La compañía suscribio pólizas millonarias para altos cargos

En septiembre de 1980, cuando ya se empezaban a conocer las dificultades futuras de la Institución Telefónica de Previsión (ITP), la dirección de la Compañía Telefónica sucribió una póliza privada con la aseguradora Metropólis, con un prima global de 1.200 millones de pesetas, en beneficio exclusivo de 151 altos cargos. Con ello se intentaba compensar la limitación de pensíones de la ITP hasta el tope máximo del salario del titulado mayor, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 1981.Este nuevo seguro privado garantiza que en el momento de la jubilación forzosa cada beneficiario recibiría una cantidad que en más de 30 casos supera los 25 millones de pesetas cada uno. De los 1.200 millones de la prima, la empresa ha aportado unos 1.150 millones, y los beneficiarios en su conjunto los 50 millones restantes. La prima se pagó por una sola vez para un plazo de cinco años, intentando cubrir así eventuales y futuros cambios políticos. Con ello los altos cargos quedaban a salvo y al margen de las crisis futuras del sistema de pensiones de la Telefónica.

Entre los beneficiarios de esta póliza figuran Ramón Torres Izquierdo, ex secretario general, con 46 millones de pesetas; Diego Martínez Boudes, consejero delegado, 44 millones; Faustino Rivero Morales, subdirector general, 39; Miguel Carlos Moreno Toledano, subdirector general, 39; Juan Larrea Arechavala, subdirector general, 35; Mariano Aler Carpena, ex inspector general, 35; Luis García Velarde, ex subdirector general, 32; Mariano Ros Giner, subdirector general, 30 millones, y Salvador Sánchez Terán, ex presidente del consejo de administración, 30 millones de pesetas.

En algunos casos los beneficiarios, como Luis Rodríguez Castellá, ex consejero delegado, y Tomás Allende y García Baxter, ex presidente del consejo de administración y ex ministro de Agricultura, han cobrado ya 20 millones y una renta vitalicia de 2,5 millones de pesetas anuales, respectivamente.

En muchos casos estas cantidades deben añadirse al seguro colectivo de la entidad, a la peínsión de la ITP y a otro seguro privado concertado en 1977 por la compañía, por un valor de 160 millones de pesetas, que benefició a unos 50 directivos.

A partir de diciembre de 1982, en que Luis Solana se hizo cargo de la presidencia de la compañía, empezó una extraña prisa por parte de muchos asegurados por solicitar el rescate de la póliza. CC OO y UGT plantearon entonces que la dirección rescatase los 900 millones que quedaban en la compañía y los aportase a la ITP para cubrir parte del agujero de 40.000,millones que tenía entonces.

Cabe destacar que Miguel Muñiz de las Cuevas, que en 1980 era director de Control Presupuestario y Financiero, y que fue miembro del consejo de administración en representación del Ministerio de Hacienda, se negó a firmar dichas pólizas cuando le fue ofrecido que se integrara en el grupo de favorecidos.

Fracasadas todas las gestíones ante la dirección de la compañía para rescatar estos fondos, las diferentes centrales sindicales se dirigieron hace cuatro meses al director general del Patrimonio, Prudencio García, para informarle de esta situación e instarle a una actuación para su recuperación, sin que hasta el momento se haya conseguido.