Cine español 'versus' Mercado Común

La incorporación de España en la CEE comportará algunos cambios importantes para el mercado de la cinematografía. La liberalización del sector, sin un período transitorio de adaptación, puede tener efectos negativos, pero el sector cinematográfico, según la autora del artículo, debe aprovechar los aspectos positivos de la incorporación a la Comunidad.

El panorama que se abre a la industria cinematográfica tras la adhesión es sombrío. Sin período transitorio de adaptación, al incardinarse dentro del capítulo de negociación del derecho de establecimiento y libre prestación de servicios, cerrado en marzo de 1982, sin que existiera presión alguna sobre el entonces equipo negociador por parte de los diversos sectores empresariales cinematográficos -caracterizados por el personalismo, la vana disputa, la desunión y el enfrentamiento-, dieron como consecuencia la desínformación, la falta de previsión empresarial y la unidad de acción, que podrían haber canalizado las aspiraciones y exigencias del sector de cara a una adecuación a las normas de la Comunidad.La incorporación a la CEE significa , ante todo, la apertura del mercado europeo para las películas, empresas y profesionales españoles del cine y , al mismo tiempo, la entrada libre en España de películas, empresas y profesionales procedentes de cualquier país miembro de la CEE. Esto supone una ventaja y un inconveniente, según sea la capacidad de los sectores cinematográficos de adaptarse con imaginación a la nueva situación. Para ello se hace indispensable, por un lado, la toma de conciencia por parte de estos sectores a la nueva realidad, basada en la desaparición de las medidas proteccionistas del Estado y la adecuación de sus estructuras empresariales -hoy casi inexistentes y obsoletas-, que la hagan capaz de responder a la nueva demanda y conquistar un espacio propio en competencia directa con las producciones europeas. Por otro, superar las desconfianzas y legítimas discrepancias no sólo entre los distintos profesionales que integran cada uno de los sectores, sino también de éstos entre sí y de todos con la Administración, a fin de lograr puntos de vista en común que hagan posible, a través del diálogo y la colaboración, hacer frente a la nueva situación.

Revisar la protección

Todas las medidas proteccionistas que han caracterizado la acción pública en materia cinematográfica habrán de ser revisadas no sólo por los propios imperativos de la adhesión, sino también como consecuencia de la aplicabilidad y el efecto directo de las normas del tratado y del derecho derivado comunitario, y en su caso, modificadas o suspendidas en relación con los productos procedentes de los países miembros de la Comunidad. Se pueden citar:

a) Desaparición de la exigencia de nacionalidad española de los titulares del capital de las empresas productoras cinematográficas a efectos de nacionalidad de las películas españolas y, subsiguientemente, al sistema de subvenciones estatales.

b) Asimilación de las películas de los países de la CEE con las españolas a efectos de cuota de pantalla, sin perjuicio del mantenimiento de la cuota respecto a terceros países.

c) Equiparación de las películas comunitarias con las españolas en lo referente a no necesidad de licencia de doblaje ni pago de las correspondientes tasas.

d) Adecuación de la cuota de distribución a las exigencias derivadas de las disposiciones comunitarias.

e) Mantenimiento del sistema de subvenciones estatales existente previa modificación de los requisitos de carácter proteccionista que afecten a la nacionalidad de las empresas productoras cinematográficas.

Colaboración de sectores

A primera vista, estas medidas pueden parecer "la muerte" de la cinematografía española, tal y como ha puesto de manifiesto algún sector de la industria. No obstante, me atrevo a asegurar que también puede no ser así. Como dice el dicho popular, "soluciones, haberlas, haylas". Ahora bien, en esa búsqueda la Administración necesita la colaboración de los sectores afectados para hacer posible el objetivo que hemos pretendido desde noviembre de 1982, y que no es otro que el conseguir una industria española fuerte, sólida, transparente y estable, que pueda competir y aprovechar las ventajas que sin duda se derivan de la incorporación a la Comunidad.

Las primeras bases ya se han puesto por parte de la Administración -política de reconversión del sector mediante ayudas y subvenciones, disminución de la presión fiscal a través de la aplicación del tipo reducido del IVA, etcétera-; ahora falta el respaldo, ayuda y colaboración de los que en definitiva se van a beneficiar, en el plano económico-empresarial, de la adhesión. En definitiva, sumemos y no dividamos.