Una huelga política

LA HUELGA general convocada para mañana contra el proyecto de ley sobre pensiones puede considerarse un desafío a las Cortes, libremente elegidas en las urnas por sufragio universal, y al Gobierno socialista que sostiene la mayoría parlamentaria. Aunque sean varias las centrales que apoyen ese llamamiento, la mayor implantación territorial y social de Comisiones Obreras concede inevitablemente el protagonismo de la acción a este sindicato, cuyas vinculaciones con los diversos partidos o fracciones comunistas -liderados por Gerardo Iglesias, Santiago Carrillo e Ignacio Gallego- colorean inevitablemente el tono político de dicha convocatoria.Formalmente, la huelga trataría de impedir la promulgación de la ley para la Reforma y Racionalización de las Estructuras de la Seguridad Social, que incluye una rebaja inicial de las pensiones de los futuros pensionistas. Pocas dudas caben acerca de la impopularidad de esa iniciativa legislativa del Gobierno, insuficientemente explicada a la sociedad y desgajada -como pieza separada y adelantada en el calendario- de la anunciada reforma global de la Seguridad Social. La torpeza negociadora del Ejecutivo y de la dirección del PSOE batió sus anteriores marcas al conseguir que el sindicato socialista rechazara el texto del proyecto. Las manifestaciones y movilizaciones populares realizadas el pasado 4 de junio contra la ley de pensiones contaron con el apoyo y la asistencia de la Unión General de Trabajadores, que comparte la hegemonía del movimiento obrero organizado con el sindicato comunista.

Durante varios años, CC OO había luchado en vano para reconstruir la unidad del movimiento sindical y para conseguir acuerdos con UGT. Se pudo creer que la convergencia lograda en torno a la reforma del régimen de pensiones sería aprovechada por el sindicato comunista como una oportunidad que le permitiera afianzar un acuerdo más ambicioso con UGT. Pero Comisiones Obreras ha elegido el doble objetivo de desafiar al Gobierno, acusándolo de traicionar a su electorado, y de desgastar a la central socialista, denunciándola como correa de transmisión de una política de derechas. La convocatoria de la huelga general, a la que UGT no podía sumarse, cumple a la perfección ese propósito.

La modificación del régimen de los futuros beneficiarios de las pensiones endurece las condiciones para obtenerlas, amplía los años para fijar su base y altera la distribución de las percepciones. No es un recorte de los ingresos de los actuales pensionistas, pero es una rebaja considerable de los que lo sean en el futuro. Supone comenzar la reforma de la Seguridad Social cortando por lo más débil, y es un proyecto que no debería ver la luz. Pero nada de eso justifica una huelga general. Si a cada ley mala o torpe que los sucesivos Gobiernos han sacado en la democracia -algunas de ellas con los votos de los comunistas- este país se lanzara a la huelga la situación se haría insoportable.

Este Gobierno ha causado numerosas decepciones respecto al cambio prometido, pero de ninguna manera puede olvidarse que la convocatoria de huelga general para mañana lo es contra la política del primer Gabinete de izquierdas que administra el Estado desde hace décadas. El fraccionamiento patético, las luchas intestinas y las venganzas internas del Partido Comunista de España, que han reducido considerablemente su capacidad de acción, han debido influir sin duda en la decisión de tratar de erosionar al Gabinete de Felipe González. Pero es más que probable que de esta erosión se aproveche con ventaja la oposición conservadora y no la clase trabajadora.

Con la convocatoria de la huelga general se ha lanzado al Gobierno socialista un grave desafío, nunca intentado por las fuerzas sindicales ni por los comunistas mientras los centristas ocupaban el poder. El pulso se produce precisamente cuando el Gabinete se ve obligado a multiplicarse para atender un buen número de frentes abiertos durante las últimas semanas, desde el relanzamiento de la ofensiva terrorista hasta el repunte de la inflación, pasando por la crisis del Ministerio del Interior y los conflictos con el poder judicial.

Una huelga general es el último cartucho que cualquier sindicato posee para obtener sus reivindicaciones. La carga explosiva que conlleva puede destruir involuntariamente objetivos no deseados. No merece este país un reto de este género en este momento, ni creemos que se den eso que se llaman los condicionantes objetivos para justificar política y moralmente la huelga. Y no estamos seguros de que el beneficio político del desafío planteado no caiga en la canasta de la involución.