El sector público será auditado por firmas privadas

"Crear un sistema que haga imposible cualquier fraude" figura entre los objetivos más importantes de las nuevas normas sobre auditorías del sector público y de los planes para extender la contabilidad por doble partida. Ambos textos fueron presentados ayer en por el Interventor General del Estado, Juan Francisco Martín Seco, quien facilitó los nombres de la treintena de empresas y organismos auditados en la actualidad. Para poder afrontar en los próximos meses estas revisiones de cuentas con una plantilla de tres centenares de personas, se pedirá ayuda a firmas auditoras privadas.

Martín Seco, acompañado en el acto por los secretarios generales de Planificación y de Presupuesto y Gasto Público, Miguel Muñiz y José Borrell, respectivamente, reiteró que es un error considerar las auditorías como solución a todos los problemas o como "caza de brujas". Añadió que lo principal es ver si el sistema es eficaz y proponer las correcciones necesarias. "Si hay delito o no lo tiene que decir el juez", dijo el interventor general del Estado.Según Miguel Muñiz, la transparencia, mayor rigor, publicidad e independencia que aportarán los planes de auditorías y contabilidad dan mayor coherencia a la política económica seguida, que encontrará en las revisiones de cuentas un soporte para atajar también aspectos de economía concreta o micoeconómicos.

Por su parte, el secretario general de Presupuesto Gasto Público dijo que estamos ante el principio del abandono de actitudes míticas para empezar a trabajar pragmáticamente, pues cada vez que se anunciaba en el pasado la contabilidad por partida doble se enumeraban a continuación los problemas y dificultades de su implantación. "La contabilidad del Estado", anunció, "será publicada cada mes, y los analistas de la empresa privada podrán valorarla como la de su propia compañía".

Auditorías

Hasta ahora, la contabilidad presupuestaria se limitaba a informar sobre el nivel de gasto de los créditos asignados a cada Ministerio u organismo, para tratar de impedir que se sobrepasaran. Desde ahora, habrá un seguimiento del origen de los recursos (pasivo) y de su destino (activo). Partiendo del plan contable proyectado a finales de 1981, se acaban de obtener las dos partidas de 1982 en el Estado. Y en 1984 se intentará extender este trabajo a los organismos autónomos y a todo el sector público.Según Martín Seco, "en lo que se pueda, también se hará una contabilidad por costes, para lo cual las normas necesarias van a aparecer en el Boletín Oficial del Estado".

Tras la terminación de las auditorías a la agencia Efe y al Instituto de Promoción Pública de la Vivienda, que han estado a punto de ser estudiadas en los dos últimos Consejos de Ministros, también están prácticamente finalizadas las correspondientes a TVE, Viviendas Sociales de Madrid (VISOMSA), Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CEDETTI), la agencia de viajes ITA-TIVE y los gastos ocasionados por el síndrome tóxico.

Ya se han iniciado también las de la Seguridad Social, Renfe, Administración Institucional de la Sanidad Nacional, Aeropuertos Nacionales, la agencia Aucona y su matriz Trasmediterránea, Metro de Madrid, Comisaría de Abastecimientos y Transportes, Colegio de Huérfanos del Ministerio de Hacienda, Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, Dirección General de la Marina Mercante, Empresa Nacional Mercorsa, Instituto de Crédito Oficial, Medios de Comunicación Social del Estado, Organización de Trabajos Portuarios, Federación de Fútbol, Trabajos Penitenciarios, juntas de obras de tres puertos (Sevilla, Barcelona y Vigo), Filmoteca Nacional, la mutualidad de Trabajo PROMI, y Dirección General de Transportes Terrestres, en este caso en relación con el fraude descubierto por más de 10.000 millones de pesetas.