Colza: la historia interminable

TRES AÑOS y medio después de que el llamado síndrome tóxico produjera sus primeras víctimas, cuyo cómputo oficial asciende ya a la cifra de 352 fallecidos y 20.143 afectados, el sumario prosigue su lento curso sin que pueda adivinarse siquiera la fecha aproximada del juicio. Este proceso ha puesto de manifiesto la incapacidad de nuestra Administración de Justicia para enfrentarse con causas criminales caracterizadas por su alta complejidad, autoría múltiple y estragos masivos.El sumario del síndrome tóxico acumula miles y miles de folios, de manejo enormemente difícil, y ha dado lugar al procesamiento de 42 implicados. La apertura de un segundo sumario, que investiga la responsabilidad de 10 altos cargos de la Administración en ese drama, no ha producido todavía ningún procesamiento. Ese desdoblamiento procesal, decidido para no complicar todavía más el sumario, es una fórmula jurídica discutible. Y la permanencia en prisión preventiva, más allá de los límites previstos por la ley de Enjuiciamiento Criminal, de 9 de los procesados añade todavía mayor confusión.

Mientras la tramitación de ese sumario interminable enfría las pasiones de la sociedad, aunque deje intactos el dolor de los familiares de las víctimas y las reivindicaciones de los afectados supervivientes, y mientras se dibujan en el horizonte las dificultades para que los tribunales -aplastados por miles de páginas sumariales- puedan establecer la culpabilidad de los hechos, la defensa de los procesados fomenta las maniobras de diversión orientadas a sembrar dudas acerca de la causa del envenenamiento. Un semanario del prestigio de Cambio 16 publicaba hace dos semanas la sugestiva tesis de que Un producto Bayer envenenó a España y acusaba a un nematicida de la famosa industria química de ser el posible causante del síndrome. Los defensores de la tesis, que lucharon durante años por publicarla en diarios y revistas con credibilidad (EL PAIS se había hecho eco de sus posiciones, más tarde científicamente rechazadas, en febrero de 1983) se las arreglaron para que una revista dedicada a los contactos sexuales y las fotografías pornográficas (Lib) publicara durante dos números seguidos un reportaje excepcional fruto de la "investigación de sus reporteros", sobre el tema de la colza. Las entrevistas, ahora conocidas, entre el doctor Muro -uno de los defensores de la teoría favorable a los aceiteros acusados- y el encausado Salomó arrojan alguna luz sobre el carácter extracientífico de la operación. En el caso no sólo se está jugando la libertad de los detenidos a prolongados años de cárcel: hay cientos de miles de millones de pesetas en danza si se tienen en cuenta las indemnizaciones a los afectados y el impacto negativo sobre el comercio del aceite de colza no desnaturalizado, que es de ordinario consumo en Europa. Demasiado dinero para pensar que todos los movimientos responden a una inocente pasión científica.

Todo ello no quiere decir que las investigaciones realizadas hasta ahora hayan conseguido descubrir todavía el concreto agente causante de la enfermedad. Pero sí parece probado, con arreglo a dichas investigaciones, que el aceite importado, manipulado y comercializado fraudulentamente fue el vehículo único o principal de la intoxicación. Por eso, sin desdeñar la necesidad de avanzar en la búsqueda científica, que devuelva entre otras cosas la esperanza a los afectados que no murieron, conviene ponerse en guardia contra una intoxicación que puede acabar siendo tan grave como la del propio síndrome: la que tiende a confundir a la opinión pública y a los jueces encargados del caso de manera que algunos lleguen a pensar que en definitiva nunca se sabrá nada cierto en torno a un crimen social que ha costado ya la vida a 352 españoles.

La inoperancia del Gobierno en este tema resulta por lo mismo preocupante. Ernest Lluch ha hecho buena la teoría del bichito de su predecesor Sancho Rof cuando ha afirmado con desparpajo que el plaguicida ahora acusado de ser el causante de la intoxicación estaba prohibido, y no lo estaba. Los ciudadanos tienen derecho a saber que junto a las dudas científicas y las complicaciones jurídicas hay una voluntad de llegar hasta el final. La derrota de la UCD en las elecciones no fue ajena al escándalo de la colza. Sería ingenuo que los socialistas pensasen ahora que este tema tampoco va con ellos.