Darsa pedirá judicialmente el desahucio de los inquilinos que rechacen su última oferta

Los directivos de la inmobiliaria Darsa, que tiene en Madrid 1.775 viviendas, de ellas 265 ocupadas por jubilados y viudas, han expuesto su opinión de que no habrá decreto del Gobierno que les obligue a adoptar una solución determinada en el conflicto con los inquilinos estando su negativa a aceptar la mediación ministerial en el problema. Esta, semana, Darsa firmará los contratos con los 10 primeros inquilinos que aceptan el derecho de habitación libre y gratuito.

Estos inquilinos, como el resto de los afectados que tienen pensiones inferiores a las 86.850 pesetas, han recibido en las últimas semanas el ofrecimiento de la inmobiliaria de ese derecho o, en caso contrario, la continuación de las acciones judiciales, que la inmobiliaria, en caso de ganar, no llevaría a sus últimos extremos al dejar pendiente el desahucio 15 años, tiempo máximo permitido por la ley.La actuación de, la empresa Darsa en los últimos- años ha pasado por distintas fases. Primero, la empresa, que había construido 5.000 viviendas en los años cincuenta, actuó como una compañía inmobiliaria más. Desde su creación, en un momento en que la ley obligaba a las grandes compañías a levantar viviendas para sus trabajadores o a suscribir obligaciones de la inmobiliaria que las construyera, la relación entre empresas obligacionistas, inmobiliaria e inquilinos es taba clara.

Sin embargo, Darsa, hacia mediados de los años setenta, ofreció a las empresas obligacionistas que cambiaran sus obligaciones por acciones. No lo consiguió y decidió cambiar de política. Se ofrece así la venta de pisos y se agiliza la devolución de las obligaciones. El objetivo final es ser la única propietaria de unas viviendas que, según el contrato -firmado con el inquilino, tienen fijado como término de la ocupación la jubilación o muerte del titular.

Operación a 20 años

Pero el problema surge cuando Darsa, que ha realizado una operación empresarial a 20 años, no puede desalojar a los jubilados y viudas. Primero intenta potenciar la venta de las viviendas y así consigue desprenderse de unas 2.000 de las 5.000 que tiene en toda España. Luego, ante la falta de autorización ministerial para vender las que aún son de protección oficial, la inmobiliaria decide no pasar al dobro los recibos y acude a los tribunales para lograr el desahucio por extinción del contrato.Es precisamente el inicio de las acciones judiciales contra 18 de los afectados, el pasado mes de enero, lo que saca el tema Darsa a la luz pública.

Mientras se desarrollan los juicios, Darsa decide ofrecer un derecho de habitación gratuito a aquellos que tengan pensiones bajas o vender las viviendas a los mismos precios que había ofrecido en 1983, es decir, 1.400.000 pesetas de media.

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), ante el carácter social del problema, interviene entonces y redacta un decreto, que ofrece la posibilidad del derecho de habitación, el alquiler de las viviendas y la compra de las mismas con unos precios máximos.

Los afectados, encerrados en una iglesia desde el comienzo de los juicios, ofrecen, por su parte, aumentar un 150% sus alquileres actuales y revisar anualmente las rentas como paso previo, a una posible compra de la vivienda, siempre que los precios sean más bajos que los fijados por Darsa y la Administración.

Ahora José María Vinuesa, director general de Darsa afirma que es probable que el MOPU no dé finalmente vía libre a este decreto. Según informó Vinuesa, el mismo Consejo ae Estado, a pesar de emitir un dictamen favorable, opinaba que los precios máximos establecidos para la venta de viviendas son bajos y que las condiciones generales previstas en el proyecto tienen un poder disuasorio sobre las empresas.