El juez del 'caso Banca Catalana' resuelve a favor de los fiscales el tercer recurso procesal

El juez del caso Banca Catalana ha accedido a que los fiscales puedan hacer fotocopias de la documentación sumarial que habían reclamado. La decisión, que tiene carácter de interinidad, fue firmada ayer poco antes de las dos del mediodía, mediante un auto con el que se resuelve el recurso de reforma y subsidiario de apelación planteado hace una semana por el ministerio público. Este es el tercer recurso fallado en favor de las tesis de los fiscales. La aceptación de la querella por el Pleno de la Audiencia de Barcelona y la declaración oral de Jordi Pujol fueron los dos precedentes.

El incidente procesal surgió hace aproximadamente un mes, cuando los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena reclamaron fotocopias de algunos documentos, entre los que se encontraban los que habían servido de fundamento a los fiscales en el momento de redactar la querella y que habían sido aportados por el propio ministerio público, sin que éste adoptara la precaución de fotocopiarlos por creer que posteriormente no tendría ningún problema en acceder a ellos. La petición de los fiscales fue denegada mediante una providencia en la que se hacía alusión al secreto sumarial que rodeaba a la causa. Se creó de esta manera una compleja situación procesal, con escasos precedentes jurídicos, que impedía a los representantes del ministerio público cumplir con la misión de inspección recogida en el artículo 306 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Como alternativa se barajó la posibilidad de que los fiscales acudieran por la tarde al juzgado para estudiar la documentación reclamada, pero la precariedad de medios y de personal obligó a desechar esa alternativa.

Hace una semana, atendiendo al volumen y la complejidad que empezaba a tener la investigación, los fiscales optaron por plantear el recurso de reforma y subsidiario de apelación reclamando el derecho a fotocopiar la documentación pedida. Pocos días antes de que el juez Ignacio de Lecea resolviera el tema, los fiscales volvieron a dirigirse al instructor insistiendo en su reclamación, pero ofreciendo la posibilidad de que las fotocopias se efectuaran en fiscalía, ya que reconocían que existían escasos medios en el juzgado especial.

En la resolución, que fue notificada ayer al mediodía, se da la razón a los fiscales y se recoge su ofrecimiento de efectuar las fotocopias en fiscalía mientras dure la precaria situación. El auto finaliza con un párrafo en el que se acuerda notificar la falta de medios al presidente de la Audiencia Territorial, en un intento de que queden resueltos los problemas burocráticos y se solventen este tipo de incidentes.

Esta es la segunda ocasión, desde que se presentó la querella de Banca Catalana, que se insiste documentalmente sobre el tema de la precariedad de medios judiciales. La primera referencia está recogida en el auto del Pleno de la Audiencia Territorial en el que se decidió no aceptar la querella por razones de competencia y en el que se aludió además a este tipo de dificultades técnicas.

La resolución de ayer fue favorablemente acogida en medios jurídicos por entender que creaba una nueva situación de distensión entre la fiscalía y los responsables del juzgado instructor, ya que la polémica había sido resuelta sin necesidad de que tuviera que plantearse en un nuevo Pleno de la Audiencia. Los fiscales encargados del caso aludieron a esta distensión y minimizaron los "enfrentamientos" al asegurar que estaban provocados por el apasionamiento profesional con que ambas partes se habían entregado al caso, pero que en ningún momento ello significaba que hubieran "dejado de respetar el principio de inocencia de cada uno de los inculpados".

El juez delegado firmó también ayer las cuatro primeras citaciones de los testigos para que acudan a declarar. Las dos primeras declaraciones se llevarán a cabo el miércoles y las otras dos el próximo jueves. El senador socialista Josep Andreu i Abelló, testigo, en el procedimiento, ha rechazado la propuesta, realizada por el Presidente de la Audiencia Territorial, de prestar testimonio en su domicilio. Andreu i Abelló, que figuró en el Consejo de Administración de Banca Catalana, se negó a aceptar la oferta asegurando que "no quiero gozar de previlegios".

En la primera lista de testigos, que fue sugerida por el ministerio público en la querella hay 41 nombres, entre los que se encuentran los ex consejeros de Banca Catalana Josep Andreu i Abelló y Rosell Ballester y el ex consejero del Banco Industrial de Cataluña Joan Huguet.