Felipe González consiguió ayer que CEOE y UGT llegarán a un acuerdo social para el resto de la lestislatura

El punto más conflictivo del acuerdo social quedó ayer desbloqueado, con el principio de acuerdo alcanzado al más alto nivel entre Gobierno, CEOE y UGT. El presidente del Gobierno, Felipe González, acompaña, do del ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, mantuvo ayer por la tarde un encuentro con José María Cuevas, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el secretario general de UGT. En la reunión se elaboró una texto que permite salvar las diferencias sobre él mercado de trabajo, sin que, aparentemente, haya vencedores ni vencidos. Hoy se reunirán las delegaciones de la CEOE y de UGT con el ministro de Trabajo para ultimar la redacción de la totalidad del texto que podrá suscribirse en los próximos días. Y el próximo sábado se reunirá el comité confederal de la UGT, máximo órgano entre congresos para pronunciarse, sobre el acuerdo.

La reunión que en la tarde de ayer mantuvo el presidente del Gobierno con José María Cuevas y Nicolás Redondo, se produjo después de que Felipe González lanzara una advertencia sobre la necesidad de "explicar claramente al país cuáles eran las razones de que no se llegara a un acuerdo". Felipe González reconoció que "él personalmente se hallaba comprometido con la consecución del pacto". Fue el presidente de la CEOE quien solicitó celebrar un nuevo encuentro para desbloquear las negociaciones.El presidente del Gobierno español afirmó que la firma del acuerdo es el empeño de la mayor parte de los españoles y también de la mayoría de las organizaciones sindicales y empresariales. Entre estas organizaciones, citó a Comisiones Obreras, que en su congreso se mostró también partidaria de la política de acuerdos, según recordó. "Pero no todo el mundo", añadió el presidente González, "es igualmente fiel a sus propuestas mayoritarias".

Máxima tensión

En la reunión, que duró unas dos horas, se bosquejó la redacción del punto que mantenía bloquedas las negociaciones. El texto, en el que el Gobierno reconoce la necesidad de adecuar nuestra legislación laboral a la existente en los países de la Comunidad Económica Europea, no recoge, sin embargo, que el Ejecutivo tenga el imperativo de proceder a la elaboración de leyes en este sentido, aunque se incluye la creación de una comisión mixta que elevará en un plazo de seis meses los estudios pertinentes. El Gobierno considerará estas conclusiones y actuará, según su propio criterio.

A grandes rasgos, la nueva redacción, que fue asumida por las partes, trata de salvar las posturas de cada uno de los negociadores, sin que, en expresión de uno de los interlocutores, "haya vencedores ni vencidos". Y así, la UGT puede asegurar que mantiene su negativa a que en el texto se incluya referencia alguna que pueda interpretarse como despido libre, y la CEOE interpretar que existe el reconocimiento del Gobierno de adecuar la legislación laboral española a la de los países comunitarios. Aunque sea, finalmente el Ejecutivo quien habrá de decidir en qué consiste exactamente esta adaptación.

Las negociaciones del acuerdo económico y social llegaron ayer al momento de máxima tensión. Las fórmulas propuestas a lo largo de las conversaciones no habían logrado un consenso de las partes.

A la CEOE las distintas ofertas de Trabajo le parecían insuficientes. Los representantes empresariales querían que el compromiso del Gobierno, en cuanto a adaptar la legislación laboral -Y, concretamente, en lo referente a despido colectivo- a las normas de la CEE, debía quedar claramente explicitado en el acuerdo. Es decir, que el Gobierno asumiera que, en cualquier caso, antes de nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea, se procedería a elaborar una nueva legislación que flexibilizara el mercado de trabajo.

Esfuerzo final

Según señalaron fuentes de los propios negociadores, el acuerdo parecía imposible en estos términos. Los representantes del Gobierno consideraron que una clara toma de postura hacia las tesis de la patronal podían abrir una herida en la familia socialista de consecuencias insospechadas. Y entendían que la UGT -y no sin que crujieran las cuadernas- había llegado al límite de sus posibilidades.

La reunión qué en la mañana de ayer celebraron en el Ministerio de Trabajo los interlocutores sociales sólo sirvió para clarificar aún más las serias dificultades del acuerdo. Sólo las consecuencias de tener que aparecer ante la opinión pública para anunciar el fracaso de unas conversaciones en las que se pusieron excesivas esperanzas, retrasaba el reconocimiento público de la ruptura.

Ayer, sin embargo, el Gobierno comenzó a plantearse salir a aclarar al país las auténticas causas del fracaso. Dándose por inútiles nuevas negociaciones, el presidente de la CEOE, solicitó mantener un encuentro con el presidente del Gobierno para buscar una solución al conflicto. La nueva redacción que se ha dado finalmente al punto más conflictivo de las negociaciones cuenta con el beneplácito de los interlocutores sociales.

La UGT ha convocado para este próximo sábado a su comité confederal, máximo órgano entre congresos, que ha de pronunciarse sobre el contenido del pacto. Aunque parece clara la postura de rechazo de CC OO, hace unos días el ministro de Trabajo anunció que, cumpliendo el compromiso adquirido con esta organización, sería sometido el acuerdo a consulta.