La reprivatizacion de Rumasa, pendiente del Tribunal Constitucional
La reprivatización de las empresas de Rumasa no se iniciará hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad, esperado para este mismo mes, según fuentes de la Administración. Todavía falta por terminar la mayoría de las auditorías que servirán de base para ajustar las condiciones de venta de las empresas. Pero se ha sabido que el agujero o desequilibrio patrimonial existente el pasado 23 de febrero se elevará a unos 300.000 millones de pesetas, valorando los activos o inversiones (inmuebles, máquinas, muebles, etcétera) a precios de adquisición, no de mercado.Frente a la valoración positiva de 500.000 millones mantenida en sus declaraciones por José María Ruiz-Mateos, la primera estimación oficial fue de un déficit de 200.396 millones. Meses después se dijo que como máximo llegaría a 240.000 millones, pese a que desde medios informados se había cifrado poco antes en más de 400.000 millones.
Según fuentes de la Administración, todavía no ha habido negociaciones formales con los interesados en las compras, y en ningún caso se concretarán condiciones hasta que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional. Los mismos medios han apuntado que en esferas gubernamentales han observado relativa tranquilidad sobre esta sentencia.
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