La auditoría sobre aeropuertos nacionales

Nada. Absolutamente nada. No ha habido ninguna reacción de la Intervención General del Estado. Desde que el pasado día 22 se publicó un extenso artículo en EL PAIS sobre la auditoría en el organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, era esperable alguna voz, avergonzada u ofendida, que explicara o negara lo que se adjudicaba a los auditores de la Intervención General del Estado. Nada.En la ley general Presupuestaria y en el Decreto 1. 124/1978, sobre normas relativas a servicios de intervención, se especifican las funciones de la Intervención General de la Administración del Estado. Queda claro que ejercerá la intervención en actos de contenido económico y el control de carácter financiero en los organismos autónomos, comprobando el funcionamiento en el aspecto económico-financiero. De la misma forma, debe ejercer el control dé eficacia mediante análisis del coste y del rendimiento o utilidad.

Cualquier auditor está, tiene que estar, familiarizado con la misión que debe realizar, y sabe que su objetivo no coincide con el confuso concepto popular de que es un detective-fiscal, levantador de deshonestidades y escándalos.

Del informe confidencial de la auditoría sobre Aeropuertos Nacionales hemos conocido en la Prensa una extensa muestra de datos e informaciones que están dentro de la más rigurosa profesionalidad de un auditor. Es inevitable deducir críticas a la gestión a partir de los hechos o datos constatados asépticamente. Lo es deducir que se ha tirado el dinero de la inversión para construir una pasarela en el terminal nacional de Barajas, porque no se ha llegado a utilizar nunca, o deducir lo mismo respecto a unos circuitos cerrados de televisión.

Llena de alarma comprobar que, según el artículo de EL PAIS, no se ha detenido aquí el espíritu crítico de los auditores, quizá enardecidos por el vértigo investigador, y se han desbordado de sus cauces profesionales.

Son muchos los que celebran y aplauden cualquier aportación o toma de postura que denuncie situaciones que parezcan ir en contra de la seguridad aeronáutica. Ante esto hay pobres de espíritu que, con tal de aparecer citados en una columna de una página de periódico, son capaces de deformar informaciones o inventárselas o, lo que es más frecuente, creerse capacitados para juzgar y opinar sobre lo que tienen una consistente ignorancia.

No es fácil saber cuál ha sido el móvil que ha llevado a que los auditores de la Intervención General del Estado se hayan sumergido en una embriaguez informativa que les ha hecho producir un informe lleno de afirmaciones que están fuera de su competencia.

Falta de rigor

La Intervención General del Estado no es competente para afirmar que las ayudas a la navegación poco tienen que ver con la explotación de los aeropuertos. No es su tema. Aún es más flagrante que en el informe de la auditoría se incluya la afirmación de que los mayores problemas de seguridad en Barajas los presenta la señalización, que es escasa y mala en la plataforma. Si esto ha salido de boca de auditores se han metido de lleno en el intrusismo profesional, y si es transcripción de lo oído en una reunión informal con representantes del comité de operadores de líneas aéreas, supone que han cubierto parte de una auditoria con una charla de café.

La asombrosa falta de rigor de las afirmaciones sobre condiciones operativas de medios e instalaciones es preocupante porque nos induce a sospechar que otras auditorías puedan seguir los mismos senderos.

Debe quedar absolutamente claro que no entro en afirmar o negar la realidad de las aseveraciones que se hacen en este terreno.

No, sin hacer el necesario estudio. Lo que afirmo con toda fuerza es que no se pueden sacar conclusiones en ningún sentido en base a la información manejada en la auditoría.

Hasta ahora nadie ha pedido a ningún ingeniero aeronáutico, o al Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, que tienen las atribuciones para ello, ninguna peritación, certificación o informe sobre seguridad aeronáutica. Desde diciembre de 1983 ha habido un torrente de afirmaciones y conclusiones de tono categórico sobre seguridad aérea, pero ni una sola vez se ha querido oír una voz con atribuciones y competencia y que no fuera parte interesada en el conflicto planteado, salvo en la comisión de investigación de accidentes, que cuenta con un ingeniero aeronáutico designado de oficio por su colegio profesional.

No estoy intentando defender ni atacar posturas o acciones del Ministerio de Transportes. El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos tiene planteada, frente a este ministerio, una reclamación por destecnificación y desprofesionalización en la Dirección General de Aviación Civil, lo cual puede afectar a toda la gestión aeronáutica, pero eso no nos hace querer apoyar nuestras razones con sinrazones aparentemente favorables a nuestros planteamientos.

Lo que aquí queda señalado es que no tienen ningún valor las conclusiones de la auditoría sobre aeropuertos en todos los temas que están fuera de su competencia.

Los auditores pueden y deben informar si se cumplen o no las normas de mantenimiento de equipos de extinción de incendios, pero no pueden hacer el comentario de que hay "gran dejadez en mantenimiento y reparaciones". Pueden y deben decir si los bomberos están dentro de la edad re glamentaria, pero no pueden dictaminar cuál debe ser la edad límite. Pueden y deben decir si la situación de las instalaciones es correcta o no, de acuerdo con las normas establecidas, pero no pue den lanzar su opinión de la "mala ubicación de las instalaciones". Resulta pintoresco leer que un vehículo estaba al 40% de sus posibilidades sin poder saber si se quiere decir que solamente podía cargar el 40% de agente extintor o si solamente podía transportar al 40% de los bomberos que transporta normalmente, o bien si tenía su velocidad máxima limitada al 40% de la que debería alcanzar. De la misma forma, resulta entre paradójico y superrealista lo de que cinco vehículos "se encontraban en estado normal, pero con alguna avería".

No inspira confianza la labor auditora si sus fuentes de información son las encuestas populares, como la que avala el dictamen sobre proliferación de pedigüeños y carteristas. En mucho mayor el rigor que deben tener las actuaciones de la Intervención General del Estado, y mucho mayor el respeto que debe manifestar por las atribuciones y competencias de otros profesionales.

Por todo esto, era de esperar alguna aclaración o rectificación sobre la auditoría en el organismo autónomo Aeropuertos Nacionales. Traduzco el silencio como un humilde mea culpa con afanes de arrepentimiento. Así sea.