El Estado controla o participa en la mayoría de las empresas

La empresa pública italiana, tras haber registrado balances muy negativos en años pasados, empieza ahora a levantar cabeza gracias a una gestión más controlada y más limpia en los grandes entes, lleva da a cabo por personajes nuevos y capaces. Al mismo tiempo la política del Gobierno Craxi, el primero de presidencia socialista, ha introducido drásticos recortes en las generosas aportaciones que cada año venía entregando el Estado a la empresa pública, porque el déficit público italiano ha llegado a límites insostenibles (se estima para 1985 en nueve billones de pesetas).No obstante, la empresa pública italiana es un caso atípico en relación con los otros países de Europa. Prácticamente la mayoría de la gestión empresarial está en manos del Estado o es mixta.

Las empresas completamente estatalizadas son el Ente Nacional de Energía Eléctrica (ENEL), los ferrocarriles, correos, teléfonos y la mayor parte de los bancos.

Las empresas mixtas o con participación del Estado, pero con un porcentaje mínimo de capital privado, son el Ente Nacional de Hidrocarburos (ENI), Instituto de Reconstrucción Industrial (IRI), Ente Financiero Industrial Minero (EFIM) y, en parte, Montedison.

De todas estas empresas, completamente públicas o mixtas, no existe hoy una sola con balance positivo, salvo Montedison.

El problema es tan grave que la tendencia de las fuerzas políticas empezando por los socialistas y en parte, por la oposición comunista y sindical, es la de vigorizar la empresa privada y abrir las puertas en la pública a nuevas aportaciones de capital no estatal.

Se dan cuenta de que, hoy por hoy, las únicas empresas que están en pie y que empujan la economía son, sobre todo, las privadas (desde Fiat y Olivetti hasta Pirelli) y toda la pequeña y mediana industria, que hasta hace poco, en báse a la famosa economía sumergida (evasión de impuestos y ausencia de controles sindicales), han logrado mantener firme la lira.

La presencia tan acentuada del Estado en la empresa pública, que ha acaparado todo el gran sector industrial de base, desde la siderurgia hasta la química, se debe a factores diversos. En primer lugar, está la herencia del fascismo. Tras la crisis de los años treinta, el fascismo quiso resolver con una intervención del Estado la quiebra de las grandes industrias.

Y a esto hay que añadir, como ha indicado Federico Rampini, del semanario Mundo Económico, la fuerte presencia del pensamiento económico-católico, que en este país nunca fue liberal y que dio siempre gran importancia a la gestión pública de la economía. Se refería a la Democracia Cristiana.

Y en este país de las grandes paradojas fueron hombres como Enrico Mattei, con su increíble capacidad para dirigir y su pasión de crear empresas nacionales con gran autonomía, quienes acabaron implantando una relación perversa con el poder político. Curiosamente, con el gran Mattei nace el principio de la corrupción mediante subvenciones a los partidos políticos. Es célebre la frase de Mattei cuando decía que se servía de los políticos como de los taxis: "Los uso, los pago y los dejo".

Y cuando la herencia de la empresa pública cayó en manos de personajes sin la capacidad y la inteligencia de Mattei, ésta acaba siendo secuestrada por los intereses más bajos de la política personal y partidista. Actualmente, el ex presidente del IRI, Petrili, está incriminado por los jueces.

Hoy, los mayores grupos públicos o con participación estatal presentan un balance desolador. El ENI ha perdido, por ejemplo, 150.000 millones de pesetas en 1982 y 140.000 en 1983; el IRI, 320.000 millones en 1982 y 240.000 en 1983; y el EFIM, 78.000 millones en 1982 y 30.000 en 1983. Los fondos pedidos al Estado para 1985 han sido de 500.000 millones de pesetas para el IRI, de 300.000 para el ENI y de 110.000 para el EFIM.

En este dilema empresa pública-empresa privada, es elocuente lo que está pasando en el campo de la información. En este momento, por ejemplo, toda la información radiotelevisiva está en manos del Estado, ya que el mayor accionista de la RAI-TV, que posee hoy el monopolio de la información nacional, es el IRI. Periódicos importantes, como Il Messaggero, de Roma, o Il Giorno, de Milán, son propiedad de empresas públicas. La editorial de la RAI-TV, la ERI, es de capital del Estado, y también lo es la SIPRA, la agencia de publicidad que mantiene a la RAI y a los periódicos de los partidos.

La defensa que la izquierda hace del sector público de la información es que de este modo queda mejor garantizada la pluralidad, ya que la RAI, por ejemplo, está controlada por el Parlamento, mientras que en el sector privado pueden crearse grandes concentraciones, con el riesgo de una información más partidaria. Y ponen como ejemplo la caída del grupo Rizzoli y la del mayor diario del país, Corriere della Sera, de capital privado, que acabó sumergido en el escándalo de la logia secreta Propaganda Dos (P-2).