Un futuro para la profesión médica

Nunca como hoy el divorcio entre la comunidad española, que legítimamente reclama la reforma en profundidad de la asistencia sanitaria, y la Organización Médica Colegial (OMC), que ha sido incapaz de satisfacer aquellas demandas, ha sido tan profundo. Sin que los sucesivos Gobiernos de la nación estén libres de responsabilidad, ni mucho menos, es y ha sido a nosotros, los médicos, a quienes el pueblo español ha exigido una mejor calidad en materia de salud.La OMC no ha sabido o no ha querido entender un fenómeno social evidente y de especial relieve: la homogeneidad de los profesionales médicos ha desaparecido, y lo ha hecho por imperativos sociales. Los médicos estamos agrupados realmente en sectores muy determinados y bien diferenciados entre sí: los parados o subempleados, que no encuentran un puesto de trabajo y que ven cerrarse cada vez más sus perspectivas profesionales; los médicos monoempleados o con empleos de subsistencia, interesados en dedicar todo su esfuerzo profesional a un único puesto de trabajo dignamente retribuido, y, finalmente, aquellos otros sectores minoritarios, económicamente beneficiados por la actual situación, que se oponen atoda costa a cualquier tipo de alteración de la situación presente.

Tampoco ha sabido o querido asumir los profundos cambios que la sociedad española ha experimentado. Su actuación se ha limitado a una defensa a ultranza -engañosa, retrógrada y corporativista- de sus colegiados¡ el grupo minoritario, sin preocuparse realmente por la mejora de la asistencia sanitaria de la Población.

Vehículo de presión

Lo que sí ha sabido y ha podido hacer la OMC es actuar como vehículo de presión política, contribuyendo con ello a incrementar una situación de crispación social de los profesionales entre sí y de éstos con la comunidad, llegando a participar en actuaciones escandalosas, como la recientemente denunciada por la Prensa, en la que, en asociación con otros grupos de presión, se planificaba uña campaña de acoso al Gobierno con claros propósitos desestabilizadores.

Por todas estas razones, es necesario un nuevo planteamiento de la OMC que, sobre la base de una democratización real, asegure el ejercicio responsable de la profesión médica en un proceso que_ incluya desde los mecanismos de elección, hoy radicalmente antidemocráticos, hasta la configuraciónfinal del Consejo General d¿ Colegios Médicos (CGCM).

Este nuevo planteamiento debería contemplar aspectos tan evidentes como el de que cada colegiado disponga de un solo voto, acabando con la actual discriminación; propiciar un sistema de listas cerradas, con reparto proporcional de los cargos, de acuerdo con el número de votos obtenidos; arbitrar mecanismos de participación colegial abiertos a todos, con la celebración de asambleas que permitan el control de la actividad -de la junta directiva; acabar con la actual situación de representación desigual en el CGCM, y, por último, es imprescindible que se contemple la libertad de colegiación: si, de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución, se reconoce la existencia de colegios profesionales, éstos, para que sus funciones sean acordes con una sociedad en libertad, deben basarse en la libre adscripción de sus miembros, trabajen o no en el sector público. Y ello fundamentalmente por un principio de igualdad ante el trabajo y porque la capacitación para el ejercicio profesional viene dada por la titulación, ya regulada por los poderes públicos.

Uno de los cometidos fundamentales de la OMC es su participación a la hora de regular el ejercicio médico profesional, pudiendo y debiendo intervenir en todos los proyectos que afecten a dicho ejercicio y recogiendo y haciendo suyas las necesidades que en materia de salud demanda legítimamente la comunidad.

Servicio nacional de saludAquí y ahora, la demanda prioritaria consiste en la implantación de un servicio nacional de salud; en todo Estado moderno, cualquier sistema público encaminado a satisfacer las necesidades sanitarias de la población debe reunir un mínimo de características: dar prioridad a las medidas de promoción de la salud individual y colectiva, propiciar un sistema integral e integrador, repartir solidariamente los costes a través de los presupuestos de las administraciones públicas, garantizar la accesibilidad al sistema en términos de equidad, buscar la eficacia para cumplir los objetivos propuestos y la eficiencia para que se logren con el menor coste posible. Otros requisitos exigibles de este modelo sanitario serían la gratuidad de las prestaciones y la gestión democrática del sistema, con participación paritaria de los tres sectores que básicamente intervienen en el hecho sanitario: los que reciben el servicio (la comunidad),los que lo prestan (los médicos y demás profesionales sanitarios) y los que lo administran o regulan (los poderes públicos).

Finalmente, una propuesta de reforma sanitaria estaría incompleta si no contemplara una de los problemas más perentorios con que se enfrenta el colectivo médico: la creación de empleo. Si de verdad se quiere dar una auténtica igualdad para los colegiados, es necesario poner en práctica, gradual pero urgentemente, una ley de incompatibilidades que permita absorber el paro y acabar con la situación actual, en la que el pluriempleo médico coexiste con un colectivo numeroso de desempleados. Esto conlleva, lógicamente, una actualización de las retribuciones y una definición de los puestos de trabajo necesarios mediante una planificación adecuada que optimice las posibilidades del país en la promoción, prevención y atención sanitarias.

Propuestas todas ellas reiteradamente reclamadas por los sectores médicos más responsables, que exigen para su realización una decidida voluntad política por parte del Gobierno. La demora, timidez y vacilaciones a la hora de implantar no ya una reforma en profundidad, sino tan sólo medidas coyunturales de probada ineficacia, han dado lugar a una doble frustración: la de los médicos que apoyábamos las propuestas de cambio en materia sanitaria y la de los ciudadanos que, una vez más, se han sentido defraudados en sus legítimas aspiraciones.