Las refinerías consideran muy elevada la valoración hecha por Hacienda de los activos del monopolio de petróleos

Las refinerías españolas consideran que la valoración hecha por una comisión del Ministerio de Economía y Hacienda de los activos del monopolio de petróleos -es decir, la red primaria de distribución y transporte- es muy elevada y debe ser revisada a la baja según otros métodos contables más realistas. Por otro lado, la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (Campsa) ha encargado a la sociedad auditora Arthur Andersen una valoración sobre los activos propios de la compañía -aquéllos no englobados dentro del monopolio-, con el fin de proceder a la denominada segunda fase en la reordenación del sector de hidrocarburos, que consistirá en la venta de una parte del inmovilizado de la sociedad a las seis refinerías españolas.

La valoración de los activos fijos del monopolio, propiedad del Patrimonio del Estado, quedó configurada hace unas dos semanas, prácticamente coincidiendo con la terminación de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que realizó el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) sobre las acciones de Campsa en manos privadas. La valoración fue de 124.000 millones de pesetas, cifra mucho más elevada que la que habían estimado, grosso modo, la propia Campsa y los técnicos de algunas de las refinerías españolas que firmaron, el pasado verano, un protocolo con el Ministerio de Industria y Energía para proceder a la reordenación del sector.Según fuentes bien informadas, la valoración de la red primaria de distribución y transporte fue realizada por las cinco personas que componían la comisión de acuerdo con criterios contables de libro, sin tener en cuenta el denominado valor de uso de estos activos, es decir, lo que esos activos costarían en el mercado en el caso de que se procediera a la venta pura y simple de los mismos. Como ejemplo se cita el caso de algunos de los buques del monopolio, valorados a precios casi de reposición, cuando en el mercado un barco de transporte de crudos o productos cuesta ahora una cantidad muy inferior como consecuencia del exceso de flota mundial.

La importancia de este punto se desprende del hecho de que las seis refinerías, según el mencionado protocolo, tendrán que abonar al INH un precio por las acciones que va en función del valor establecido para esos activos, tanto los del monopolio como los propios de Campsa. En medios próximos a las refinerías se interpreta que un valor excesivo del patrimonio de Campsa forzaría a las empresas refinadoras a pagar un precio desmesurado por unas acciones que, aparte de ser una carga financiera muy pesada para las sociedades refinadoras, repercutiría negativamente en sus resultados y, como consecuencia, en la propia competitividad del sector.

Como un alto directivo de una empresa ha señalado a este periódico: "Es contradictorio imponernos un valor elevado por las acciones cuando lo que se pretende con el protocolo es recuperar competitividad y eficacia frente a las empresas extranjeras, mucho mejor preparadas que nosotros para jugar en la libre competencia que nos impondrá la adhesión a la Comunidad Europea".

Según algunas fuentes oficiales consultadas, la valoración realizada por la comisión de Hacienda es meramente indicativa y tendrá que pasar, todavía, nuevos filtros que la ajusten a la realidad.

Nueva valoración

Todo esto parece que se realizará dentro del marco de las negociaciones que los refinadores tienen abiertas con el Ministerio de Industria y Energía para determinar la fórmula de pago de las acciones de la nueva Campsa.

Éste parece, en cualquier caso, un proceso que no se cerrará hasta entrado el próximo año y, por supuesto, hasta que Arthur Andersen haya concluido la auditoría que los responsables de la sociedad han encargado sobre los activos propios de Campsa, es decir, de aquellos que no son propiedad del monopolio. Según se indica en fuentes tradicionalmente fiables, estos activos tienen un valor inferior a los del monopolio y están muy por debajo de los 100.000 millones de pesetas.

Por otro lado, el inicio de la segunda fase de la reordenación del sector -es decir, la entrada de las refinerías en el accionario de Campsa- parece estar siendo objeto de una exquisita atención por parte de las multinacionales del refino. Terminada la OPA sin posibilidad material de que alguna de ellas se haya colado dentro del accionariado de Campsa, en algunos medios se ha puesto de manifiesto la posibilidad de que se intente por medio de la entra a en las empresas refinadoras privadas. La ampliación de capital que tiene previsto anunciar Petromed el próximo día 28 se ha citado, en concreto, como una posible vía. Lo mismo se ha señalado con las desinversiones que tendría que realizar Explosivos de Río Tinto para salir a flote. A esta sociedad se le ha reservado una participación en la nueva Campsa del 5,9%.

En medios oficiales se descarta esta eventualidad, precisamente porque el propio protocolo contempla en uno de sus puntos intentos de este tipo. En caso de que alguna refinería vendiese acciones en algún momento, el resto de los socios de Campsa tendrían derecho preferente y legal a su adquisición, lo que impediría, por tanto, tal extremo. La ausencia de multinacionales dentro de la nueva Campsa es fundamental desde el punto de vista jurídico, ya que en caso contrario no tendrían lógica las previsibles negativas a que las multinacionales del petróleo utilizasen, en las mismas condiciones que los refineros españoles, la red de transporte y distribución ya establecida.