El Tribunal Central de Trabajo declara ilegales los cierres patronales del mes de marzo

El Tribunal Central de Trabajo ha fallado en contra de la decisión de Magistratura, que declaró lícitos los cierres patronales protagonizados el pasado mes de marzo como respuesta a las huelgas mineras intermitentes que tuvieron lugar durante la negociación del convenio colectivo del sector.La sentencia supone para los empresarios mineros el pago aproximado de 100 millones de pesetas, en concepto de retribuciones a la Seguridad Social y a los trabajadores.

El diputado socialista Conrado Alonso Buitrón defendió el jueves en una conferencia de prensa el estatuto minero, que tras el accidente ocurrido en Fabero había sido calificado por miembros de la Federación estatal minera de CC OO como ambiguo y beneficioso para el empresario, si bien reconoció que "queda corto al contemplar el abanico de las retribuciones y el de la jubilación".

Asimismo, el diputado protegió la figura del actual director general de Minas, Juan Manuel Kindelán, de quien afirmó ser la única persona que ha puesto los puntos sobre las íes, asegurando que se está llevando a cabo en la dirección un estudio detallado de la cuenca minera de Bembibre para la formación de un futuro coto minero "que beneficie a todos los trabajadores de la minería".

La declaración de la zona leonesa de Bembibre como coto minero, decidida por el Ministerio de Industria y Energía, repercutirá favorablemente sobre la cuenca minera, cuyas empresas y trabajadores podrán conseguir mejoras económicas y laborales.

La catalogación significa que las empresas podrán lograr mejores condiciones crediticias y los trabajadores verán mejoradas sus condiciones de trabajo, entre otros aspectos positivos previstos en dicha declaración.

Para Alonso Buitrón, que critica duramente a otras fuerzas sindicales -aunque no las cita en concreto-, el estatuto minero no es el culpable de los accidente laborales (16 muertos en lo que va de año en la comarca de El Bierzo, en un total de 5.200 trabajadores).

Por su parte la UGT ha señalado que, por el momento, tiene intención de guardar silencio sobre el caso ocurrido en Fabero, hasta no saber con certeza la opinión de la jefatura provincial de minas y del comité de empresa", desechando igualmente "bajar a la galería del grupo Ríos con un notario", que certificase el estado de la misma.

Fuentes de la Unión General de Trabajadores hicieron especial hincapié en la situación sanitaria de los mineros, algunos de ellos con más de 15 años de servicio y otros tantos con la calificación médica de primer grado de silicosis, enfermedad por antonomasia del trabajador minero.