La industria española del vídeo se defiende de los 'piratas'

Un total de 13 asociaciones cinematográficas y videográficas de toda España han celebrado esta semana en Sevilla diversas reuniones para analizar conjuntamente los problemas que los sistemas de vídeo comunitario suscitan a la industria cinematográfica, sobre todo en lo que respecta a la protección de los derechos de autor y a la competencia desleal.

Tras estas reuniones las asociaciones participantes han concluido que "técnicamente el vídeo comunitario debe ser considerado como un sistema de televisión por cable tanto según la normativa internacional como la nacional, y que en cualquier caso la obra cinematográfica no puede ser explotada sin la autorización del titular de sus derechos y que éste puede pedir la protección de los mismos tanto a los tribunales como a la Administración".

Juan José Rosón, ex ministro de Interior, aseguró en su calidad de presidente de la Federación Anti Piratería (FAP) que "es preciso una legislación tajantemente diferenciadora de lo que es el fenómeno televisivo". Rosón anunció que ya están trabajando en ello diversos departamentos de la Administración y que se han tomado más interés en el tema desde que se conoció una sentencia de la Audiencia de Sevilla que considera al vídeo comunitario como una modalidad tecnológica de comunicación distinta de la televisión.