Eliminado el último obstáculo para juzgar a los responsables de la represión en Argentina

La ley de Pacificación Nacional dictada por la última Junta Militar argentina, y que suponía una auténtica ley de autoamnistía para los militares que asesinaron, torturaron y secuestraron durante la dictadura, fue el jueves derogada por el Senado tras haberlo sido previamente por la Cámara de Diputados. A partir de este momento no existe impedimento jurídico alguno para la exigencia de una justicia pormenorizada a los responsables de una represión política que propició la desaparición de miles de ciudadanos.

La Cámara de Diputados, por su parte, debatió la decisión del Gobierno de crear una comisión indagatoria sobre los desaparecidos aportando a la misma seis legisladores. La iniciativa fue respaldada, y será el presidente de la Cámara quien designe los diputados de dicha comisión.

Las madres en el palco

El debate, seguido desde un palco por las Madres de la Plaza de Mayo, con sus pañuelos en la cabeza, fue arduo por cuanto la oposición peronista y diputados independientes plantearon fuertemente la necesidad de que la investigación no se sustrajera a la Cámara. Las bancadas radicales convencieron finalmente al Congreso de que la comisión investigadora sólo era una más de las medidas adoptadas para resolver el drama de los desaparecidos y evitar la intervención militar en la vida política del país La Cámara suspendió sus trabajos hasta el 4 de enero con motivo de las fiestas navideñas.Por otra parte, fuentes oficiales han declarado que de las primeras indagaciones realizadas por el Gobierno democrático se desprende que no existen cárceles clandestinas o campos de concentración en los que pudieran encontrarse alguno de los 30.000 desaparecidos. Es una de las aristas de la realidad a las que deberán acostumbrarse muchas familias: la desesperanza de que los desaparecidos fueron asesinados.

Oficiosamente, el Gobierno, con su declaración, pretende rebajar las vanas expectativas que aún muchos tienen a este respecto. Carece de sentido estimar que la anterior Junta Militar, sabiendo con más de un año de antelación que entregaría el poder a los civiles, hubiera dejado tras de sí cárceles clandestinas con cientos o miles de desaparecidos.

Por supuesto que durante los siete años de atroz represión se produjeron muchos casos de síndrome de Estocolmo, de colaboracionismo entre tortorado y torturador: personas que no han aparecido están vivas con otra identidad facilitada por las fuerzas armadas; otros sencillamente enloquecieron y habrá que buscarlos en los manicomios, pero poco más se va a encontrar.

Orden de detención del general Bignone

Finalmente, el juez de instrucción que ha procesado al ex presidente general Bignone por sus presuntas responsabilidades en la desaparición de dos jóvenes comunistas en 1976 ha solicitado de Raúl Alfonsín, en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, ordenó ayer la detención del reo. Ya el abogado de Bignone, un ex ministro de Justicia de los Gobiernos militares, ha solicitado que se inhiba a su cliente de prisión preventiva, y sobre ello ha de decidir en los próximos días la Cámara del Crimen. Pero gestos de esta índole hay que inscribirlos nada más que en la carrera de muchos jueces argentinos para hacer a toda costa méritos democráticos ante la inminente renovación de la judicatura. El abogado de los dos militantes comunistas ha afirmado que el predecesor de Alfonsín no se presentó a los tribunales para responder, entre otras, de las acusaciones de "esconder pruebas" y "falsos testimonio".