El presidente de Telefónica, citado judicialmente por el conflicto de las viviendas de la inmobiliaria Darsa

El presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), Luis Solana, ha sido citado por el Juzgado de Distrito número 20 de Barcelona para que comparezca el próximo 12 de diciembre en un acto de conciliación promovido a instancias de Darsa de Barcelona, SA, Inmobiliaria, empresa que junto con otras del mismo nombre fue promovida por el grupo Agromán que preside el banquero José María Aguirre Gonzalo. Junto al presidente de Telefónica han sido demandados Antonio Masanés, director del Departamento de Asuntos Sociales de la Compañía; Sánchez Contador, delegado de la compañía en Barcelona; Adalberto Sobrino, responsable de asuntos sociales en Barcelona, y los empleados María Carmen del Toro y José Sánchez Montero, este último ocupante de una de las viviendas.El contencioso entre Telefónica y Darsa surgió a raíz de la polémica abierta entre ambas sociedades a consecuencia de la situación precaria en que se encuentran un millar de empleados de la CTNE, ocupantes de otros tantos pisos, construidos por la inmobiliaria y sujetos a unos contratos de arrendamiento que dejan indefensos a sus usuarios. En efecto, los inquilinos carecen del principal privilegio que establece la ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, el de la prórroga forzosa.

Más de 5.000 viviendas

El conflicto tiene mayor amplitud que el que ahora se resuelve en Barcelona, pues son casi una docena las sociedades Darsa esparcidas por toda España que, en total, han construido más de 5.000 viviendas y que han sido ocupadas por empleados de Telefónica, Tabacalera, Siemens, Banco Guipuzcoano y otras entidades. Estas empresas, en cumplimiento de la legislación sobre viviendas de los años sesenta, que obligaba a las grandes empresas a proporcionar casas a un cierto número de sus empleados, encomendaron a Agromán la construcción de las mismas. Agromán prefirió constituir varias sociedades que fueron fundadas por Aguirre Gonzalo y se dedicaron específicamente a estas construcciones. Los inmuebles, se financiaron, por una parte, con créditos y subvenciones oficiales, por tratarse de viviendas protegidas, y por otra, con aportaciones de las empresas que las encargaban.Los usuarios de estas viviendas sufren una discriminación respecto al resto de inquilinos españoles, ya que su derecho se halla condicionado a la vigencia de su relación laboral con las empresas obligadas a ofrecer la vivienda, como es el caso de Telefónica. Con el transcurso de los años esta legislación ha ido situando a centenares de arrendatarios de estas viviendas en una situación de precario, ya sea por la jubilación o la muerte del trabajador. Es decir, jubilados, viudas, y demás familiares de los que en su día fueron arrendatarios se hallan totalmente desamparados y bajo la permanente amenaza de un desahucio.

Con el objeto de encontrar soluciones a estos casos, las Darsa propusieron la venta de los pisos a los ocupantes de los mismos. Esta alternativa chocó con el problema de la fijación del precio, a causa de las distintas resoluciones de las autoridades administrativas sobre la materia. Además, mientras las inmobiliarias se hacían fuertes amparándose en que los inquilinos habían agotado sus derechos de ocupación, éstos exigían precios muy bajos por estimar que se había construido con fondos de las compañías.

Los derechos de los ocupantes de estas viviendas se vieron reforzados con la llegada de los socialistas al Gobierno y a la cúpula de empresas públicas como Telefónica. Entonces, directivos de la compañía intentaron mediar en el conflicto.

La inmobiliaria exige al presidente de Telefónica que reconozca que Darsa es la propietaria de los inmuebles, que los derechos de los arrendatarios dependen de la vigencia de su relación laboral con las empresas y que las ventas de las viviendas se han realizado al precio legal estipulado.