La Administración estafa a la Administración

Invención de tasas, disposiciones de dudosa legalidad que han permitido embolsarse a grandes transportistas cantidades superiores a los 1.500 millones de pesetas, cuentas bancarias extraoficiales de libre disposición a nombre de tres funcionarios y con saldos medios superiores a los 600 millones de pesetas, adjudicación de contratas a empresas irregulares propiedad de familiares de los responsables de la Administración y ausencia de los más elementales criterios de contabilidad pública en buen número de partidas son algunas de las irregularidades observadas por la Inspección General de Servicios del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones en la Dirección General de Transportes Terrestres y en las jefaturas provinciales de dicha dirección.La inspección, ordenada a los pocos días de tener acceso al cargo de ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones Enrique Barón, todavía no ha concluido; pero, dada la gravedad de las irregularidades y anomalías ya observadas, el asunto ha sido elevado a Consejo de Ministros y remitido al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General del Estado, Fiscalía del Estado y tribunales ordinarios. Fuentes del citado Ministerio de Transportes, alegando que el asunto se encuentra pendiente de resolución, han declinado hacer cualquier nuevo comentario sobre este escándalo, y únicamente han insistido en circunscribir el mismo a unas decenas de funcionarios "que no pueden poner en entredicho la honestidad de los cerca de 1.000 funcionarios con que contaba el ministerio cuando sucedieron los, hechos".

Orígenes del escándalo

El sector del transporte, implicado en uno de los hechos más negros de la transición (la matanza de abogados laboralistas de la calle de Atocha) y asilo de fascistas del antiguo sindicato vertical en alguna de las grandes empresas, protagonizó una huelga -que prácticamente paralizó durante varios días el transporte de mercancías por carretera- en las primeras semanas del primer Gobierno democrático español. En aquellas fechas, según se refleja en las informaciones publicadas por este diario en los primeros días de agosto de 1977, uno de los principales dirigentes de la patronal en sus contactos con la Administración fue el propietario de Mateu & Mateu, conocido por "el rey del transporte". Dos años después, la citada firma procedió a una oscura declaración de quiebra que sacó a la luz numerosas irregularidades, provocó dos autos de procesamiento y orden de busca y captura contra Mariano Mateu.

En este clima de huelga, el ministro de Transportes, José Lladó, llega a un acuerdo con los camioneros para poner fin al paro. El acuerdo se plasma en una orden ministerial de 4 de agosto de 1977, por la que se estableció la reducción progresiva de las cuantías del canon de coincidencia (cantidad que se abona al Tesoro y a los ferrocarriles en trayectos competitivos tren-carretera) correspondiente a los transportes públicos discrecionales. Esta orden ministerial, a juicio de los actuales auditores, puede ser nula de pleno derecho, porque por una simple disposición administrativa no se pueden vulnerar preceptos de una ley. La aplicación de la citada orden, siempre según estimaciones de la Administración, ha supuesto una importante minoración de ingresos al Tesoro y unos beneficios adicionales para los transportistas del orden de 1.500 millones de pesetas.

Una situación similar se produjo dos años más tarde, cuando era titular del ministerio Salvador Sánchez Terán, y subsecretario, su hombre de confianza, Alejandro Rebollo. En esta ocasión, la orden ministerial de 28 de noviembre de 1979 reduce drásticamente el canon para los servicios regulares de transportes, con la particularidad de regalar la mayor parte del citado canon, que legalmente se sigue cobrando a los viajeros sin disminución alguna, a las empresas transportistas. De la cantidad percibida por éstos, sólo una 76ª parte se entrega al Tesoro y a los ferrocarriles (un 4% de la cantidad va al Tesoro, y el resto, a los ferrocarriles).

Esta disposición de Sánchez Terán, que incurre también en nulidad de pleno derecho, ha beneficiado a las empresas de forma "solapada" e "injustificada" (ambos calificativos, según ha sabido este diario, aparecen en el informe de la inspección). Las empresas se han venido apropiando del 98,68% del canon de coincidencia cobrado a los usuarios, lo que, según estimaciones, les ha podido suponer ingresos extras de unos 1.900 millones de pesetas a partir de la citada orden.

Cuentas corrientes incontroladas

El escándalo no acaba ahí. Los fondos procedentes de la recaudación del canon de coincidencia se ingresan en cuentas corrientes privadas, abiertas en toda España, en los bancos Hispano Americano, Banesto y Central. Estas cuentas no han sido autorizadas por Hacienda ni tienen el carácter de restringidas, por lo que sus fondos son de libre disposición. Las cuentas centrales, que reciben las transferencias de las agencias bancarias en provincias, están a nombre de tres funcionarios: Diego Calleja González, Ricardo Allué Chico y Juan Chamón López.

Desde estas cuentas se remite al Tesoro, con retraso de hasta 18 meses, la parte que le corresponde el canon de coincidencia, y con morosidad parecida se remiten los fondos correspondientes a Renfe. Los movimientos de estas irregulares cuentas bancarias no se circunscriben sólo a estas operaciones. Con estos fondos (recaudaciones, recargos e intereses) se han pagado nóminas del personal al servicio de la Oficina del Canon, se han otorgado gratificaciones a funcionarios, se han abonado gastos ordinarios de funcionamiento (recibos de luz, teléfono, etcétera), se han dado dietas, adelantos a cuenta e incluso atenciones sociales. Gastos que deberían haberse afrontado en muchos casos con cargo a los correspondientes créditos presupuestarios y que en otros casos no deberían haberse realizado.

De todos modos, y aparte de las discutibles facturas y justificantes presentados a movimientos de las citadas cuentas, la inspección ha encontrado salidas de fondos sin justificación alguna, por un importe superior a los 100 millones de pesetas. Entre las variopintas operaciones efectuadas con esta cuenta hay que citar un adelanto de más de 48 millones de pesetas a la empresa Maribel Artes Gráficas (firma que tiene un papel destacado en todo este escándalo), una subvención de medio millón de pesetas a una patronal del sector (Federación Nacional Empresarial de Transporte Interurbano de Viajeros de Madrid) y adelantos de dinero a varios funcionarios.

Estas cuentas han llegado a tener saldos medios entre 600 y 700 millones de pesetas, entre 1978 y 1980, y en unos 80 millones, en 1981 y 1982. Su retribución ha oscilado entre el 2,75% y el 3,75%, en una época en que han sido frecuentes los pagos de extratipos. Sobre este último extremo, nada ha sido observado por la inspección hasta el momento.

Maribel y la extraña familia

El embrollo tiene otros hilos conductores. Hay que volver a 1978, fecha en la que un hombre muy vinculado a Mateu & Mateu, José Luis García López, a la sazón director general de Transportes, envía una circular a las jefaturas regionales -que hoy la inspección ha comprobado que no iba firmada, pero que fue cumplida- que da origen al trabucazo. El trabucazo, en la jerga del sector, sirve para calificar tasas pintorescas sin amparo legal alguno y recargos arbitrarios que se han venido cobrando a los transportistas.

Estas irregularidades, que han afectado a la práctica totalidad de las jefaturas regionales, primero, y provinciales, después, de Transportes, han consistido en lo siguiente: aplicación simultánea a un mismo hecho imponible de diversas tasas o exacciones, percepción de cantidades adicionales a las tasas legalmente establecidas, exigencia de cantidades no previstas legalmente (se ha llegado a cobrar la compulsa de documentos innecesarios y el plastificado de tarjetas) y extensión de autorizaciones de transporte a supuestos no contemplados por la tasa correspondiente.

Todas estas cantidades, al igual que en el caso relatado del canon de coincidencia, son ingresadas en oficinas de 11 entidades bancarias en toda España. Los fondos, también en este caso, sirven para abonar gastos de funcionamiento, otorgarse gratificaciones y contratar personal atípico.

Dentro de estas curiosas operaciones hay que destacar la correspondiente a los libros de declaración administrativa de porte: el precio de los mismos se fijaba arbitrariamente; la edición se adjudicaba discrecional e ilegalmente, a precios abusivos, a una empresa denominada Maribel Artes Gráficas. Esta firma, de legalidad precaria según la inspección (careció de licencia fiscal y no estaba inscrita en el Registro Mercantil), es propiedad de familiares directos de un hombre de Alejandro Rebollo, que fue alto cargo del ministerio y que pasó a Renfe al ser nombrado presidente de dicha empresa este último. Fuentes de la Administración señalan que el funcionario presuntamente vinculado a la citada empresa es Aquilino Peña (este diario intentó infructuosamente conectar con él para que aclarara sus relaciones con la firma de artes gráficas). Sin concurso alguno, incumpliendo todas las normas exigibles para una adjudicación, Maribel Artes Gráficas logró que se le encomendara la confección del citado libro de declaración de porte. Con ello obtuvo una facturación media de unos 55 millones anuales y disfrutó de un generoso adelanto de 48 millones, procedente de las irregulares cuentas público-privadas de las que disponían los mencionados Calleja, Allué y Chamón. Con todo ello, el libro se vendía a los transportistas a 400 pesetas ejemplar, cuando la inspección, tras pedir presupuesto a distintas empresas de artes gráficas, estima que hoy valdría cada ejemplar unas 160 ó 170 pesetas, como mucho.

La investigación ordenada por Enrique Barón es la primera que se realiza sobre estos hechos a nivel de toda España, aunque su predecesor, Luis Gámir, había ordenado, meses antes de cesar, una auditoría en la Jefatura de Transportes de Sevilla tras una denuncia de la Junta de Andalucía. Las infracciones observadas suponen el quebrantamiento de múltiples leyes e indicios suficientes para la posible exigencia de responsabilidades penales. La investigación no ha acabado, y muchos piensan que si hay voluntad política y se sigue tirando del hilo podría llegarse a desvelar oscuros acontecimientos de la historia política reciente.