300 familias de Alcalá que ocupan sus pisos irregularmente quieren legalizar su situación

Portavoces de unas 300 familias de Alcalá de Henares, que ocupan viviendas públicas conseguidas de forma ilegal, generalmente por el sistema de la patada a la puerta o por adquisición irregular de las mismas, han manifestado su preocupación por la lentitud con que la delegación provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) está tramitando la posible regularización de su situación.El malestar entre estas familias ha motivado ya una manifestación de 100 personas ante la Delegación Provincial del MOPU, el martes pasado. Muchos de los concentrados señalaron que habían denunciado su situación ilegal voluntariamente, para que, la Administración se la regularizara. Pero no han podido hablar con el delegado provincial del MOPU desde enero. "La falta de información concreta sobre los planes del MOPU y la consiguiente precariedad en la que vivimos", explican sus portavoces, "nos resulta insoportable".

"El ministerio debe tener en cuenta", afirmaron, "que la gran mayoría de los ocupantes son gente que realmente necesita la vivienda, y que si accedieron a ella ilegalmente es en gran parte por culpa de la propia Administración, que durante años permitió las corruptelas y llevó al ánimo del ciudadano que la única manera de conseguir un piso de construcción pública era por el método del enchufe o el pago a los intermediarios".