Arbitrismo para el automóvil

LA HABITUAL suma de muertos y heridos en las carreteras durante la Semana Santa suele encontrar cada año, por parte de las autoridades, un hallazgo de culpabilidad que no involucre, naturalmente, a la dejadez gubernamental a la hora de mejorar nuestra red viaria y nuestra infraestructura de comunicaciones. El de ahora se centra especialmente en el envejecimiento del parque móvil español, cuya edad media está bastante por encima de la de la mayoría de los países europeos a los que nos incorporamos. Unas declaraciones del director general de Tráfico apuntan en ese sentido, y aprovechan la horrible hora de contar los muertos para lanzar una operación que tiene perfiles que preferimos suponer son fruto de la ingenuidad antes que del arbitrismo. Consiste en unas negociaciones -actualmente en curso- de la Administración con la banca y los distribuidores de automóviles nuevos para financiar la adquisición de coches a un interés módico -en torno al 12%- a aquellos usuarios cuyo vehículo fuese retirado obligatoriamente de la circulación, tras una revisión oficial, al cumplir los 12 años.Aparte de la inquietud que pueda despertar la diferencia del precio del dinero entre dos clases de ciudadanos, por la simple decisión del director general de Tráfico, y las reservas que puedan oponer las entidades financiadoras para este doble tipo de interés, la parte sospechosa del caso está en el aspecto de que sea una misma entidad oficial la que congele el uso de un automóvil obligatoriamente y que negocie por otro lado la adquisición de otro. Ya se han levantado bastantes suspicacias con las medidas de adquisición de automóviles de segunda mano en Europa, sobre todo por la extraordinaria decisión de que sólo sea una delegación en toda España, la de Santander, la habilitada para revisar, tasar y aduanar estos coches que ahora se adquieren libremente en el Mercado Común.

Otra insinuación inquietante del director general, Martín Palacín, aun hecha con toda precaución, es la de que la reducción del precio de la gasolina - 11 pesetas menos que el año pasado- ha aumentado el chorro el tráfico en los días festivos y, por consiguiente, el riesgo. Sin dejar de ser una verdad objetiva, parece ser un rasgo más de una política equívoca entre disfrute, riesgo y riqueza que se manifiesta en otras intervenciones estatales de hoy y que consiste en la teoría de restringir el uso de lo peligroso mediante la elevación de los precios. Se aumenta el del tabaco y el del alcohol para disminuir su consumo, o, simplemente, el de las salas X dedicadas al cine llamado pornográfico.

Cualquier reflexión sobre la mortalidad en las carreteras en España, que alcanza una media de 13,3 muertos diarios durante todo el año, nos conducirá siempre a unos puntos claros de cuál debe ser la intervención del Estado: la creación de una red viaria que hoy está obsoleta y cuyas deficiencias no se resuelven con la emisión de anuncios del MOPU en televisión; el aumento de la vigilancia sobre las infracciones móviles; la verdadera educación del futuro conductor para conducir y no sólo para el examen, que no ha de ser una trampa astuta para listillos; en general, una política que haga posible el uso, por el mayor número de personas posible, del beneficio del automóvil, y que no pretenda resolver todos los problemas por la vía maltusiana de la restricción y la prohibición.