas. CD pidió que se sustituyeran las penas de tres a seis años por las de seis a doce años; las de seis a ocho años por las de diez a doce años, y las de seis meses a tres años -previstas, entre otros autores del delito, para la embarazada que consintiera o se produjera el aborto- por otras de cuatro a diez años de cárcel. Entre otras justificaciones para esta elevación de las penas, CD alegó que "la gravedad de los actos abortivos exige una sanción adecuada que pueda actuar como medio de disuasión y ejemplaridad", y aseguró que "la ilicitud no debe graduarse en función de circunstancias subjetivas". La posición de las minorías nacionalistas vasca y catalana implicaba soluciones análogas a las que proyecta adoptar ahora el Gobierno.