¿Nos sigue interesando el ingreso en la CEE? / 1

El ingreso en la CEE es el gran desafío que tiene planteado España, pasados ya los años de euforia en los que pudo pensarse que ello sería la panacea de todos nuestros males, señala el autor de este trabajo. Sin embargo, en estos tiempos de crisis, los peligros de esta adhesión son muy grandes, sobre todo en el terreno de la agricultura, que es el que se analiza en esta primera parte del artículo

En el curso de una negociación, la estrategia de cada una de las partes consiste en descubrir cuáles son las preferencias reales de la otra parte e intentar adaptarlas a las propias. Por eso, el peor servicio que se puede prestar a la vocació europea de España es silenciar las enormes dificultades objetivas con las que se enfrenta una negociación en la que nuestra economía se encuentra en una posición de partida de elevada dependencia respecto de los mercados de la CEE y donde la situación no es simétrica.Lamentablemente, el azar histórico ha determinado que, en un panorama de reajuste de los equilibrios de intereses de la Europa de los años cincuenta a las nuevas existencias de la división internacional del trabajo que está surgiendo de la crisis, se encuadre la negociación de las condiciones de nuestra adhesión a los Tratados de París y de Roma. Sobre todo, la crisis económica es la que está dificultando la ampliación.

De todos modos, la desproporción económica de las partes negociadoras no debería impedir la búsqueda de una zona de contrato o de compromiso razonable, que, arrancando del reconocimiento de las escasas posibilidades que puede ofrecernos una Europa fragmentada y sumida en una profunda crisis industrial, tampoco olvidase que España y la CEE no son espacios económicos en etapas homogéneas de desarrollo y que, en consecuencia, la integración no debería frenar la progresión en el ritmo de crecimiento de nuestra economía ni su mayor armonía sectorial y regional.

Por eso, cuando España se aproxima a la recta final de las negociaciones en las que se van a tomar decisiones trascendentales para nuestro futuro económico, es más necesario que nunca examinar críticamente el trasfondo que subyace en las posiciones oficiales de la comunidad, así como los problemas que se plantearán a nuestra economía con el ingreso en la CEE si no se consigue un acuerdo equilibrado. Sería muy conveniente que la opinión pública española se formase una idea lo más exacta posible de algunos aspectos decisivos de la cuestión, como: qué significará el desarme arancelario y cuál es el lugar que se reserva a la industria española en el conjunto europeo; cuál será el efecto de la integración sobre el empleo; qué puede esperar nuestra agricultura de la aplicación de la política agrícola común (PAC), y en qué medida se facilitará o dificultará el desarrollo de nuestras potencialidades económicas con el ingreso de España en la CEE.

Hasta hace unos años, el ingreso de España en la CEE se justificaba no sólo en términos políticos, sino también en términos económicos, y se argumentaba que las ganancias para la agricultura y la mayor eficiencia de nuestra industria compensarían las pérdidas de los sectores industriales que no pudiesen soportar la competencia de la industria comunitaria, y como resultado neto, España podría conseguir un ritmo de crecimiento económico más rápido.

Hoy, sin embargo, conviene redimensionar estas expectativas a la luz de la experiencia, es decir, viendo el impacto real que han tenido las piezas básicas del edificio comunitario -la PAC y la Unión Aduanera- sobre la estructura productiva de los países miembros; lo que, de paso, nos permitirá comprender tanto las resistencias de algunos países como la necesidad de que, en la fase decisiva de las negociaciones, se afronte con pragmatismo el inventario de nuestras necesidades en esa fuerza -antes, dinámica y plural, y hoy, estancada y frágil- que Ortega y Gasset denominaba "el equilibrio europeo".

Las horas bajas de la Europa verde

La Europa verde es hoy centro de una amplia polémica. De ser considerada como el pilar fundamental de la construcción europea, ha pasado a ser la causa de todos. los males que afligen a la Comunidad. Basta seguir de cerca el curso de las negociaciones de la "maratón agrícola" para la fijación de los precios para que cada año los problemas de la Europa agrícola retornen a las primeras páginas de los periódicos, alimentando la crispación de muchos sectores económicos que consideran a los agricultores como los grandes beneficiarios del Tratado de Roma.

La única verdad incontrovertible es que, desde su nacimiento, la Europa comunitaria ha empleado más de dos tercios de sus recursos propios en financiar las intervenciones de una PAC que no ha dado buenos resultados y que en los años ochenta se ha vuelto tan onerosa como para poner en juego la misma supervivencia de la comunidad. ¿Cuáles son los determinantes del profundo malestar que vive la agricultura comunitaria?

Las contradicciones que han caracterizado su funcionamento pueden reconducirse a tres puntos esenciales: excedentes estructurales, elevado coste de la política agrícola y carácter discriminatorio de la misma.

En primer lugar, quizá la más conocida de las críticas sea su tendencia a favorecer los aumentos injustificados de producción mediante incentivos artificiales, lo que determina una insatisfactoria asignación de los recursos. Los excendentes estructurales de algunos productos y las destrucciones periódicas de alimentos son graves ejemplos de despilfarro, que nutren las críticas de muchos sectores de opinión. En segundo lugar, el hecho incuestionable de que la PAC absorba una cuota demasiado elevada del presupuesto de gastos de la comunidad se presenta como la causa principal del exiguo desarrollo de las demás políticas comunitarias.

Los efectos perversos de la PAC

Pero, sin duda, el aspecto más llamativo, y tal vez el menos conocido, de la experiencia de gestión de la PAC sea su proclividad a los efectos perversos. Desde su origen, la PAC se ha estructurado para proteger sobre todo los intereses de las agriculturas de la Europa central a costa de las áreas periféricas, y especialmente de las regiones mediterráneas. Además, la organización común de los mercados ha sufrido numerosos ataques al permitir ventajas de precios a determinadas agriculturas nacionales para determinados productos.

Quiere decirse que en su actuación, la PAC ha acentuado una serie de mecanismos perversos, tendentes a discriminar entre productores -acentuando las diferencias a favor de los más fuertes- y entre países económica y políticamente más frágiles a costa de los que tienen economías más sólidas.

El ejemplo italiano es significativamente aleccionador para nuestras esperanzas. Con una estructura agrícola muy similar a la española, la aplicación de la PAC ha favorecido el deterioro del déficit de la balanza comercial agrícola y alimentaria italiana, sobre todo porque la protección concedida a los productos continentales ha resultado mucho más eficaz que la otorgada a los productos mediterráneos. Ni siquiera Francia -sin duda, el país más beneficiado por la PAC- ha podido librar a sus agricultores del Norte y del Sur de los agravios comparativos en los que se traducen los efectos perversos de la PAC, tal y como ha subrayado críticamente el Informe Bloch-Lainé ("La France en mai 1981. Forces et faiblesses").

Pero, además de las contradicciones propias de la PAC, algunos agricultores comunitarios tienen otros motivos para lamentarse a causa del impacto negativo de los diferenciales de inflación y, en general, del desorden monetario. Pues no en vano los países que en los últimos años han registrado una inflación superior a la media de la Comunidad Económica Europea han sufrido un descenso considerable en las rentas de sus agricultores. De lo dicho emerge que la contradicción más grave y peligrosa para el sector agrícola es la pérdida de competitividad de los agricultores que operan en las economías más débiles y que, en consecuencia, pagan el precio de la debilidad de sus monedas.

Traducido a la realidad, las consideraciones anteriores sobre los efectos perversos de la PAC significan que, si bien la asunción del acervo agrícola comunitario beneficiará a nuestra agricultura, los resultados no serán ni sectorial ni regionalmente homogéneos, y a medio plazo, un modelo de protección agrícola como el de la comunidad -aunque supondrá aumentos de productividad- seguramente no incentivará en gran medida ni la armonía de la estructura agrícola española ni el desarrollo de todo su potencial productivo.

Francisco J. Góma Martos es economista de la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras.