Las farmacias trabajarán cuatro horas más el día 11 como protesta contra la ley del medicamento
Las farmacias españolas realizarán una huelga a la japonesa, consistente en trabajar durante cuatro horas más, para protestar contra algunos aspectos del borrador del anteproyecto de ley del medicamento, que el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Pedro Gómez Agüero, no ha dudado en calificar de "anticonstitucional en su mayor parte" y de "marxista, leninista y totalizador". Los farmacéuticos temen que en el futuro el Instituto Nacional de la Salud (Insalud) pacte la prescripción de medicamentos únicamente con las farmacias que se hayan integrado en el sistema nacional de salud previsto en la ley general de Sanidad.
En el transcurso de una conferencia de prensa convocada para anunciar la próxima huelga, el presidente de los farmacéuticos madrileños atacó duramente el borrador de la ley del medicamento y la forma en que les fue remitido por el Ministerio de Sanidad y Consumo. En su opinión, "el envío del texto es ambiguo, porque el ministro no lo asume, sino que advierte que sólo es imputable a la comisión de expertos que ha trabajado en su elaboración, pero al mismo tiempo se le da un carácter oficial al darnos la fecha de plazo para contestar".Los farmacéuticos anunciaron su intención de elaborar un texto alternativo a esta ley antes de que sea aprobada, aunque también contestarán el borrador remitido por el Ministerio de Sanidad en el plazo indicado, ya que, según afirmaron, pese a haber solicitado por escrito al ministro de Sanidad una ampliación de la fecha y una reunión entre la comisión que elaboró el anteproyecto y otra integrada por representantes de los farmacéuticos, no han recibido ningún tipo de contestación. El pasado viernes enviaron una carta al presidente del Gobierno para protestar por esta actitud.
El presidente de los farmacéuticos madrileños afirmó que "sería muy poco conveniente aprobar esta ley en estos momentos". En su opinión, "no beneficia a nadie, ni al farmacéutico ni al consumidor, porque deteriora la prestación farmacéutica al introducir un excesivo intervencionismo y, por otra parte, acaba con la libertad de elección de farmacia por parte del enfermo".
Los farmacéuticos consideran que esta ley es "estatalizadora". Según ellos, se pretende socializar las farmacias y convertir a los farmacéuticos en funcionarios, al ofrecer a quienes les interese la integración en el Servicio Nacional de Salud previsto en la ley general de Sanidad.
En España existen actualmente cerca de 17.000 farmacias, y al menos 6.000 de ellas son poco rentables, lo que podría llevarles a aceptar la oferta de la Administración. Los farmacéuticos temen que posteriormente el Insalud realice únicamente con ellos los convenios para dispensar medicamentos recetados en centros de la Seguridad Social, y aseguran que una medida de este tipo obligaría a cerrar a las que no estuvieran integradas.
Patrimonio de los titulares
Otra de las quejas de los farmacéuticos respecto a la ley del medicamento se debe a que, en su opinión, las farmacias son patrimonio de sus titulares, criterio no compartido por quienes elaboraron el anteproyecto. Los representantes del Colegio de Farmacéuticos de Madrid se oponen a que la oferta de la Administración para que se integren en ella las farmacias que lo deseen no incluya la compra de ese patrimonio que consideran suyo, y afirman que existen agravios comparativos en relación a otros bienes expropiados.Esta misma queja se extiende a la transmisión de las oficinas de farmacia que hasta ahora se han ido heredando de generación en generación. Si se aprueba el texto del borrador del anteproyecto de ley del medicamento, las farmacias sólo se podrán heredar durante una generación, y deberán pasar a concurso público posteriormente.
Los farmacéuticos consideran que la Administración pretende, con esta ley, ejercer una inspección excesiva en las farmacias y que asume la misión deontológica que, según Gómez Agüero, "corresponde a las corporaciones colegiales y, cuando no es competencia de ellas, es porque ha pasado a la jurisdicción de los tribunales de justicia".
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