El Congreso inició el debate sobre las incompatibilidades de los funcionarios

El reciente fallo del Tribunal Constitucional contra el proyecto de ley de incompatibilidades de los parlamentarios pesó ayer como una losa sobre el debate en comisión del Congreso de las incompatibilidades de los funcionarios públicos. Aunque nadie hizo referencia a aquella sentencia, la tramitación del proyecto de ley de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración se prolongó más de lo previsto, de manera un tanto artificial, haciéndose así imposible que el tema pueda entrar en el orden de¡ día del Pleno que se celebrará la semana próxima.La sesión de la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, en la que ayer comenzó a debatirse el proyecto de ley de incompatibilidades de los funcionarios, consistió en una interminable discusión en torno a enmiendas que muchas veces tenían un mero carácter técnico y que fueron sucesivamente derrotadas por la mayoría socialista.

De acuerdo con fuentes de ambos grupos, la discusión del proyecto en sesión plenaria de¡ Congreso no se realizará ya hasta el próximo período de sesiones; para entonces se espera que el Gobierno haya enviado a las Cortes un proyecto de ley electoral donde se regulen, de acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, las incompatibilidades futuras para diputados y senadores. Ello, añadieron estas fuentes, creará el marco adecuado para que puedan debatirse las incompatibilidades de los funcionarios, debate que en la actualidad "ha resultado moralmente tocado" por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre incompatibilidades de parlamentarios. Como decía la semana pasada el presidente de¡ Grupo Socialista, Javier Sáenz de Cosculluela, "mal puede pedirse que los diputados legislen sobre incompatibilidades de los funcionarios cuando ellos mismos (refiriéndose al Grupo Popular) no quieren aplicarse estas incompatibilidades".

El debate de ayer abarcó tan sólo hasta el artículo 10 del proyecto, que regula las incompatibilidades de actividades privadas para los funcionarios públicos cuando estas actividades se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento donde estuviera destinado este funcionario. El Grupo Popular pidió la supresión de este artículo.

El socialista Ciriaco de Vicente se opuso a esta pretensión señalando que la no regulación por vía específica de las actividades privadas de los funcionarios fomentaría trampas varias.

El otro gran foco de discusión se centró en las prestaciones de la Seguridad Social, que según el Grupo Popular deberían continuar pagándose aun cuando una persona desempeñe temporalmente un puesto de trabajo en el sector público. Ello llevó a un debate sobre la naturaleza de la propia Seguridad Social. Aunque los socialistas evítaron en todo momento una confrontación pública de carácterpolítico con los representantes de la oposición conservadora o nacionalista, privadamente acusaron al Grupo Popular de pretender concebir la Seguridad Social "más como un régimen de capitalización que como una prestación del Estado".