Los organismos públicos de investigación podrán crear empresas, según la ley de la ciencia

Las distintos organismos públicos de investigación podrán crear empresas que tengan como finalidad la realización de actividades de investigación científica o de desarrollo tecnológico, según las modificaciones introducidas ayer por el PSOE en el texto de la ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (ley de la ciencia) durante su debate en el Pleno del Senado. Las modificaciones recogen así los deseos expresados por algunos de estos organismos, especialmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También se aprobó la creación de una comisión mixta Congreso-Senado de investigación y tecnología para el seguimiento y aprobación de Plan Nacional de Investigación.

Con la creación de la comisión mixta, se subsana una carencia, tanto del Congreso como del Senado, en un campo de vital importancia como es la investigación y el desarrollo tecnológico, según Miguel Ángel Quintanilla, senador del Grupo Parlamentario Socialista por Salamanca, ya que hasta ahora se remitían indistintamente a las comisiones de educación o de industria los temas relativos a la investigación.Para la creación de empresas por los organismos públicos de investigación será necesaria la autorización previa del Gobierno, según recoge el texto de la enmienda. Con ella se intenta agilizar el desarrollo de la investigación en España, ya que la inexistencia de empresas que se atrevan a potenciar las nuevas tecnologías es, según la mayoría de los especialistas, uno de los frenos principales para el despegue tecnológico.

José Antonio Maravall, ministro de Educación y Ciencia, señaló en su intervención ante el pleno del Senado la actual "desconexión del sistema ciencia-tecnología con el sistema productivo". Para el ministro, es una de las deficiencias fundamentales que hay que subsanar junto a la escasez de re¿ursos y la falta de coordinación entre las distinas instancias,con responsabilidades en el campo de la investigación.

"Una de las principales preocupaciones que laten a lo largo de toda la ley", según el ministro, "es la de conectar las necesidades del sector productivo con investigación que se efectúa en el sector público". Para Maravall "probablemente sean mayores en España las carencias en el terreno del desarrollo que en el plano de la investigación, por escasa que haya sido la actividad en este campo".

Consumo tecnológico

El ministro citó como prueba de que los núcleos de investigación han estado desconectados de las necesidades tecnológicas e industriales, en contraste con los elevados índices de consumo tecnológico alcanzados en España, las cantidades que en 1983 se destinaron a importación de tecnología extranjera, exactamente 80.000 millones de pesetas. Las exportaciones, en cambio, tan sólo llegaron a 18.000 millones.

La ley de la Ciencia ha sido, en opinión del ministro, una de las reformas legislativas que menos polémica ha levantado a su paso por el Congreso de los Diputados, el pasado mes de diceiembre de 1985. Con ella se pretende, afirma Maravall, "conseguir globalmente una programación eficaz de la investigación, mejorar la gestión de los distintos programas, flexibilizar la ejecución práctica de esta investigación y mejorar el funcionamiento de los organismos públicos dedicados a ella".

La escasa expectación que ha despertado la ley a su paso por las dos Cámaras se debe, según distintas fuentes, a que existía un acuerdo previo casi total sobre su texto entre las distintas fuer zas políticas. En el debate de ayer se ausentaron los parlamentarios del Grupo Popular, no por su oposición a la ley, si no por discrepancias en el anterior pun to del orden del dia.

Tras las enmiendas introducidas en el Senado, la ley ha de volver al Congreso, por lo que no se espera que esté definitivamente aprobada hasta mediados del próximo mes de marzo. En su paso anterior por el Congreso, la modificación más importante, a juicio de Juan Rojo, secretario de Estado para Investigación y Un¡versidades, fue una mera correción en lo referente a la coordinación con las comunidades autónomas, sustituyendo un "para" por un "en". También se modificó el trámite de aprobación del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo tecnológico, que originariamente corespondía al Gobierno y ahora pasa a depender de su aprobación por las Cámaras.

La no inclusión en el Plan Nacional de las investigaciones realizadas por organismos dependientes del Ministerio de Defensa ha sido una de las pocas críticas que se han hecho a la ley de la Ciencia. Este ministerio tiene atribuidas las competencias de investigación en materias que afectan a la defensa nacional, lo que supone casi el 50% del presupuesto destinado a investigación. En la ley si se prevé, en cambio, la posibilidad de que el Ministerio de Defensa integre optativamente, total o parcialmente, alguno de sus proyectos en el Plan Nacional.

La pérdida de autonomía del Instituto Astrorisico de Canarias (ICA), que hasta ahora dependía únicamente de un consorcio ligado a Presidencia del Gobierno, ha sido el último punto polémico dé esta ley. A partir de ahora, el Consejo Rector del ICA estará presidido por el ministro de Educación y Ciencia.

La Comisión Interministerial encargada de la elaboración de este plan será presidida por el Ministro de Educación y Ciencia y estará integrada por dos representantes de este ministerio, otros dos del de Industria y un único representante de los de Defensa, Economía y Hacienda, Agricultura, Pesca y Alimentación, Obras Públicas y Urbanismo, Trasportes, Turismo y Comunicaciones, Cultura y Sanidad y Consumo.