El 'caso Trebujena' queda visto para sentencia, en un ambiente tenso y politizado

El juicio seguido en la Audiencia Provincial de Cádiz contra el Guardia Civil Juan Macías Marente, acusado de dar muerte a un joven y herir a otro en la localidad de Trebujena, quedó ayer visto para sentencia, tras los informes del fiscal, la acusación particular, la defensa y la abogacía del Estado. La exposición de los informes se caracterizó por la fuerte politización del caso por parte del abogado del Estado, la defensa y el ministerio fiscal, que en algunos momentos fue de acritud hacia las tesis mantenidas por la acusación particular.

El fiscal y el letrado de la defensa destacaron que mientras se celebraba la causa, tres guardias civiles murieron en España a manos de delincuentes o por motivos políticos. El defensor, Miguel Fernández Melero, criticó la actuación de los medios de comunicación.El fiscal, Jaime Ollero, dijo en su informe que éste es un país de "contrastes y extremismos". Defendió su propia versión del asunto y manifestó que la postura de la acusación particular "está en desacuerdo con el derecho moderno y recuerda la hoguera de la Inquisición". Ollero admitió que el guardia civil Macías se excedió en el ejercicio de sus funciones, pero matizó que su responsabilidad criminal está muy disminuida. A su juicio, la responsabilidad moral del suceso es del conductor del ciclomotor, "por no detenerse al escuchar el primer disparo".

Jaime Ollero afirmó que los disparos se realizaron sobre el vehículo y las personas que iban en él, y apreció una intencionalidad indirecta, lo que justifica su calificación de dos delitos de homicidio, uno de ellos frustrado. En contra de lo declarado por los guardias civiles, expresó su creencia de que Juan Macías era diestro en el manejo de las armas y conocía el peligro de muerte que tenía su acción.

Entre sus referencias al letrado de la acusación particular dijo que "la exageración si puede estar reñida con la justicia". Al término de su informe explicó que se enjuiciaba a un hombre y no a la Guardia Civil, a la que calificó de "cuerpo glorioso, objeto del reconocimiento público". El fiscal solicita que se condene al acusado a una pena de tres años y otra de tres meses, así como dos millones de indemnización para los familiares de la víctima.

"Casi unos niños"

El letrado de la acusación particular, Tomás Iglesias, indicó que respetaba el tono y contenido del informe del fiscal, aunque lamentó que en el mismo "se haya tratado de descalificar la legitimidad de la intervención de la acusación". Centró su exposición en que la causa de la denuncia por presunto intento de robo era un hecho no consumado. Respecto a la actuación del procesado, dijo que "había deseo de detener, previendo que podía herir o matar", por lo que solicita para él una pena de 30 años y otra de 20, así como otra más de cinco días de arresto por "desórdenes públicos" y una indemnización de cinco millones a los familiares del muerto y de un millón a los del herido.El acusador cuestionó los informes periciales del doctor Frontela, así como el realizado por este mismo forense a instancia de la defensa, citando dos reglamentos que impiden tal práctica a petición de una de las partes. Para fundamentar la existencia del agravante de alevosía, señaló que la acción del guardia civil era "voluntaria y consciente", que los disparos se efectuaron por la espalda, y que las víctimas eran "casi unos niños" y estaban indefensos.

El defensor particular, Miguel Fernández, que pidió la libre absolución de su patrocinado, se dirigió al tribunal en un tono muy enérgico y criticó la actuación de la Prensa. Habló del actual momento de inseguridad ciudadana, y denunció la existencia de una campaña intoxicadora contra la Guardia Civil. Calificó el hecho como "atípico", negó que en la actitud del procesado hubiese intencionalidad y dijo que su conducta habia sido fortuita.

Miguel Fernández dijo que si los jóvenes no se hubiesen inclinado hacia adelante cuando circulaban en el ciclomotor, el disparo no habría sido mortal de necesidad. "En el peor de los casos, la conducta del procesado puede ser de imprudencia temeraria, pero nunca de homicidio doloso".

El letrado del Estado pidió la libre absolución, negó que hubiera imprudencia temeraria y la mera existencia de delito. La sentencia se hará pública a mediados de la próxima semana.