Política científica-política de empleo

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) está actualmente inmerso en la programación de su actividad científica para el próximo trienio. Se trata de una compleja tarea que ha pasado y por un período de definición de su marco general y normativa, y está actualmente en la fase de elaboración por los investigadores de la institución, de los diferentes proyectos sobre los que va a reposar la programación. Con el otoño se entrará en un período de evaluación crítica de los planes de trabajo, que culminará con la selección de los mejores y el consiguiente compromiso de, financiación. Finalmente, la programación se desarrollará en su fase ejecutiva a lo largo del trienio 1985-1987, en el que los investigadores del Consejo tendrán que hacer frente a los compromisos contraídos en sus proyectos de investigación.La programación del Consejo es un proceso interactivo encaminado al desarrollo de las diferentes disciplinas científicas que abarca la institución, tratando al mismo tiempo de servir a una doble demanda social, que se expresa en términos de desarrollo genérico, cuantitativo, de la investigación científica, así como en forma de contribuciones a la solución de determinados problemas concretos de carácter prioritario.

Política de personal

Por primera vez en sus 40 años de historia, el CSIC parece estar en condiciones de afrontar coherentemente su posición en el sistema estatal de investigación, asumiendo la financiación -siquiera parcial- de su actividad científica, previamente pactada con sus investigadores, así como con otros sectores de la Administración y sociedad interesados.

Además, por primera vez también en la historia de la institución, la mayoría de sus investigadores disponen de un equipamiento moderno, adecuado y suficiente cuando no holgado para la ejecución de sus planes de trabajo. Sin embargo, todo este panorama tan halagüeño tiene su talón de Aquiles en la inadecuación, por no decir inexistencia, de una política de personal, que permite formar y reclutar personal, formado hacia las áireas de actividad científica más dinámicas o aquellas otras que por su interés y falta de desarrollo se considera necesario activar.

Por una parte, nos encontramos con una plantilla de investigadlores de carrera, cuya práctica congelación desde hace 10 años, ha impedido la recuperación de un gran contingente de ínvestigadores formados en la institución y en su mayor parte con una experiencia posdoctoral en el extranjero. La inagnitud del problema se pone de manifiesto con los 120 aspirantes registrados en el concurso-oposición para cubrir ocho plazas de colaborador científico en el área de Biología y Biomedicina del CSIC. Ciertamente, la universidad ha sido más generosa a la hora de captar recursos humanos, tanto, por la vía corporativa de la idoneidad como mediante la vía contractual.

Por otro lado, la actual política de becas, especialmente en lo referente a los topes de edad y mínimos de puntuación académica, está dificultando enormemente el reclutamiento de personal en formación o formado, en los centros del Consejo (la mayoría) que no están directamente relacionado con la docencia universitaria. Y esto es así, porque los departamentos universitarios, se cuidan mucho de reclutar a los mejores expedientes en los últimos años de carrera, de forma que son muy pocos los candidatos cualificados que llegan al CSIC. Así lo demuestra la barrida de la universidad en la última convocatoria de becas de investigación. La cosa se complica más aún para el Consejo por la supresión de su propia convocatoria de becas. Un loable intento de clarificar el panorama de becas de investigación, que ha reportado un flaco servicio a la institución por las razones apuntadas.

Becas-contrato

Para solucionar esta situación desventajosa y poder disponer del personal en formación necesario para los objetivos de la programación, parece imprescindible el establecimiento de un sistema de contratación con cargo a los propios proyectos de investigación; siempre, claro está, que dispusieran de financiación suficiente. Lo cual remite, en última instancia, a los críterios de la comisión evaluadora, que debe dar vía libre y recursos financieros a aquellos proyectos que satisfagan determinadas cotas de calidad, viabilidad, originalidad y oportunidad. Se trata, en definitiva, del sistema vigente en la mayoría de los países científicamente desarrollados, en los que hace tiempo que se asumió que la financiación de los proyectos no se agota con el equipo o fungible, debiendo incluir necesariamente fondos para remunerar al personal.

Dos parecen ser los obstáculos para la adopción de este sistema por el Consejo. Ante todo, existe una prevención -sustentada por cierta picaresca tradicional en la Administración Pública española- ante una posible invasión de personal contratado sin los debidos requerimientos de calidad y adecuación. Por otra parte, existe una hipersensibilidad manifiesta ante la sola invocación de la palabra contrato por parte de las autoridades del Consejo, que parece reflejar el rechazo de la función pública ante todo lo que suene a compromisos contractuales y cargas de la Seguridad Social. No entro en esta segunda objeción, por caer en parte dentro de la necesaria reforma de la Administración y de Heno en la definición de una política de empleo, actualmente en la mesa de la concertación económico-social.

Por lo que respecta a la primera objeción -aquella que pretende defender a la institución de una invasión incontrolada de mediocridades-, es fácil diseñar unos mecanismos que garanticen la primacía de los criterios de independencia, objetividad y calidad a la hora de la selección de aspirantes. Bastaría con un concurso público descentralizado, como el que se Iba puesto en marcha este año para la contratación de profesores ayudantes y titulares en los departamentos universitarios: publicidad de la convocatoria, con especificación de su destino y requerimientos, y selección de candidatos por una comisión de admisión nombrada por la junta del instituto o centro receptor.

Esta convocatoria podría ser realizada conjuntamente para todas las becas-contrato adjudicadas a los diferentes proyectos de un mismo instituto o centro, o para el conjunto del CSIC. Lo importante es que estas becas, contratos o becas-contrato, están adjudicadas desde un principio a proyectos concretos y que en la selección de aspirantes se tenga en cuenta los criterios del jefe del proyecto. Los criterios más generales del CSIC o la Adminístración podrían ser defendidos por un representante nombrado por la Secretaría General del CSIC.

Este tipo de contratación temporal mediante concurso, con su doble filtro de selección a los proyectos y las personas, es una alternativa mucho más dinámica y eficaz que el actual sisternd de becas, en el que el CSIC está discriminado por las razones apuntadas al comienzo de este escrito.