Observadas presuntas infracciones en el Ministerio de Industria y Energía

El Tribunal de Cuentas ha encontrado presuntas infracciones de la normativa vigente y prácticas irregulares en las tasas otros ingresos gestionados por el Ministerio de Industria y Energía, según un informe técnico de dicho tribunal remitido al Congreso de los Diputados.El informe, realizado en base a la auditoría llevada a cabo sobre esta cuestión, pone de relieve la existencia de desviaciones en la Dirección Provincial de Madrid respecto a lo establecido en la normativa reguladora de tasas, así como incumplimiento de la ley General Presupuestaria por falta de la preceptiva fiscalización del contrato entre la Escuela de Organización Industrial e Iberia (contrato que supuso incumplimiento de la ley del Patrimonio del Estado y una extralimitación en las facultades asignadas a la dirección de dicha escuela) e incumplimiento de la ley de Contratos en el aprovisionamiento de los instrumentos de cobro de los derechos de registro de la propiedad industrial.

Según el informe técnico del Tribunal de Cuentas, se aplicó un tipo de gravamen distinto al legalmente previsto por parte de las cámaras oficiales mineras y falta de liquidación en la Cámara de Oviedo de los derechos de registro a las empresas que hacen aportaciones voluntarias a dicha cámara.

El Tribunal de Cuentas ha descubierto deficiencias graves en la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT) en lo relativo al control interno de existencias de carnes, aceite de girasol, azúcar y café, además de otras, irregularidades, según un informe de dicho tribunal. Respecto a los vehículos de transportes de la comisaría, el Tribunal de Cuentas descubrió consumos excesivamente altos, "lo que hace presumir desviaciones de carburantes a otros fines" y tarifas obsoletas que no cubren el coste del servicio, en el que se aprecia una incidencia desproporcionada de los costes de personal que llega hasta el 85%.

En materia de tarifas se encontraron dietas mal pagadas a un conductor durante seis meses y cobro de alquiler de un camión por precio inferior al estipulado, de una parte, y utilización de autobuses por el personal de la comisaría a cinco pesetas el kilómetro, cuando la tarifa debería ser de 26 pesetas por kilómetro (con una diferencia de 396.774 pesetas).

No ha sido posible, según el tribunal, conciliar las operaciones de la comisaría con el Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios (FORPPA), "debido a su complejidad y a contabilizar ambos organismos con criterios distintos".

No es posible, según el fiscal, informar sobre posibles; responsabilidades contables mientras no se realice una fiscalización plena del movimiento económico de la CAT por parte del tribunal, con intervención del ministerio fiscal.

El abogado del El stado también indicó que, dado el carácter sucinto del informe, rio puede informarse sobre posibles responsabilidades contables, pero que como afloran evidentes irregularidades en la gestión de dicho organismo autónomo debe incoarse un expediente de fiscalización de la actividad económico-financiera de la CAT.