La encrucijada vasca

LA APLASTANTE victoria del PSOE en las elecciones legislativas del 28 de octubre, que se manifestó en un incremento notable de sus votos en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, tuvo un significado ambiguo para el País Vasco. Porque la formación de una mayoría parlamentaria socialista y la constitución de un Gobierno presidido por Felipe González, cuya legitimidad democrática y discontinuidad con el anterior régimen se hallan fuera de duda, a la vez abrían caminos para una colaboración fecunda entre el nuevo poder del Estado y la comunidad autónoma y obligaban al PNV a un replanteamiento de sus perspectivas.Los nacionalistas vascos moderados y los socialistas habían luchado durante el anterior régimen en pos del restablecimiento de las instituciones democráticas, las libertades y la autonomía. Hasta el fallecimiento de Ajuriaguerra, el PNV y el PSOE marcharon de acuerdo, e incluso presentaron candidaturas conjuntas al Senado en 1977. Los conflictos posteriores entre socialistas y nacionalistas no pueden borrar ese pasado común de esperanzas. En el panorama político español, deI PNV no puede encontrar un interlocutor mejor para discutir problemas y esbozar soluciones que un Gobierno del PSOE. El nacionalismo vasco moderado coincide con Alianza Popular en la protección de intereses económicos, en la defensa de la educación religiosa y en las concepciones conservadoras sobre la moral. Sin embargo, Fraga no ha renunciado a la reforma del Título VIII de la Constitución, a la emasculación de los estatutos de autonomía vasco y catalán y a la abolición del término nacionalidades del artículo 2 de nuestra norma fundamental. Aunque el PNV pueda encontrar resistencias en la Administración del Estado dirigida por los socialistas, la alternativa previsible, hoy por hoy, a esa situación sería un triunfo de Alianza Popular, que traería consigo males más que mayores para el estatuto de Guernica.

El triunfo electoral de Felipe González ha tenido también una carga negativa para los nacionalistas vascos moderados, cuya crispación tras el 28 de octubre se debe tanto al crecimiento del voto socialista dentro de la comunidad autónoma como a la imposibilidad de seguir utilizando contra Madrid las tácticas tradicionales de las anteriores legislaturas. No se trata de ocultar los errores y las torpezas cometidos por el Gobierno socialista en relación con el País Vasco. La polvorienta retórica del ministro del Interior, que olvida los estragos que pueden producir sus palabras en significativos sectores de la población civil, ha ido acompañada de la publicidad dada al Plan ZEN, absurdo mamotreto que yuxtapone medidas y proyectos de variado signo y carentes de cualquier articulación racional. El recurso de inconstitucionalidad contra la ley del euskera ha herido la sensibilidad del Parlamento de Vitoria, incluidos los diputados del PSCPSOE. El talante estatalista de algunos nuevos responsables de la Administración Pública, que se resisten a aceptar la realidad del Estado de las Autonomías, tanto por prejuicios ideológicos como por temor a una pérdida de su poder personal, ha dificultado la negociación de las trasferencias pendientes. La línea del diputado socialista por Vizcaya García Damborenea, cuya lógica conduce al enfrentamiento pasional, dentro del País Vasco, de las comunidades nacionalista y no nacionalista, también ha contribuido a despertar recelos o a suministrar pretextos en el PNV. Sin embargo, la impaciencia de los nacionalistas vascos moderados y su propensión a planteamientos dramáticos en torno al proceso autonómico tienden a responsabilizar exclusivamente a los actores políticos de un conjunto de problemas cuya complejidad se halla en el curso mismo de la vida social. Un Estado fuertemente centralizado no puede convertirse, de la noche a la mañana, y sin tensiones, en un nuevo diseño de distribución territorial del poder de orientación federalista. El Gobierno vasco tiene sobrada experiencia de esos problemas, ya que ha sido incapaz de conseguir un mínimo consenso, tanto en el Parlamento de Vitoria como dentro del propio PNV, en torno al proyecto de ley de los Territorios Históricos, auténtica constitución interna de la Comunidad Autónoma.

El PNV siempre siente la tentación de disminuir sus contradicciones internas mediante el procedimiento de exportar esas tensiones hacia Madrid y de recurrir al enfrentamiento con el Gobierno. La amenaza, nuevamente lanzada por Arzallus, de exigir la reforma del Estatuto de Guernica, tarea jurídica y políticamente inviable sin un acuerdo previo con el PSOE, significaría la voladura de un edificio de compromisos y negociaciones laboriosamente construido desde 1979. Tras ese amago tal vez se esconda la maniobra electoralista del PNV de conquistar a una parte del electorado de Herri Batasuna o, incluso, de proponer un frente de rechazo con el nacionalismo radical.

Sin embargo, es incierto que el PNV y Herri Batasuna discrepen en los medios -pacíficos en el primer caso, violentos en el segundo-, pero coincidan en los fines. Un País Vasco hegemonizado por el nacionalismo radical, con su reivindicación de un Euskadi sovietizado, monolingüe, reunificado e independiente de Francia y de España, supondría para los dirigentes y electores del PNV la desaparición, la cárcel o el exilio.

En estas circunstancias, parece urgente que tanto los nacionalistas vascos moderados como los socialistas sustituyan la crispación por la sensatez, la reflexión y el buen sentido de las negociaciones. Para no imitar al Suárez de la primera legislatura, Felipe González debería hacer acto de presencia en el País Vasco y dar carácter operativo al esperanzador llamamiento a la concordia que lanzó en Anoeta durante su campaña electoral. Que el presidente del Gobierno se ocupe dé la paz en Centroamérica y dedique parte de su tiempo a cuestiones de alta estrategia internacional no debe impedirle prestar atención a la cuestión vasca. De su encauzamiento depende en buena medida la consolidación de un sistema democrático digno de tal nombre y la posibilidad de resolver muchos otros problemas.