Trabajo niega que los sindicatos hayan de devolver la parte de los 800 millones entregada hasta ahora

Segismundo Crespo, subsecretario de Trabajo, negó ayer que la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada ahora por el Tribunal Supremo, obligue a los sindicatos a devolver las cantidades recibidas hasta ahora del total de los ochocientos millones de pesetas, mientras fuentes de la CNT insistieron ayer en que la citada sentencia obliga al Ministerio de Trabajo a requerir a los sindicatos la devolución de los fondos. La sentencia anulaba las resoluciones del Ministerio de Trabajo sobre el reparto de los ochocientos millones de pesetas entre los sindicatos CC OO, UGT, USO, ELA-STV e INTG. CC OO recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia, y la ejecutiva de UGT estudiará el martes las acciones a tomar.

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) insistió ayer en que la sentencia -que el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a cumplir- exige la devolución de los fondos hasta ahora percibidos por las cinco centrales sindicales que han sido beneficiadas en el reparto. Los argumentos de la CNT descansan en la propia sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 16 de octubre, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo. De acuerdo con la misma, se declaran nulas las instrucciones del subsecretario de Trabajo y los actos que se derivan de las mismas.Ello supone, a juicio de la CNT, que son nulos también los actos administrativos de reparto, que son consecuencia de las citadas resoluciones. En consecuencia, la situación debe volver al momento en que aún no habían sido repartidos los ochocientos millones de pesetas, para proceder al establecimiento de criterios para su nueva distribución.

El subsecretario de Trabajo, Segismundo Crespo, afirmó por el contrario, que las centrales no estarían obligadas a restituir los fondos. De los ochocientos millones de pesetas, restan aún unos 96 millones, correspondientes al tercer trimestre de 1982 y congelados una vez que se hizo pública la sentencia de la Audiencia Nacional. Según Segismundo Crespo, los 96 millones resultan suficientes para repartir a los más de trescientos sindicatos que cuentan con alguna representatividad. Los criterios del subsecretario van en la misma dirección que los esgrimidos por Miguel Cuenca, su predecesor en el cargo: incluir en el reparto a todos aquellos sindicatos que hubieran obtenido algún delegado en las elecciones de 1980.

Sin embargo, frente a estas tesis, la CNT argumenta que ello tampoco respeta lo recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que señala que se repartan entre Ias centrales sindicales en proporción a su representatividad", pero que no especifica cómo ha de medirse la misma. La representatividad que se pueda derivar de las elecciones sindicales, es sólo a efectos de representación ante la empresa, y de seguirse estos criterios, afirma Rafael Burgos, abogado que ha llevado el recurso de la CNT, se dejaría fuera del reparto a aquellas formaciones sindicales que no han participado en el proceso electoral por no responder a su concepción de lo que debe ser la acción sindical.

Establecer nuevos criterios

El cumplimiento exacto de la sentencia, afirma, exige que la Administración elabore una ley que fije los criterios han de tenerse en cuenta para reconocer la representatividad de los sindicatos a todos los efectos. Ley que, hasta el momento, no existe. De no hacerse así, el nuevo reparto propuesto por Segismundo Crespo, vulneraría nuevamente la Constitución, tanto por lo que se refiere al principio de igualdad, como al de seguridad jurídica.Por su parte, CC OO anunció ayer que recurriría en amparo ante el Tribunal Constitucional, por considerar que tanto la sentencia de la Audiencia Nacional como la del Tribunal Supremo vulnera el artículo 24 de la Constitución por el que nadie puede ser juzgado sin ser oído. Antonio Gutiérrez, secretario de información del citado sindicato, añadió que "la sentencia pone nuevamente en evidencia la necesidad de iniciar cuanto antes la negociación de la devolución del patrimonio sindical acumulado".

Aspecto en el que coincide UGT, que el próximo martes estudiará en su ejecutiva las acciones a emprender. Sin embargo, Paulino Barrabés, de la ejecutiva del sindicato socialista,, precisó que la opinión de UGT era que no había que devolver ninguna de las cantidades percibidas, calificando de errónea una interpretación en este sentido de la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo.

UGT, según sus palabras, ha mantenido siempre la misma postura: que el Parlamento, en tanto no se resolviera el contencioso sobre el patrimonio sindical acumulado, debía tratar el establecimiento de un mecanismo compensatorio para los sindicatos. Paulino Barrabés recordó que la Administración había congelado, cuando se conoció la sentencia, la entrega de fondos, añadiendo que a UGT no se le habían entregado alrededor de cuarenta millones de pesetas. Finalmente subrayó que la única representatitividad sindical reconocida es la que se recoge en el Estatuto de los Trabajadores.