Una norma necesaria

La ley de Incompatibilidades aprobada por el Parlamento es, en mi opinión, una de las mejores leyes elaboradas en esta legislatura. En ella parece recogerse, por fin, ese principio elemental de que un único puesto de trabajo sea desempeñado por cada persona, clarificando el panorama laboral, racionalizándolo y facilitando el acceso al trabajo de un colectivo nuevo de ciudadanos.La ley ha sido contestada desde muchos puntos de vista, y muy especialmente desde la organización médica colegial y los sindicatos médicos. Parece necesario hacer una referencia a la aplicación de la ley en el terreno sanitario, que es muy pormenorizada, ya que gran número de sus artículos se refieren precisamente a los sanitarios, considerándolos, con muy buen criterio, un caso que merece. un tratamiento diferencial.

La realidad entre los médicos, y a ellos voy a referirme esencialmente, es que existe un promedio de 2,4 trabajos por médico, coexistiendo con un paro profesional en aumento (antes de salir la última promoción se cifraba entre unos 15.000 y 20.000 médicos). En honor a la verdad hay que señalar que muchos de los puestos de trabajo existentes eran sólo subempleos, remunerados con subsueldos, pues se sobreentendía que el profesional desempeñaba aquéllos junto con varios otros para conseguir una retribución razonable y que además, en más de una ocasión, no tenían razón de ser desde el punto de vista sanitario.

Por eso la aplicación de las incompatibilidades y la reforma sanitaria parecían dos complementos indisnensablés. Redefinir los puestos de trabajo necesarios en el sector público sanitario, dotarlos de horarios y de funciones normalizadas y de salarios adecuados parecía una tarea que era preciso abordar conjuntamente con la aplicación de las incompatibilidades. No se ha hecho así y ello acarrea inevitablemente que la aplicación de las incompatibilidades genere algunas situaciones injustas, -las menos-, que son inevitables si se adopta una ley aprobada por el Parlamento y que en la mayoría de los casos es de estricta justicia.

La medicina privada

Uno de los obstáculos que se planteaba esta ley es las relaciones entre la medicina privada y la sanidad pública, pues es bien sabido que el parasitismo de la segunda ha sido un floreciente negocio de algunos médicos, que veían a los mismos enfermos en su consulta privada y en el sector público. La delimitación que se ha establecido parece bastante razonable: ningún médico podrá atender en su consulta privada a los pacientes que tiene obligación de ver en el sector público. Evidentemente, el control es dificil en este terreno, pero se ha abierto una posibilidad razonable de delimitar ambos campos, si bien lo deseable en un futuro sería que, como sucede en otros países, ambos sectores fuesen totalmente independientes, con lo que se evitaría de manera definitiva cualquier abuso.

Otra excepción que se establece para los médicos es la relativa a la actividad docente. Conscientes de que la docencia en el terreno de la medicina y de otras actividades sanitarias debe ser teórico-práctica, se posibilita al personal docente para que compatibilice un puesto de trabajo asistencial con otro docente (siempre que sea a tiempo parcial y en este caso incompatibilizándolo con la práctica privada). Resulta así incomprensible que se pueda aducir desde las páginas de EL PAÍS que sean incompatibles la docencia y la asistencia en el caso de los médicos; lo que sucede es que se acabarán, situaciones escandalosas en las que una misma persona y en un mismo horario percibía un sueldo por, su puesto docente y otro de similares características como profesor de universidad. Naturalmente, si se aplica la ley no se podrán seguir dando casos de directores de hospitales que son además catedráticos de la universidad, Autónoma y que tienen una exitosa consulta privada, ya que la ley parte, entre otros principios, del que parece elemental, y es que la omnipresencia es una facultad reservada exclusiva mente a la divinidad.

Médicos rurales

Otras excepciones en el terreno sanitario se señalan en el caso de los médicos rurales que ejercen dos cargos a la vez: médicos de Seguridad Social y el de funcionarios de sanidad local, a los que se deja en la situación actual en tanto en cuanto no se incorporen a los futuros equipos de atención primaria rurales.

Evidentemente, la ley tiene sus defectos, también en el terreno sanitario, pero de su aplicación es de esperar una mejora sustancial del funcionamiento del sector sanitario público, así como un aumento de la oferta de trabajo (aunque no todos los puestos que queden libres supondrán puestos de trabajo, ya que habrá que reconvertirlos: por ejemplo, no parece razonable que sigan saliendo plazas de dos y dos horas y media de trabajo, y sí de 6 o 7 horas, con lo que ello significa de disminución del número global de plazas, etcétera).

Parece necesario que una ley que ha sido aprobada por el Parlamento se aplique rigurosamente. En este sentido resulta intolerable el llamamiento de la organización médica colegial a que no se realice la preceptiva declaración de incompatibilidad, los de algunos profesores de universidad a que otra vez se realicen excepciones en nombre de una pretendida posible disminución de la calidad docente (que por otro lado no es cierta, ya que los hospitales públicos pueden asegurar un número suficiente de profesionales cualificados y no incompatibles para ello), y también la extraña ambigüedad del Ministerio de Sanidad y Consumo, que no deja claro que la ley vaya a aplicarse con todas sus consecuencias y que, por ejemplo, mantiene en cargos relevantes de designación voluntaria a personas notoriamente incompatibles. Sería realmente triste que la Administración. sanitaria no aplicase las, leyes que el propio PSOE presentó en el Parlamento o que quienes apoyamos esta ley tuviésemos que acudir a los tribunales de justicia para asegurarnos de su aplicación, salvo que queramos que, una vez más una ley de incompatibilidades en nuestro país vuelva a quedarse en papel mojado.