Condenan a 'Cambio 16' a pagar 20 millones a un juez procesado por supuesto cohecho

El Juzgado número 4 de Primera Instancia de Barcelona ha condenado al semanario Cambio 16 a indemnizar con 20 millones de pesetas a Joaquín García Lavernia, juez de primera instancia de Barcelona. En la sentencia se condena a la revista por unos artículos, publicados en mayo de 1983, que el juzgado ha considerado que constituían una intromisión ilegítima en el honor, la propia imagen y la intimidad personal del juez. La persona cuya imagen se defiende, García Lavernia, está suspendido de sus funciones de juez por hallarse procesado por un presunto cohecho.

Los dos artículos se publicaron a raíz de la querella presentada en mayo de 1983 por el fiscal general del Estado en la que se acusaba a los magistrados García Lavernia y Carlos Lorenzo Penalva, titulares de los juzgados números 2 y 6 de primera instancia de Barcelona, y al abogado Luis Lorenzo Penalva, de un supuesto delito de cohecho. En julio de 1984 el Tribunal Supremo acordó el procesamiento de los tres supuestos implicados en una maniobra que consistía en designar a amigos como interventores, comisarios o depositarios de los procedimientos de suspensión de pagos que se seguían en sus juzgados, a cambio de un porcentaje en las ganancias.En lo publicado por Cambio 16 sobre los procesados por estos hechos se produjo una "intromisión ilegítima en el derecho a la imagen, al honor y a la intimidad". De acuerdo con la sentencia, el texto vulnera lo señalado en el artículo 20 de la Constitución, en el que se establece que el derecho a informar tiene como límite el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El fallo también se refiere a las fotografías que se publicaron, sosteniendo que fueron tomadas en lugares no públicos y de forma ilegal. Los dos reportajes son calificados por el juzgado como "sensacionalistas e insidiosos".

La sentencia afirma que el texto y las fotos desmerecen "ante los justiciables y los demás, la consideración que se debe tener de un magistrado. Lo publicado provoca, en opinión del juzgado, un descredito entre los compañeros de la carrera Judicial y ante el pueblo, "por lo que se pierde la confianza en su actuar profesional y en sus resoluciones". El fallo precisa que el procesamiento del magistrado sólo implica la existencia de indicios de criminalidad, pero que "se debe presumir su inocencia hasta que no haya sentencia firma".

El juzgado impone el pago de 20 millones, señalando que deben ser satisfechos conjuntamente por los autores de los reportajes, Rafael Cid y José Diaz Herrera; el entonces director de Cambio 16, Jose Oneto; el entonces delegado de la revista en Cataluña, Miguel Ramos; la impresora, Printer, y la editora, Información y Revista S.A.

Garcia Lavernia ha manifestado que pedirá la ejecución inmediata de la sentencia, aunque exista recurso, y que en el caso de que no le abonen lo acordado solicitará que se embarguen los bienes particulares de los condenados y de las sociedades implicadas.

Sumario no concluido

El sumario iniciado por el presunto cohecho no ha sido concluído todavía. En diciembre de 1985, a los tres procesados -los dos magistrados y el abogado- se les sumaron otros cinco profesionales del Derecho. Joaquín Vidal, Juan Magrí, Gloria Viñals, Fernando Sánchez y Pedro Norberto Truyás, fueron procesados por su supuesta participación en el cohecho descubierto a raiz de una denuncia presentada en julio de 1982. El supuesto fraude se conoció por una denuncia presentada por un ex empleado de un despacho de abogados. Posteriormente la Guardia Civil y policía iniciaron tina investigación.