Joaquín Almunia afirma que no habrá más reformas sobre Seguridad Social en lo que queda de legislatura

Durante la actual legislatura no habrá más reformas de la Seguridad Social, según afirmó ayer el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia. Con la reforma de las pensiones se da por cerrada la primera fase del proceso de racionalización y mejora del sistema. De momento, se mantiene la obligatoriedad de la carencia cualificada -necesidad de cotizar dos años dentro de los 10 últimos de vida lahoral- para tener derecho a pensión, aunque en el plan de reforma global aparecía ya eliminado este requisito. El Gobierno se reunirá la próxima semana con UGT y la CEOE, aunque no se espera que salgan nuevas modificaciones al proyecto del Gobierno, ya remitido a las Cortes.

El Gobierno da por concluida, al menos en lo que queda de legislatura, la reforma de la Seguridad Social, tras la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado día 8 de las medidas urgentes sobre pensiones de jubilación e invalidez. De acuerdo con las opiniones del ministro de Trabajo -vertidas en el acto. de presentación de varias publicaciones de su departamento sobre Seguridad Social-, estas medidas, que vienen a sumarse a otras ya en vigor referidas a un mayor control del fraude y mejora de la gestión, son de momento suficientes para sentar las bases de un futuro sistema de Seguridad Social.En cualquier caso, dejó claro que en lo que queda de legislatura no se "tocarían las pensiones de viudedad y orfandad". Precisamente estas prestaciones eran objeto de fuertes reducciones en las propuestas iniciales del Gobierno., Como ejemplo más destacado, se privaba del derecho a pensión a las viudas o viudos menores de 45 años sin hijos.

Para el ministro de Trabajo son dos los factores que había que abordar con máxima urgencia si se quería realizar un cambio racional en las pensiones: una subida de las bases de cotización aproximándolas al salario real, y un nuevo sistema de cálculo de las pensiones que evitara el efecto de "compra". De acuerdo con su racionamiento, si sólo se subían las bases, se lograba mayor recaudación, pero se provocaba a la vez un alza muy fuerte en la cuantía de las pensiones, al calcularlas únicamente sobre los dos últimos años. Con ello se ponía en peligro el futuro del sistema. Por tanto, había que proceder a un reajuste a la hora de establecer el montante de la prestación. Y la única manera de hacerlo era ampliando el período de cálculo de dos a ocho años.

Algunas diferencias

El modelo de reforma contenido en el denominado Libro Naranja contiene incluso algunas diferencias respecto a lo ya aprobado. En el citado texto -y así se mantiene en las sucesivas ediciones- se recoge como principal diferencia con el sistema vigente la desaparición en el futuro del requisito de la carencia cualificada para tener derecho a pensión de invalidez o jubilación. Sin embargo, en el proyecto de ley viernes al Parlamento se sigue poniendo esta condición.

Almunia reconoció ayer que efectivamente existía la voluntad de eliminar este requisito, pero que ello sólo podría realizarse en el futuro, ya que en estos momentos no están evaluados los efectos que tendría sobre el conjunto del sistema su aplicación.

También el requisito de estar en alta en la Seguridad Social para tener derecho a pensión -que ha quedado eliminado en el proyecto de ley- se mantiene para aquellas que se acojan al período transitorio.

El ministro aceptó que la subida aprobada para las pensiones asistenciales -de 11.000 pesetas han pasado a 12.000- es baja, pero lo justificó en imposiciones presupuestarias. Unas 350.000 personas cobran este tipo de prestación. La subida, pues, supone un aumento del gasto de 350 millones mensuales que por 14 pagas se sitúa en menos de 5.000 millones de pesetas al año.

Para la próxima semana está prevista la reunión de la comisión de la Seguridad Social surgida a raíz del AES, de la que forman parte representantes del Gobierno, de UGT y CEOE. El encuentro adquiere carácter de trámite, una vez que el proyecto está aprobado y que no habrá reformas inmediatas.

Las reacciones contra el proyecto del Gobierno siguieron ayer. El CDS, através de su secretario general, José Ramón Caso, lo calificó de "insolidaria porque afectaba a los sectores más débiles". El PCE decidía "paralizar Madrid" el 12 de junio sumándose a la convocatoria de huelga general de CC OO, y Óscar Alzaga, por el PDP, aseguraba que "la urgencia de la reforma no justificaba una política de parches, carente de visión de conjunto".