El Gobierno prepara una nueva ley de Defensa del Consumidor que ampliará los derechos de los usuarios

El Ministerio de Sanidad y Consumo está elaborando la ley de Defensa del Consumidor y el Usuario para ser presentada al Parlamento antes del 30 de junio. El proyecto que se está estudiando en la actualidad es parte del que en su día presentó el Gobierno anterior y del texto alternativo presentado entonces por el PSOE, además de otras aportaciones recogidas de las legislaciones existentes en otros países y, concretamente, de la CEE, según informó ayer el subsecretario de Consumo, Miguel Marañón.

Entre las modificaciones recogidas se encuentra la ampliación de los derechos del consumidor que señala el artículo 51 de la Constitución: el derecho a la protección jurídica y administrativa. Este derecho permitirá a los consumidores acogerse al beneficio de pobreza a la hora de iniciar causas judiciales, para lo que tendrá que ser revisada la ley de Enjuiciamiento Civil.Otro artículo que se introduce es la regulación y prohibición, en algunos casos, de las ventas con regalos, vales y otros incentivos, así como su publicidad en los medios de información. También se recoge una reglamentación sobre las ventas especiales, los seguros y los medios de reclamación.

El proyecto, que, según declaraciones del propio ministro de Sanidad y Consumo, se presentará al Parlamento antes del 30 de junio, será sometido a consulta a las asociaciones de consumidores, sectores industriales y comunidades autónomas después de Semana Santa.

Por otro lado, el director general de Inspección, doctor Juan Miguel Ponz, anunció la próxima aparición de un decreto de infracciones y sanciones en materia de consumo, que renovará el actual, que data de 1966.

Mayor dureza en las sanciones

El nuevo decreto prevé una mayor dureza en la cuantía de las sanciones, que puede llegar incluso al cierre de empresas, sin pasar necesariamente por el Consejo de Ministros. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad y Consumo se reservará la publicación de las listas de sanciones, que volverá a hacerse a través del sistema tradicional del Boletín Oficial del Estado.Según las declaraciones del doctor Ponz, esta medida, que parte de un mandato parlamentario, se debe a "que no se conocen las repercusiones que la publicación de las sanciones en la Prensa puedan tener para algunas empresas cuya infracción no ha sido importante y que, sin embargo, la mera publicación del nombre puede afectar a su economía". Ponz añadió que tampoco se controla el momento en que la Prensa hace uso de esta información, y puso como ejemplo la denuncia efectuada por una revista de la sanción impuesta a una marca de champaña, que fue sancionada en el mes de julio y que salió a relucir en el mes de diciembre, en plena campaña de Navidad.

"Somos conscientes", dijo el doctor Ponz, "que esta medida puede ser impopular, pero es preferible evitar daños a empresas que en este momento pueden ser útiles al país".

En cualquier caso se adelantó que se seguirán publicando aquellas empresas que presenten infracciones de carácter sanitario, que reincidan o que tengan una incidencia económica importante. También se refirió el director general de Inspección a la deficiencia con que cuenta su Dirección General en material humano

"En este momento", dijo, "sólo contamos con 150 inspectores para toda España, que provienen de la antigua Dirección General de Disciplina de Mercado, además de los 987 contratados en plena crisis del síndrome tóxico, que por la prisa y las circunstancias en que se contrataron no reúnen información ni preparación suficiente para llevar a cabo esta labor".

La Dirección General de Inspección está trabajando además en el estudio de otros temas fuera del marco de la alimentación, como son la apertura de un expediente a una empresa pública de electricidad por cobro ilegal de contadores; la inspección de unos determinados aislantes térmicos que pueden provocar riesgos para la salud y el seguimiento de los talleres de reparación de automóviles.

Otro de los problemas existentes que se puso de manifiesto fue la falta de tecnificación que sufre el registro sanitario, "que sólo cuenta con fichas hechas a mano y para lo que se pide, en el mejor de los casos, que los funcionarios tengan buena letra".

Este problema se ha incrementado al tener transferidas las autonomías la capacidad de registrar las empresas, lo que ha creado un desequilibrio entre las distintas nacionalidades.