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Cuatro condenados a muerte en Guatemala, puestos en libertad por falta de pruebas

Un brasileño y ocho guatemaltecos, cuatro de ellos condenados a muerte y otros tres consignados a tribunales de fuero especial en Guatemala, fueron liberados ayer, según informaron fuentes oficiales. La joven española María Monteverde Ascanio, detenida desde hace cerca de un mes, sigue a disposición de los tribunales de fuero especial, que, por el momento, no se han pronunciado sobre su inocencia o culpabilidad.

Los cuatro guatemaltecos liberados que fueron condenados a la pena capital en septiembre pasado, acusados de actividades terroristas, son Leobardo Alvarez García, Alfonso, Barillas, Edgar Daniel Aldana y Fernando Contreras.

El ciudadano brasileño Antonio Amaury Moreira de Souza y los guatemaltecos Antonio Guirola, Alfonso Madrid y Domitilo Garica, todos ellos acusados de tenencia de armas, también fueron liberados. De los cuatro condenados a muerte, fue el tribunal de segunda instancia quien decretó su libertad por falta de pruebas.

Mientras, la Corte Suprema de Justicia estudia los recursos extraordinarios, de amparo interpuestos a otros cuatros condenados a muerte, entre ellos el hondureño Marco Antonio González.

Española detenida

Por su parte, Conrado Alonso, abogado defensor de la española María Monteverde Ascanio, señaló hoy que las investigaciones sobre su supuesta participación en actos terroristas continúan en impasse.Esta afirmación fue confirmada por Fernando Linares, defensor del norteamericano Michael Glenn Ernest.

Alonso dijo que, tras dialogar con los cónsules de ambos extranjeros, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo para conseguir la liberación provisional de Monteverde Ascanio, y se encontraban a la espera del resultado de la Corte. Añadió que, de no prosperar este recurso, interpondrán otro de tipo diplomático.

Por otro lado, el canciller guatemalteco, Eduardo Castillo Arciola, envió un telegrama de respuesta al presidente del Senado español, José Federico de Carvajal, donde manifestó su convicción de que el caso de la española tendrá una solución justa y ajustada a la ley.

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